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Latinoamérica se ha convertido en uno de los principales focos de inversión en infraestructura, gracias a los planes puestos en marcha por parte de países como Chile, Brasil, México o Colombia. Estos cuatro gobiernos manejan programas de inversión público-privada por un valor superior a los 460 millones de euros en la presente década en carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos e infraestructuras hidráulicas, según se recoge en la revista Insight de KPMG, que dedica un capítulo específico a este mercado en su último número.

Muchos gobiernos de la zona, que históricamente se han opuesto con vehemencia a la participación privada en el sector de las infraestructuras, han dado un impulso legislativo a este capítulo mediante la aprobación de leyes que alientan la colaboración público-privada y la inversión ajena al sector público. Las nuevas leyes de Colombia y México en 2013 son una buena demostración de este cambio, como también los recientes esfuerzos de Brasil por mejorar su marco regulatorio. El monto de los contratos en juego y estos avances legislativos están despertando el interés de grupos constructores y concesionarios de todo el mundo, incluidos los españoles.

La apuesta de Chile

El gobierno chileno cerrará 2013 con proyectos licitados por valor de 2.200 millones de euros, incluyendo el nuevo proyecto de la autopista urbana Vespucio Oriente, la nueva licitación del Aeropuerto Internacional de Santiago, varios hospitales, un nuevo puente que cruzará el río Biobío y la represa de Punilla.

El agua es uno de los principales desafíos de Chile, particularmente en el norte del país, y ocupa un lugar destacado en los planes de infraestructura del país. Para ello, la Estrategia Nacional de Recursos Acuíferos 2010-2025 dará prioridad a la construcción de 16 nuevas presas que incrementarán la capacidad de almacenamiento de agua del país un 30%.

Maurizio Endo, socio responsable de Infraestructuras de KPMG en Latinoamérica, sostiene que, previamente a la puesta en marcha de estos grandes planes, los gobiernos de la región han de concentrarse en tres áreas. En primer lugar, los países de la zona deberán centrar su atención en priorizar e implementar un entorno sostenible para los planes de inversión a largo plazo. En segundo término, han de dotarse de estructuras más profesionales para gestionar los programas ya que los inversores internacionales están buscando proyectos claros, transparentes y bien gestionados en los cuales invertir. “Esto significa que los programas están con frecuencia mal planeados, pobremente estructurados o presentados con riesgos sin mitigar y, como resultado, provocan más la disuasión que la persuasión de los inversores tanto nacionales como internacionales”, explica Endo. Y la tercera tarea que requiere atención por parte de los gobiernos de Latinoamérica son los mercados financieros. Hasta el momento, la mayoría de la actividad inversora ha sido financiada a través de bancos de desarrollo nacional o de apoyo multilateral, debido al escaso desarrollo de otros vehículos como los mercados de bonos.