El fiscal regional Occidente José Luis Pérez Calaf pidió a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) del Ministerio Público “autorizar el traslado a Brasil de funcionarios policiales chilenos, con el objeto de tomar contacto directo con personal de la fiscalía de ese país a cargo de la ejecución del requerimiento internacional”.

El objetivo de la diligencia es investigar el proceso de licitación que se adjudicó la empresa de mantención de alumbrado público, Citeluz S.A., la que fue contratada por la muncipalidad de Cerro Navia en 2011 por 24.074 UF por un plazo de cuatro años, lo que equivale a cerca de $ 527 millones de esa época.

La petición de Pérez Calaf se da en el marco del caso basura, donde se investigan presuntos delitos de corrupción en tres municipalidades de Santiago: Maipú, Cerro Navia y Colina. En 2015 se levantaron cargos en contra de los alcaldes de Maipú, Christian Vittori, y de Cerro Navia, Luis Plaza, otras 15 personas -entre ellas funcionarios públicos- y un representante de KDM, firma indagada por una cuestionada licitación de rellenos sanitarios para los desechos en la comuna de Maipú en 2011.

A la investigación del proceso de esta licitación se suma la que motivó la petición internacional a Brasil, la que está a la espera de la autorización de las autoridades de ese país para concretarse. La idea es que funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI puedan “presenciar diligencias cuya práctica se requerirá a las autoridades de Brasil”, dice el oficio reservado enviado por Pérez Calaf a la Uciex.

Allí, el Ministerio Público le imputa al alcalde Plaza y a otros funcionarios públicos haber realizado “exigencias no requeridas por las bases para favorecer a Citeluz, contratando a esta empresa” pese a que Chilectra hizo una oferta más económica. Para la fiscalía esto “redundó en un perjuicio municipal de       $ 174 millones”, señala el requerimiento de asistencia internacional. En ese sentido, se indica que Plaza y otros, “actuando en el proceso licitatorio como empleados públicos, infringieron el deber de seleccionar la oferta más ventajosa”.

En específico, se solicitó ubicar e interrogar en calidad de testigos a los ejecutivos de Citeluz Cesar Ribeiro Teixeira, Luis Carlos Alves Lima, Valdir Ferreira de Olivera, Aldo Brito de Almeida y Michel Vincent Tesconi. Con ello se busca “contrastar sus declaraciones con otros antecedentes de la investigación, en particular con la declaración del imputado Gerardo Ramírez Badilla, gerente de Administración y Finanzas de Citeluz Chile S.A. (…), y conocer la real participación de las personas consultadas en los procesos de postulación y adjudicación de esta licitación”. También se pide “establecer la existencia de contactos o vínculos con otros imputados en la investigación, en particular con aquellos que se desempeñaron como funcionarios públicos”.

Al respecto, el alcalde Plaza dijo que “la fiscalía está haciendo su trabajo, esa es la única forma de aclarar esta situación. Muchas veces la oferta más barata no es la mejor (refiriéndose a la oferta de Chilectra en 2011). Lo que hacía Citeluz en aquel momento, hoy lo hace Chilectra y la comunidad dice que es peor”.

Investigación en Colina  

El 14 de junio, el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), declaró por primera vez en el caso basura y lo hizo en calidad de imputado.

Según fuentes de la investigación, la fiscalía está preparando una nueva serie de formalizaciones que apuntarían a funcionarios de esa municipalidad, entre ellos el alcalde. Aún no se definen los cargos que se imputarían. A Olavarría se le indaga porque presuntamente habría ordenado pagos por un total de $ 83 millones a dos funcionarios públicos (Marcela Morales y César Vidal) entre 2010 y 2015 quienes, según la fiscalía, nunca habrían prestado servicios al municipio. La petición de formalización se podría concretar en las próximas dos semanas.

Sobre este punto, en su declaración, el alcalde señaló que “a su pregunta sobre si conozco a Marcela Morales y César Vidal, debo señalar que a Vidal nunca lo vi en el municipio. En cuanto a Marcela Morales, sí la conozco. A ella la conocí cuando se le contrató. Asimismo, indicar que cuando vi a Marcela, se encontraba realizando labores con documentos. No tengo claridad de cómo ella llegó a trabajar a Colina”.

Consultado su abogado Matías Balmaceda respecto de la posible formalización, señaló que no se referirá al tema.