Un lento avance ha tenido la ley que busca regular las plataformas tecnológicas de transporte tales como Uber y Cabify. A más de un año de su ingreso, éste no presenta avances significativos y los escasos acuerdos logrados en el Congreso no hacen más que debilitar una alternativa de transporte más económica, eficiente, segura y moderna.

Pese a que el gobierno en más de veinte oportunidades ha puesto algún tipo de urgencia al proyecto de ley, e incluso hubo un paro de taxistas que generó un caos en el aeropuerto de Santiago, el proyecto sigue estancado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Cabe recordar que la propuesta establece un impuesto a estas nuevas formas de transporte y entregar lo recaudado a los taxistas. Por otro lado, busca establecer una serie de regulaciones y trabas al desarrollo del sistema (exige un alto estándar para los vehículos, impide el desarrollo del modelo colectivo existente otras ciudades del mundo y obliga a pagar exclusivamente mediante medios electrónicos), las que afectarán especialmente a los usuarios de menores ingresos.

Según informó este medio, algunos de los acuerdos que estarían construyendo diputados de distintos sectores políticos tendrían relación con la fijación tanto de las tarifas como del número de vehículos que puedan brindar este tipo de servicios, medidas que limitarán fuertemente su desarrollo. El argumento detrás de estas propuestas es asimilar el régimen de las aplicaciones de transporte a las regulaciones que enfrentan actualmente los taxis, desconociendo que son justamente esas restricciones las que terminaron deteriorando el servicio e incrementando los precios. Fue justamente el contexto que, potenciado por la tecnología, permitió el surgimiento de empresas como las mencionadas.

La lógica del proyecto de ley resulta curiosa, ya que en lugar de eliminar las trabas que hacen que los taxis tradicionales se estén quedando rápidamente en el pasado -no faltan muchos años para que aparezcan los automóviles autónomos- buscan imponer esa misma obsoleta regulación a aplicaciones que no las necesitan (por ejemplo, no hay exceso de vehículos en las calles porque actúan on demand y cuentan con los incentivos de precios adecuados, por lo que no se requiere de tarifas fijadas de manera centralizada) y que han demostrado ganarse la preferencia de los usuarios.

Si las autoridades y los parlamentarios pretenden avanzar tal como indica el proyecto del gobierno e incluir las mencionadas ideas de los congresistas, pareciera mejor no innovar respecto a la situación actual. Las restricciones antes descritas terminarán por ahogar estos sistemas sin que ninguna de las medidas vaya en favor de los usuarios, quienes deben ser el sujeto a beneficiar en esta discusión. De lo contrario, no solo se verán perjudicados quienes requieren soluciones de movilidad sino que también todos aquellos que han encontrado en estas aplicaciones una forma de mejorar sus ingresos o un trabajo permanente que se ajusta mejor a sus preferencias y necesidades familiares.