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Fue una de las principales modificaciones al protocolo de acuerdo tributario. Buscando evitar acusaciones de discriminación comercial, las indicaciones enviadas este sábado por Hacienda al Senado -y que comenzarán a ser votadas hoy por la comisión especializada-, ampliaron el universo afecto al nuevo impuesto a la venta de vehículos livianos y medianos de pasajeros. Si bien el documento firmado por el oficialismo y la oposición a comienzos de julio acotaba este tributo a los vehículos de uso particular a diésel, las enmiendas introducidas lo extendieron también a aquellos que se abastecen de gasolina.
“Era un acuerdo que se tomó porque, tal como venía el impuesto aprobado por la Cámara de Diputados, estaba sujeto a un posible reclamo por incumplimiento de los tratados comerciales, ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Había reclamos formulados a través de varias embajadas. Ese impuesto, como estaba establecido, podía ser susceptible de quedar sin efecto”, aseguró el senador Andrés Zaldívar (DC).
El senador opositor José García Ruminot (RN) afirmó que su bloque no ha resuelto si apoyará este cambio. “Es una materia en la que nos sentimos libres de actuar, porque estrictamente no está en el protocolo”, advirtió.
¿Cómo funcionará?
El impuesto se aplicará por una vez a la primera venta de vehículos y grava dos factores: el nivel de emisión de contaminantes locales -según la cantidad de Oxidos de Nitrógeno (NOx) liberados al aire- y su rendimiento, directamente proporcional a sus emisiones de CO2. Quedarán exentos los vehículos motorizados destinados al transporte de pasajeros (con más de 10 asientos), tractores, carretillas, casas rodantes, camiones, camionetas y furgones de más de 2.000 kilos de capacidad de carga y furgones cerrados de menor capacidad, entre otros vehículos de uso comercial o emergencia.
El Ministerio de Transportes será el encargado de comunicar, por cada modelo de vehículo, al Servicio de Impuestos Internos (SII) los valores correspondientes al rendimiento urbano y las emisiones de óxidos de nitrógeno necesarios para calcular el monto de impuesto a pagar.
“Se propone un impuesto a vehículos medianos y livianos de pasajeros de hasta 3.860 kilos de peso bruto vehicular que utilicen por combustible gasolina o diésel. En particular, el impuesto constará de un gravamen inversamente proporcional al rendimiento del vehículo y uno proporcional a las emisiones de NOx. El resultado de la adición de ambos gravámenes será ponderado por un factor proporcional al valor de venta del vehículo”, explica un documento enviado por Hacienda a parlamentarios este fin de semana.
La cartera informó a los legisladores que -según información recogida desde la subsecretaría de Transportes en el proceso de homologación- los vehículos más baratos (hasta $ 4 millones) pagarían, en promedio, una tasa de 1,9%, lo que equivale a cerca de $ 70 mil. Aquellos de valor comercial entre $ 40 y $ 45 millones, quedarían afectos a las mayores tasas (4,8%) (ver infografía).
De acuerdo con la minuta, la recaudación total alcanzada en régimen por este impuesto estaría entre US$ 129 y US$ 170 millones.
“Dados los parámetros considerados en la ecuación, el impuesto grava proporcionalmente más a los vehículos diésel que generan mayores emisiones de NOx. Ello resguarda el espíritu de compensar el diferencial existente en el impuesto específico a los combustibles”, agrega la minuta.
Pero la idea es vista con recelo desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac). “Todos los automóviles de pasajeros nuevos estarán gravados (…) Además, este impuesto no grava a los vehículos más contaminantes, que son los más pesados. Grava en mayor medida a los más livianos, que son los que menos contaminan”, dijo Alvaro Mendoza, presidente del gremio.
Aunque reconoció que la fórmula propuesta “es mucho mejor que la original”, insistió en que tendrá efectos negativos en el mercado, sobre todo en el actual contexto de desaceleración. Por eso anticipó que intentarán “disuadir a las autoridades”.
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