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La pérdida de ocho expedientes cuando se iba a dictar sentencia, el atraso en dictar fallos y el desorden administrativo llevaron al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a sancionar a dos funcionarios del Juzgado de Letras de Colina, que revisa materia civil, laboral y penal del sistema antiguo.

En el caso de la administradora del tribunal, Mireya Carrasco, se le aplicó la más alta sanción y se propuso a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción; además, fue suspendida por un mes con goce de medio sueldo. A ella se la responsabilizó del extravío de los ocho expedientes civiles y de no tenerlos bajo custodia, y también por el desorden administrativo.

Mientras que al magistrado Roberto Canales se le aplicó censura por escrito por las causas que estaban en estado de fallo para dictar sentencia y se encontraban pendientes. También se consideró que en su calidad de juez presidente del tribunal no adoptó las medidas necesarias para evitar la pérdida de expedientes y se le responsabilizó del mal clima laboral por la falta de comunicación con su compañera de trabajo.

La denuncia fue realizada por la jueza de este tribunal, Claudia Tapia, lo que llevó al tribunal de alzada a realizar dos sumarios administrativos.

El Juzgado de Letras de Colina tuvo que reconstituir los ocho expedientes nuevamente.

Ahora el caso será revisado por el Pleno de la Corte Suprema, la que deberá resolver si abre o no el cuaderno de remoción a la administradora y si se mantiene la sanción al juez.

SANCIÓN

La Corte Suprema deberá resolver si se aplican o no las medidas sugeridas.