Valparaíso, 5 de enero de 2017: Con la aprobación unánime en la Cámara de Diputados, se despachó el proyecto de ley sobre Servicios Sanitarios Rurales, iniciativa legal que favorecerá a un millón 700 mil chilenos y chilenas que se abastecen por este tipo de sistemas de agua potable rural en el país, al crearse una nueva institucionalidad que fortalecerá las organizaciones comunitarias que administran los APR e incorporar el saneamiento de las aguas para éstos. Este proyecto había sido ingresado al Congreso en el año 2008 durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, estuvo presente en la Sala junto al Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP, Reinaldo Fuentealba. Al finalizar la votación, el Secretario de Estado destacó que “después de 8 años de tramitación, se aprueba la Ley de Agua Potable Rural que favorece a más de 1 millón 700 mil personas, que se abastecen de agua en 1.700 sistemas en distintos lugares de Chile. Esta no sólo impone derechos y deberes a los usuarios, comités y cooperativas que administran los APR, sino que fortalece la institucionalidad del Estado para entregar un mejor servicio. También para estar apoyando a los APR y establece una nueva obligación, que el Ministerio de Obras Públicas se hago cargo del saneamiento”.
El Secretario de Estado agregó que “aquí estamos hablando de desarrollo, porque en los países desarrollados el acceso al agua es un derecho humano y estamos hablando de equidad porque estamos llegando a distintos sectores rurales del campo de Chile”.
“Estamos muy contentos, han sido 8 años de trabajo, queremos agradecer a los parlamentarios y a los dirigentes de APR porque en la indicación sustitutiva que enviamos como gobierno, trabajaron las organizaciones de APR y hoy tenemos esta ley que es una buena noticia para Chile, en el momento que se discute el Código de Aguas en el Senado, y podemos decir que estamos avanzado porque se aprueba por unanimidad esta ley de APR”.
Hoy, la sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en forma unánime por 76 votos a favor, finalizando su tramitación en el Congreso y quedando listo para su promulgación como ley de la República. Ayer, la Sala del Senado aprobó también en forma unánime la iniciativa legal, por 26 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, luego que esta pasara por comisión mixta.
El Programa de Agua Potable Rural, APR, se inició en Chile en 1964, en la administración del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, teniendo más de 52 años de vida y es un programa de alto impacto social.
Actualmente existen en Chile 1.736 sistemas de agua potable rural, con una población favorecida de alrededor de 1.700.000 habitantes, lo que da cuenta de su importancia en el abastecimiento de agua potable rural del país. Esto resulta especialmente relevante en las condiciones de creciente sequía que se están enfrentando producto de los cambios climáticos, como se destacó en el debate parlamentario.
El Estado ha desarrollado infraestructura en servicios de Agua Potable Rural por una cifra cercana a US$ 1.500 millones, en los últimos años, -un 90% de ello desde que el programa pasó al MOP, en 1994-, pero las normas legales por la cual se rigen los sistemas de APR, no permitían avanzar a un mayor desarrollo de estos servicios y, por lo mismo, de las organizaciones de la comunidad que los administran.
El proyecto aprobado hoy busca fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, preservando su carácter participativo, ofreciéndoles asesoría y subsidios para la realización de sus funciones. También se busca generar una normativa jurídica propia en este ámbito, que regule, tanto aspectos técnicos, como normativos, tarifarios, formas de gestión, patrimonio, etc, tanto para agua potable como para saneamiento.
Dirigentes de las organizaciones que administran estos sistemas en el país, calificaron la aprobación del proyecto de ley como “histórica”, luego de más de ocho año de tramitación, iniciativa legal que comenzó a ser tratada luego de su ingreso en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
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