El Establo (+56) 2 2738 8533El cambio de casi tres mil cajeros automáticos por nuevos dispensadores, capaces de resistir ataques explosivos y la apertura de bóvedas con la técnica del oxicorte, tiene como fecha límite el 30 de octubre de este año.
Tras la puesta en marcha de un decreto elaborado por el Ministerio del Interior, las entidades bancarias deberán recambiar el universo de cajeros automáticos por equipos que utilizan normativas de seguridad europeas.
Un informe elaborado por Carabineros reveló que desde enero de 2014 a la fecha se han registrado 109 ataques a estos equipos, es decir, 33,8% de aumento, en comparación con igual período de 2013. De ese número, 41 robos han sido consumados y otros 68 fueron frustrados por la policía.
Al mejoramiento en el blindaje de los dispensadores, se suman dos nuevas medidas de seguridad: cámaras de alta definición instaladas dentro de la estructura de acero del cajero y un peso total que bordeará los 1.000 kilos (ver infografía). Este último punto, aseguran en Carabineros, será complementado con un empotramiento de la bóveda contenedora del dinero.
El Departamento OS-10 de la institución será la unidad encargada de fiscalizar los nuevos equipos. El general Christian Fuenzalida, director de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos, explicó que “existen alrededor de 9.000 cajeros automáticos en Chile. La norma dice que el primer año, antes del 30 de octubre, el 30% tiene que ser renovado e instalado con estas nuevas medidas de seguridad”, dijo.
Cámaras y anclaje
Según el general Fuenzalida, los nuevos dispensadores “tienen como principal particularidad un blindaje de alta resistencia. Tienen como complemento anclaje en su caja fuerte”, dijo.
El alto oficial detalló que los nuevos equipos “llevarán incorporada una cámara interna y otra externa. Todas deberán estar instaladas en los cajeros el 27 de julio, a más tardar”. Este sistema de vigilancia por cámaras, dicen en Carabineros, ayudaría a identificar a los autores de delitos de clonación de tarjetas.
Gustavo Paulsen, jefe de la división jurídica de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dijo que en los últimos meses “ha habido un cierto desincentivo (para robar cajeros) con el aumento de la penalidad. Y esto se complementa muy bien con implementación de este decreto”, detalló.
Sobre la implementación del sistema, el profesional explicó que “desde el momento en que se eleva a la categoría de reglamento, la ley establece sanciones a su incumplimiento y es absolutamente obligatorio. El organismo fiscalizador, que en este caso es Carabineros, podría denunciar estos incumplimientos y las empresas se expondrían a sanciones”.
Sobre la implementación de medidas de seguridad, la Asociación de Bancos ha manifestado que los sistemas de seguridad implementados “han permitido la detección, persecución y detención de delincuentes internacionales y locales y el monitoreo del comportamiento de personas que hacen transacciones sospechosas, en pro de la seguridad de los consumidores”.
Agregan que se “ha constituido un sistema de monitoreo para el control y prevención de fraudes, con la finalidad de alertar a todas las instancias ante las primeras muestras de comportamientos delictivos y uso fraudulento tanto de tarjetas de débito como de crédito”.
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