Fuente: El Mercurio

El reciente incendio que consumió más de 500 hectáreas en Chicureo obligó a cortar por varias horas dos de los tres accesos que tiene este barrio de Colina: la radial Nororiente (que la conecta en 15 minutos con Vitacura) y Pie Andino (Juan Pablo II), el camino que une el sector con Lo Barnechea.

Esta situación dejó aislados a los vecinos, quienes temieron que las llamas descendieran desde los cerros hasta sus casas.

Probablemente, bajo una planificación fijada antes de la construcción de las 30 mil casas que pueblan Chicureo, la amenaza de riesgos como los incendios hubiese sido amortiguada por vialidades adecuadas, áreas verdes suficientes. Pero no fue así. Chicureo es el ejemplo de varios desarrollos en el entorno del Gran Santiago que se constituyeron en las últimas tres décadas a partir de parcelas de agrado.

Según el seremi de Vivienda, Aldo Ramaciotti, esto se generó por la interpretación distorsionada de varios decretos y leyes (ver recuadro). “Chicureo es el resultado de un crecimiento no planificado que se generó con autorizaciones provisorias que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina fue dando en el tiempo. Recién en los últimos 15 a 20 años esa zona cuenta con una planificación metropolitana”, explica.

La situación amenaza con volverse más compleja, puesto que el plan maestro de Chicureo contempla un alza de 120 mil habitantes más en diez años, con lo que sobrepasará la población de su comuna madre, Colina.

“Hay un problema de escala en el norte de Santiago, que se mantuvo cuando se generaron las zonas de desarrollo urbano condicionado (Zoduc). No se generó un vínculo de Chicureo con Colina y hoy funciona como una isla. Tampoco se le dotó de suficiente conectividad y ha quedado relegado”, asevera Luis Fuentes, subdirector del instituto de desarrollo urbano de la UC.

Frente a esta situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó a trabajar una modificación al plan regulador metropolitano de Santiago (PRMS) para fijar una norma urbana en Chicureo. “Se busca establecer condiciones urbanísticas con garantías de accesibilidad y servicios. Esta modificación se podría concretar en hasta dos años”, señala Ramaciotti.

Luis Valenzuela, director del centro de inteligencia territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, opina que no basta con definir una norma. “El plan regulador norma el uso de suelo, pero los usos y crecimiento producen efectos, y una manifestación de eso fue el incendio. Necesitamos otros instrumentos que incorporen los factores de riesgo o los efectos que generará el cambio climático, que en estas zonas de desertificación y mayores temperaturas obligan a modelar con restricciones de construcción, porque los riesgos, así como la expansión de Santiago hacia el norte, son ineludibles”.