El 6 de marzo de 2014 marcó un hito para los dueños de 324 propiedades ubicadas entre las  regiones de Atacama y Metropolitana. La admisión al sistema de evaluación ambiental del proyecto de interconexión eléctrica que une la central eléctrica Cardones, al sur de Copiapó y la central Polpaico, al norte de Lampa, significaba sólo una cosa para los titulares de estos predios: el fantasma de vivir con torres de alta tensión en el patio trasero de su propiedad era cada vez más una realidad.

El mega proyecto de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje en doble circuito, atraviesa cuatro regiones y 20 comunas de la zona norte y centro de Chile. A lo largo de los 753 kilómetros, planea levantar más de 1.700 torres del trazado, una línea que cruza las comunas de Copiapó, Freirina, Vallenar, Canela, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Ovalle, La Ligua, Limache, Olmué, Papudo, Puchuncaví, Quillota, Quilpué, Quintero, Villa Alemana, Zapallar y Til Til.

El proyecto, con una capacidad de doble vía de 500kv, es el resultado de una licitación internacional del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Éste fue adjudicado a la empresa Interchile, filial del grupo colombiano Isa y cuyo trazado presentó la propuesta económica más baja, con una inversión de 1.000 millones de dólares. Hoy, su implementación es una de las principales tareas del ministro de Energía, Máximo Pacheco.

El titular de Energía asegura que la iniciativa es clave para las aspiraciones del Gobierno de bajar el costo de la energía. “Es estratégico para reducir las cuentas de la luz. Si el país quiere tener energía más barata, necesitamos construir más centrales de generación eléctrica, ampliar nuestras redes de transmisión, perfeccionándolas y fortaleciéndolas; traer más competencia y usar mejor la energía, sólo así podemos recuperar precios razonables, porque tenemos los valores más altos de América Latina y en los últimos cinco años han subido 30%”, explica.

El trazado de alta tensión prioriza las zonas del valle central, uniendo Copiapó con Freirina y La Higuera para, posteriormente, optar por el valle costero que va entre La Serena y Los Molles. Su paso continúa por sobre las colinas hasta Limache, donde finalmente conecta con Til Til. Por su extensión, el rechazo a la línea no se hizo esperar.

La alarma se encendió entre los alcaldes y vecinos de las 10 comunas afectadas de la Quinta Región, quienes solicitaron el retiro del proyecto de su tramitación ambiental para incorporar sus propuestas. La creación de una mesa, liderada por el ministro Pacheco, con representantes de las 20 comunas afectadas, fue la instancia donde las autoridades descargaron sus desacuerdos con la mega línea eléctrica. El Congreso también se hizo eco de estas molestias y, tras varias sesiones, respaldaron la postura de las comunidades y pidieron incorporarlas en el proyecto.

Daño colateral

Varios de los afectados, entre ellos personalidades del mundo empresarial y artístico, han mostrado sus diferencias con el trazado. Gonzalo Bofill, dueño de Carozzi, la familia Matte; el socio de LarrainVial, Fernando Larraín Peña; el presidente de Sofofa, Hermann von Mühlenbrock; el empresario Juan Ruiz Tagle; el actor Francisco Reyes; los hermanos Federico, Max y Marcelo Ringeling y también los Ringeling Vicuña; el empresario Juan Sutil; la sucesión de Manuel Santa Cruz: el empresario inmobiliario James Chadwick; entre otros, son algunos de los que integran esta lista.

Y es que las torres que trazarán la línea, requieren de un ancho de servidumbre que va entre los 35 y los 195 metros, según la altura y la distancia entre las torres. Además, por ser de alta tensión, la altura de las mismas puede llegar hasta los 70 metros, el equivalente a un edificio de 20 pisos. Se estima que la empresa deberá reconocer al menos unas 5 mil hectáreas de servidumbres.

La molestia de algunos empresarios y vecinos motivó la intervención directa del ministro. Él no sólo lideró la mesa de negociación con los alcaldes, sino que se ha reunido con varios representantes de los afectados y está mediando con algunos empresarios para tratar de evitar una férrea oposición. De hecho, la empresa ya ha cerrado acuerdo con el 57% de los propietarios.

Jorge Rodríguez, gerente general de Interchile, defiende el proyecto, aclarando que la alternativa de este trazado es el que menos impacto provoca. “Cuando se hace un trazado se define el tema ambiental, técnico y social, que van de la mano. Y tratamos que la línea no afecte o afecte al menor número de personas, que no pase sobre reservas ambientales y que sea viable. Estamos confiados y ya las evaluaciones de los diferentes servicios del Ministerio del Medio Ambiente están otorgando las conformidades al proyecto, es un trazado hecho muy profesionalmente, atendiendo a estos organismos”, señala el ejecutivo.

Transcurridos más de 120 días de tramitación ambiental –el SEA resolvió a mediados de julio, ampliar en 60 días más el plazo para su resolución–, la empresa ha respondido 1.200 observaciones contenidas en la primera adenda y 250 consultas adicionales de la segunda. Hoy está a la espera de las últimas observaciones, por lo que es posible, comenta Rodríguez, que ingresen una adenda extraordinaria.

El ministro Pacheco comprende estos cuestionamientos. Sin embargo, precisa que no se pueden conciliar las expectativas de tener una mejor calidad de vida con las de una mayor modernización del país. “El mundo ideal no existe, cualquier cosa que queramos hacer tiene un costo. En California, Estados Unidos, se acuñó el concepto de banana (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything), es decir, no construyas  absolutamente nada en ninguna parte cerca de algo, y claro, eso tal vez es un lujo que puedan darse los países desarrollados, pero el nuestro, con una clase media emergente que empieza a tener cada vez más electrodomésticos en sus hogares, un país que quiere industrializarse y que con dificultad lo hace, debe hacer este desarrollo de infraestructura que trae mucho más bienestar que dificultades”, explica.

De Zapallar a Quilpué

Agrovivo tiene un predio de 17 mil hectáreas en la zona de Quilpué. Allí, la familia Bofill posee algunos cultivos de olivos y nogales y una casa familiar que ha pertenecido a cuatro generaciones, y donde han evaluado desarrollar turismo rural. “Ellos tienen un sentido de pertenencia con la zona, se declaran empresarios regionalistas, por lo que resguardan toda esta cultura”, comenta Natalia Fernández, socia de Oyarzún abogados, representante del empresario.

El anuncio de un proyecto de esta envergadura alertó a Gonzalo Bofill, quien directamente se involucró en este tema. No obstante, conforme a las coordenadas del estudio de impacto ambiental, las líneas eléctricas no estaban dentro del predio. Sin embargo, la aparición de algunos señuelos y demarcaciones en los terrenos del empresario despertaron la sospecha sobre un cambio de trazado y de la revisión de la adenda y la notificación de la SEC se determinó con certeza, que las líneas se emplazaban dentro del predio. Esto motivó que inmediatamente se evaluaran las opciones legales para frenar el avance de este proyecto.

Interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acusando ilegalidad en el actuar de la empresa por el ingreso a un predio privado y la instalación de las demarcaciones sin autorización. Y aunque el recurso fue rechazado por extemporalidad, aseguran que la lucha no cesará. El abogado Cristián Carrillo, del equipo de Bofill, precisa que se presentó una apelación ante la Corte Suprema y agrega que ya interpusieron una querella criminal ante la Fiscalía de Quilpué. Además, la próxima semana se realizará la audiencia que solicitaron al director del Servicio de Evaluación Ambiental para dar a conocer las deficiencias que, a su juicio, presenta el estudio de impacto ambiental.

Fernández asegura que el objetivo de la familia Bofill es que las torres trazadas en su terreno salgan de éste, por lo que piden una modificación en el diseño de la línea. Por esta razón, no están interesados en negociar con la empresa de transmisión. Aseguran que tampoco se han reunido con la autoridad, ya que prefieren optar por las vías formales.

Otros afectados, pero ahora en Zapallar, también han levantado la voz. Las 700 hectáreas que reúne la zona de conservación Las Cenizas han despertado la molestia de muchos de sus 40 propietarios. Entre ellos están la familia Eluchans; el arquitecto del W, Francisco Rencoret; Fernando de Peña de Mall Plaza; el ex presidente de la CPC, Rafael Guilisasti; el ex alcalde de Zapallar, Federico Ringeling, y sus hermanos; el socio de Southern Cross, Raúl Sotomayor; la directora del proyecto de restauración del Palacio La Alhambra, Anne Marie Garling, entre otros.

Según Juan Carlos Urquidi, socio de Sustentarse y abogado representante de varios de estos propietarios, además de las municipalidades de Zapallar y Puchuncaví, una de las bondades de esta zona es que cuenta con un bosque nativo de Belloto del Norte, especie catalogada como vulnerable, protegida por el convenio de Washington. Por ello, sus dardos han apuntado al Estudio de Impacto Ambiental. “Carece de información relevante y no debió haber sido nunca acogido a tramitación, no existe una georeferenciación que precise el lugar exacto donde estarán las torres. Los estudios no se realizaron con herramientas cartográficas, que es lo que uno esperaría”, explica. Agrega que tras el rechazo en el tribunal ambiental, están preparando su apelación.

“Le pedimos al Gobierno que retirara el proyecto de su tramitación ambiental porque presentaba situaciones por las cuales vale la pena retirarlo. A nosotros no se nos han planteado cuáles son las mitigaciones o compensaciones necesarias y que tienen que ver con las distintas exigencias de cada comuna de la V Región”, explica el alcalde de Zapallar, Nicolás Cox.

Para el edil, el camino de la judicialización tiene que ver con que, hasta el momento, no han sido escuchadas las visiones de las comunidades afectadas. “El proyecto es lo más malo desde el punto de vista medioambiental”, sentencia Cox.

El alcalde también ha sido enfático en que este proyecto afecta al turismo rural de la zona, el que asegura, es patrocinado por el mismo Servicio Nacional de Turismo. Rodríguez aclara que la línea de transmisión pasa a 9,8 kilómetros de este conocido balneario justamente para evitar efectos en esta localidad y el turismo, razón por la cual la dirección de este organismo ya dio su conformidad al proyecto ante el SEA.

Las nuevas líneas eléctricas de alto voltaje también han crispado a los vecinos de la zona de Catapilco. Algunos afectados son el empresario Juan Ruiz Tagle, que posee un predio de 800 hectáreas al cual la línea afectaría con unas ocho torres a lo largo de un kilómetro, las que se podrían ver desde el 65% de la propiedad. La servidumbre de este predio es de aproximadamente 6 hectáreas.

Muy cerca de Ruiz Tagle se encuentra el predio La Empastada, de la familia del presidente de Empresas Sutil, Juan Sutil. Pese a que reconoce que esta nueva línea de transmisión es clave para el crecimiento del país, lamenta mucho el trazado propuesto. “No estoy en contra del proyecto, ya que considero que es muy importante para que el país se siga desarrollando, pero veo con cierta preocupación que no se hayan analizado otras alternativas que, a lo mejor, podrían tener menores efectos en las comunidades y en especial para las comunidades de la V Región”, explicó el empresario.

Joel Godoy, presidente de la Asociación de Parceleros de Catapilco que reúne a 90 familias de la Hacienda Catapilco –varios de ellos ligados al mundo de las artes, entre ellos el actor Francisco Reyes–, es enfático en mostrar su rechazo. “De nosotros, hay siete familias que ven afectados directamente su predios. El valle de Catapilco es de gente que obtuvo sus terrenos durante la reforma agraria y hay familias jóvenes que, con esfuerzo, han invertido en pequeños predios ecológicos para tener un lugar de descanso, lo que se está viendo afectado. No queremos compensaciones, queremos que se respete nuestra cultura campesina”, comenta Godoy.

Personeros cercanos a la política tampoco se han vistos ajenos al conflicto, porque ya sea directa o indirectamente se ven afectados, entre ellos el ex ministro Rodrigo Peñailillo y el senador Guido Girardi, que también poseen terrenos en esta zona.

Más hacia el norte

A la Cuarta Región también se amplía la lista de los perjudicados. Uno de ellos es la familia Matte. Se trata de la Hacienda Agua Amarilla, cuya extensión de 17 mil hectáreas, está ubicada en el sector de Los Vilos. Aquí, la apuesta de esta familia empresarial es desarrollar un lugar de conservación destinado a la plantación de olivos orgánicos. Según el listado de la solicitud de concesión definitiva que la empresa hizo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, este terreno perteneciente a Eliodoro, Patricia y Bernardo y a sus hijos, se verá afectado con una franja de 15 kilómetros de longitud, por donde atraviesa la línea eléctrica, lo que significa un área de servidumbre de unas 122 hectáreas.

El valle del Elqui tampoco está exento de esta línea eléctrica. Según explica Ramón Gálvez, presidente del Comité de Defensa de los Pueblos del Valle del Elqui, hay más de 450 personas del Almendral, Altovalsol y Romeral que también se ven afectadas por el trazado de esta línea. “No estamos en contra de las mejoras al sistema eléctrico, pero creemos que podría haber otras alternativas. Presentamos una opción con un costo de 11 millones de dólares adicionales y podríamos tener otro recorrido, menos invasivo”.

[box type=”box” width=”370″ template=”Normal” align=”left” color=”blue”]En la zona de Zapallar, las torres que atraversarían la zona de conservación del fundo Las Cenizas han despertado la molestia de muchos de sus 40 propietarios.[/box]

El representante de Interchile reconoce que la línea de transmisión cruza el río Elqui, pero a la altura de Vicuña, para evitar a la población y el centro turístico. En el caso de La Serena, el trazado está más cercano al aeropuerto, y ya cuenta con el visto bueno  de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El embalse Los Aromos

James Chadwick es empresario inmobiliario de la zona de Limache. En la década de los 90 partió con el proyecto inmobiliario La Hacienda Los Aromos, con la idea de construir una alternativa cercana a Viña, Valparaíso e incluso convertirse en una opción a pasos de Santiago. Así desarrolló la primera etapa de su proyecto con las primeras parcelas en 100 hectáreas de la zona de la península, como lo denomina él. Actualmente está desarrollando su segunda etapa y estaba retomando la tercera, lugar donde ya tenía una cancha de golf y una zona ecuestre, cuando se enteró de este proyecto. Con sorpresa vio que la propuesta de Interchile bordea el embalse y el proyecto inmobiliario a lo largo de 7 kilómetros, pasando una de las 12 torres por el hoyo 6 de la cancha de golf, para posteriormente enfilar por sobre el embalse con otras torres.

“En vez de llevar el trazado por la precordillera, se van por el valle de Limache. Nosotros acá tenemos granjas, producimos flores y aceites esenciales como punto de atracción, pero esta línea que pasa por todo el valle de Limache y la quebrada de Zapallar va recogiendo la energía de una nueva planta de IC Power, de Enap Concón y después a Ventanas”, comenta Chadwick.

Chadwick tuvo conversaciones con la compañía para buscar un trazado alternativo con menor impacto y, pese a que estuvo dispuesto a aceptar que las torres crucen por otro sector de su terreno, finalmente esto no se ha logrado concretar. “El ministro me llamó la semana pasada para decirme que la empresa me iba a contactar para ver qué va a pasar con el trazado alternativo, pero esto aún no ha ocurrido”, comentó.

Interchile reconoce que la voluntad de buscar una alternativa en el embalse Los Aromos está, pero que no provoque más efectos que los de la propuesta original. “La zona de Limache, Villa Alemana y Quilpué está muy complicada, se nos pidió que se haga una variante que no pase por el embalse Los Aromos y estamos viabilizando una alternativa, pero la idea es no provocar más efectos y tratar de no entrar a otras comunas. Hoy no tengo una variante definida… pero hemos hecho varios estudios y no hemos conseguido viabilizar ninguno”, asegura Rodríguez.

Así las cosas, los afectados suman y siguen, mientras la empresa y el ministerio intentan buscar soluciones para que la línea, pese a su rechazo, pueda levantarse en el mediano plazo. •••