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En la comisión de Educación de la UDI participaron los parlamentarios especializados en la materia. De izquierda a derecha: Romilio Gutiérrez, José Antonio Kast, Ena von Baer, Jaime Bellolio y María José Hoffmann. Foto: Claudio B ueno

Fueron 26 los expertos que trabajaron por cerca de dos meses en el documento titulado “Educación más justa para un Chile más libre”.

El texto es la propuesta alternativa de la UDI a la reforma educacional del Gobierno, la que será socializada en las próximas semanas por los parlamentarios del partido a lo largo del país.

“Esta es una propuesta que apunta realmente a mejorar la calidad de la educación en Chile y lo que busca es poner en el centro de la educación chilena a las familias, a los profesores y a los alumnos. Y por ello planteamos a través de cambios institucionales y con un fuerte incremento en la inversión, que se apunte a los reales problemas en la educación, que hemos ido recogiendo en nuestros viajes por Chile”, señaló la senadora Ena von Baer, quien lideró la comisión especializada en la materia impulsada por el partido.

De esta manera, el documento al que tuvo acceso “El Mercurio” contempla dos capítulos: Educación, base de una sociedad libre y democrática; y Pilares de una educación más justa para un Chile más libre. El primero de ellos se centra principalmente en defender la “libertad de elección” y “la diversidad de proyectos educativos”. “La reforma del Gobierno es un atentado al principio básico de la democracia: la libertad de elección”, dice el texto.

“Para la UDI, las familias siempre serán el pilar de la educación”, se agrega.

Y explicitan que “la reforma presentada por el Gobierno debe ser retirada del trámite legislativo porque aunque sufra un cambio profundo en los mecanismos, el problema no está en las herramientas, sino que en su principio rector: quitarles la tuición de la educación de nuestros niños a los padres y traspasarla al Estado”.

Las propuestas del partido

Respecto al segundo capítulo, sobre los pilares del documento, la comisión encargada resolvió destacar cuatro fundamentalmente: la familia, no el Estado, es el centro de la educación; todos los niños merecen un buen profesor; sostenedores y directores comprometidos y visibles, y un ambiente de respeto, valores y disciplina en la sala de clases.

En el primer punto, el texto plantea que “la libertad de enseñanza solo existe con una educación pública municipal fuerte y de calidad; que la base de la libertad de enseñanza son las escuelas de calidad; y que la base de la libertad de enseñanza está en un financiamiento justo, con más recursos para todos los niños, sin discriminar y con mayor inclusión social en las escuelas”.

Para ello, se propone “empoderar y transparentar a las familias el monto de la Subvención Escolar Preferencial que aportan sus hijos a las escuelas a las que asisten”.

Según explican, “la subvención escolar le pertenece al niño y, por lo tanto, el Estado debe respetar la decisión tomada por los padres sin ponerle trabas artificiales”.

Además, plantea la necesidad de reemplazar el Estatuto Docente a través de la creación de una “nueva carrera docente”, donde se relacione la remuneración con la evaluación de los profesores.

 Integrantes:

El equipo está integrado por la senadora UDI Ena von Baer, el ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera Joaquín Lavín y los diputados UDI José Antonio Kast, María José Hoffmann, Romilio Gutiérrez y Jaime Bellolio. Además, participan los alcaldes de esa colectividad Mario Olavarría, de Colina; Francisco de la Maza, de Las Condes; Rodrigo Delgado, de Estación Central; Eduardo Soto, de Rancagua, y Carolina Cotapos, concejala de Las Condes.

Profesionales de centros de estudios como Libertad y Desarrollo (Constanza Hube y María Paz Arzola) y de la Fundación Jaime Guzmán (Sebastián Figueroa y Jorge Barrera) también participan en la propuesta alternativa a la reforma educacional de la UDI. A ellos se suman ex funcionarios de la administración anterior, entre ellos, Lili Orell, Manuel Casanueva, María Paz Oyarzún, Alberto Vergara, Felipe Rossler, Alejandro Fernández, Jorge Avilés, Loreto Fontaine, Sebastián Izquierdo, además de Marcelo Rojas, Tomás Ariztía y Julio Pertuzé.

Reemplazo al Estatuto Docente

– ” Proponemos reemplazo del Estatuto Docente : Aumentar la autonomía para que la comunidad educativa pueda gestionar sus recursos y destinarlos a las prioridades detectadas por cada uno de ellos (…) es fundamental relacionar, a través de la creación de una nueva carrera docente, la remuneración de los profesores a la evaluación docente, centrada en las necesidades de cada establecimiento”.

Incrementar subvención escolar preferencial

-“Incrementar fuertemente el monto de la Subvención Escolar Preferencial de los $34.000 actuales a mínimo $60.000 mensuales por alumno en forma pareja de Prekinder a IV Medio. Así, los estudiantes más vulnerables del país podrán elegir libre y gratuitamente estudiar en el 98,7% de los establecimientos que reciben subvención estatal”. Además, se plantea “ampliar la aplicación de la SEP a todos los colegios subvencionados y no solo a los que han firmado el Convenio de Igualdad de Oportunidades”.

Más autonomía y financiamiento a los municipios

-“Descentralización real de la educación: entregando a los municipios las herramientas y el financiamiento necesarios de la política educacional en sus comunas. Mayor autonomía para los municipios para establecer políticas educativas pertinentes a su territorio y mayor autonomía en la gestión de los recursos”.

-” La única forma de potenciar la diversidad de proyectos educativos y la posibilidad real de elección del tipo de educación por parte de cada familia es que la sociedad sea capaz de ofrecer diversidad de proyectos educativos de calidad a todos a lo largo del territorio nacional”.

Transparencia de los sostenedores

-“La agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación Escolar deben emitir boletines de información comunales con la información relevante de cada establecimiento de forma que esta sea accesible a la comunidad educativa.

-“Los sostenedores tanto públicos como privados tienen la obligación de rendir cuenta pública una vez al año frente a la comunidad educativa, proceso que será supervigilado por la Superintendencia de Educación Escolar”.