Columna: “Los nuevos desafíos de la industria inmobiliaria” | Plataforma Urbana.

Conjunto habitacional Los Bravos de Socovesa en Barnechea.

Todo indica que el contexto en el que se desarrollan los negocios en Chile cambió significativamente los últimos años. La industria inmobiliaria obviamente no está ajena a estos cambios. Las controversias que han experimentado diversos sectores económicos también comienzan a afectar el desarrollo del negocio inmobiliario.

El escenario post elecciones municipales es el ejemplo más concreto de este nuevo entorno de negocios. Al anuncio del congelamiento de los permisos de edificación de la alcaldesa Tohá en Matta Sur, se suman las declaraciones de la alcaldesa de Providencia Josefa Errázuriz: “Las inmobiliarias deben asustarse, no porque no dejemos construir, sí porque protegeremos las calidad de vida de nuestros barrios”.

Duele decirlo pero muy probablemente los inmobiliarios somos percibidos más como destructores que como desarrolladores de la ciudad. Y aunque las generalizaciones siempre son injustas, razones para fundar esa opinión hay por montones: casas isla, desarrollos que buscan maximizar la constructibilidad sin considerar el entorno y el espacio público donde se insertan, destrucción de barrios patrimoniales, problemas en las comunidades de los proyectos y construcciones derechamente reñidas con la estética, son algunos ejemplos que no hacen más que alimentar el malestar de la sociedad civil hacia las inmobiliarias. Pero cada vez habrá menos espacio –menos mal- para malas prácticas. Nuestra sociedad, que en los últimos años modernizó significativamente su escala de valores, ya no acepta el desarrollo a cualquier precio.

Esta es una discusión nueva y está claro que llegó para quedarse. No nos sorprendamos si durante la contienda presidencial del año que viene, el tema de la ciudad y su desarrollo sostenible es uno de los ejes principales de la discusión pública. Para adelantarnos a la discusión que vendrá, me permito esbozar algunas claves al respecto. Lo primero: debemos hacer más esfuerzos por trasparentar nuestro. Nuestras compañías no tienen –ni deben tener- nada que esconder. En segundo término, debemos entender que el marco legal representa un piso insuficiente. Las demandas por calidad de vida que tiene la ciudadanía trascienden con creces el mínimo que define la norma. Debemos transitar de la legalidad a la legitimidad. En tercer lugar, la ciudadanía quiere participar en el diseño de su ciudad y no que se le imponga desde la autoridad pública o el sector privado. Es clave buscar mecanismos para canalizar la participación de manera equilibrada.

La politización del tema urbano es un signo de la evolución del país. Mal que mal, política viene de polis, que no es otra cosa que ciudad. Pero como sociedad debemos administrar sabiamente esta legítima tensión entre intereses diversos y en ocasiones contrapuestos. Si estas controversias propias del desarrollo urbano se resuelven por el lado del inmovilismo, no haremos más que acentuar la desigualdad y el malestar ciudadano.

No podemos volver a cometer errores del pasado, que condenaron a miles de personas a vivir en una periferia sin infraestructura urbana ni acceso a las oportunidades que entrega la ciudad. La ciudad es un bien público y no un privilegio de algunos; es fuente de innovación, caldo de cultivo para las buenas ideas y fundamentales para la competitividad de un país. Ya es hora de asumir este desafío.