por Felipe Díaz

Source: Fiscalía investiga al menos a 10 abogados por perjudicar a sus clientes | País | La Tercera Edición Impresa

El rol del abogado está asociado a un cargo de extrema confianza. Quienes contratan sus servicios, esperan una buena defensa o una voz que defienda de la mejor forma sus intereses ante los tribunales. Existen ocasiones, no obstante, en que esta condición no se cumple y el abogado se convierte en el imputado y, su representado, en la víctima.

Actualmente, el Ministerio Público y la PDI están investigando, a lo menos, 10 causas en que estos profesionales, aprovechando su posición, engañaron a los clientes por su beneficio personal. La última condena por ilícitos de estas características la obtuvo la Fiscalía Centro Norte, en contra del abogado Alvaro Baeza, por el delito de prevaricación.

En esta causa, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones, al profesional se le suspendió por dos años su licencia de abogado y una multa de 15 UTM. Según informó la Fiscalía Centro Norte, “el abogado Baeza, abusando maliciosamente de su oficio, indujo a sus clientes a firmar 12 contratos que los perjudicaban, en vez de velar por los intereses de ellos. A pesar que el abogado tenía la obligación legal de velar los intereses de sus representados, Baeza los perjudicó y recibió de las contrapartes UF 45 mil como incentivo para negociar en desmedro de los Canteros”. La fiscalía informó, además, que “tras la firma, los Canteros perdieron el dominio del 60% de las pertenencias mineras”.

Otro de los procesos que terminó en condena de primera instancia ocurrió en 2009. En este, E.J.E., tomó la representación de una sociedad en una causa de demanda civil contra una constructora. El abogado llegó a un acuerdo extrajudicial e indicó que habían obtenido la suma de $ 300 millones. El problema vino cuando el cliente averiguó por su cuenta los montos de arreglo judicial: $ 357 millones. La resolución señala que “la única explicación, a la luz de los antecedentes, es que E.J.E. no le comunicó (al cliente) la existencia de los $ 57 millones y se valió de la situación apremiante que éste tenía para que firmara lo más rápido posible los finiquitos”. Por estos delitos, el profesional fue condenado el 3 de octubre de 2009 a tres años y un día de presidio y una multa de 21 UTM, por apropiación indebida.

En 2013, dos mujeres llegaron hasta las ventanillas del 22 Juzgado Civil de Santiago pidiendo que les entregaran un vale vista que estaría a su nombre. El dinero supuestamente provenía de un remate en que ellas eran las demandantes.

Las mujeres presentaron los documentos legales que les exigirían para retirar el dinero. No obstante, estos escritos tenían una serie de irregularidades: el timbre no era el del tribunal, no tenían la individualización ni el rol de la causa. Las víctimas no podían creer lo que escuchaban, ya que M.G.V. llevaba dos años tramitándoles la causa. Finalmente, el abogado fue condenado a 100 días de presidio y multa de 11 UTM. Hoy este caso está en proceso de impugnación.

En otra causa, que está en investigación desde enero de este año, implica a un profesional presentó en un juicio civil una prueba falsa. Según la tesis de la fiscalía, el abogado A.T.J. perdió en la Corte de Apelaciones un caso por un desalojo, por lo que elaboró un contrato de arriendo falso para presentarlo en el 27 Juzgado Civil de Santiago, evidencia que fue clave para que el tribunal fallara a su favor.

Además, existen tres causas vigentes en que abogados han acudido a corrales municipales con resoluciones falsas de tribunales para levantar el embargo de vehículos o de otros bienes.

Respecto a este tipo de casos, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, indicó que “cuando la estafa o apropiación indebida se comete abusando de la posición de abogado, claramente que esa debe ser una figura agravada que debe tener una sanción mayor, porque el cliente ha depositado cierta confianza en el abogado para que realice las gestiones y, cuando éste abusa de esa situación, eso merece un reproche mayor que alguien común y corriente”. Montes añadió que se debería crear una figura especial para sancionar este tipo de situaciones.

En tanto, el inspector Rodrigo Millán, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, dice que una de las clave para evitar ser víctima de este delito es acudir a los tribunales “y preguntar si hay movimientos en la causa. Hay ocasiones en que no realizan los trabajos y, cuando se dan cuenta, ya puede ser demasiado tarde”.