vía ¿Qué tipo de ciudad queremos? – Revista Capital.

Mientras en el Patio de los Naranjos la ministra de Educación, Carolina Schmidt, daba sus primeras declaraciones, a pocos metros, en uno de los salones de La Moneda, se vivía un momento agitado. Una polémica que debió apagar in situ el propio Piñera: la Comisión Asesora Presidencial para la Política Nacional de Desarrollo Urbano no lograba ponerse de acuerdo en un par de puntos controversiales. Según algunos de los asistentes, el mandatario se preocupó especialmente de zanjar la discusión pues su intención era incluir el tema en su última cuenta pública el 21 de mayo.

Creada para definir los lineamientos urbanos futuros del país, la comisión se entrampó en un aspecto que generó acaloradas discusiones: la llamada captura de plusvalía, que permitiría al Estado recuperar parte de lo gastado en infraestructura, cobrando un impuesto a los privados cuyas propiedades aumentasen su valor debido a inversión pública cercana. El presidente, en esa reunión del 22 de abril, pidió a los 28 integrantes de la comisión que se ratificara el documento, dejando en claro que no hubo consenso respecto a este punto, pero incluyéndolo en el escrito para una discusión futura en el Congreso.

Aunque no ha aparecido en la agenda política de los precandidatos, el tema de la planificación urbana es de vital importancia y por eso el presidente ha monitoreado la discusión. En los últimos 10 años el crecimiento de las ciudades ha sido tan vertiginoso que todas las proyecciones urbanísticas quedaron obsoletas. Santiago, Concepción, Copiapó y Temuco están prácticamente colapsadas (de acuerdo a informes de especialistas en vialidad, medio ambiente, patrimonio e integración social), y no se vislumbra una solución en el corto plazo.

El problema es de larga data. La última gran reforma urbana fue la de 1979, modificada luego en 1985, y que en la práctica dejaba a merced de las leyes del mercado el crecimiento de las urbes. El 2000 dicha política fue derogada y desde entonces las acciones de desarrollo urbano se efectúan por medio de pequeños cambios en la legislación vigente, con escasa planificación y viendo caso por caso. Los críticos señalan que las soluciones así planteadas son de parche y que falta una mirada integral.

Ante este panorama –que se viene discutiendo desde gobiernos anteriores–, el presidente Piñera decidió convocar a un grupo de expertos de diferentes áreas para participar en la Comisión Asesora Presidencial hacía una Política Nacional de Desarrollo Urbano. El primer cónclave fue el 9 de abril 2012, cuando se presentaron los 28 integrantes pertenecientes al sector privado y público. Era un día bastante nublado, pero nadie presagiaba la tormenta que vendría después.

La tarea

Los miembros de la comisión recibieron la misión de elaborar un documento de consenso, que debía recoger los anhelos sobre cómo queremos que se desarrollen nuestras ciudades. La idea es que este texto se convierta en la carta de navegación para guiar los futuros cambios legales que se requieren, y además determinar las líneas de acción concretas que se pueden implementar para avanzar en la construcción de mejores ciudades.

Se pensó que en pocos meses se tendrían zanjados los primeros acuerdos, sin embargo a más de un año de establecida la comisión todavía no se llegaba a humo blanco. Por eso ese 22 de abril el Presidente solicitó a los asistentes no entramparse en las diferencias y seguir con el trabajo, que por ahora está en etapa de borrador.

Existe un análisis compartido: nuestras ciudades se han visto afectados por falta de espacios públicos y áreas verdes de calidad, congestión vial, debilitamiento de la vida de barrio, y pérdida del patrimonio histórico, entre otros. La idea es que mediante una nueva política urbana de integración social se logre revertir situaciones críticas como la de Santiago, que ostenta el primer lugar en el ranking de urbes más desiguales de la Ocde.

Presidida por la premio nacional de arquitectura Antonia Lehmann, la comisión se ha reunido a trabajar prácticamente todos los lunes en Palacio. En estos encuentros se han recibido los aportes de cinco subcomisiones, más un comité integrado por seremis y una mesa intersectorial que reunió a 11 ministerios. Lo cierto es que las sesiones no han estado exentas de polémicas y las diferencias han sido profundas entre los convocados. Más de una vez se pensó en un quiebre de la mesa.

Mathias Klotz, miembro de la comisión y decano de Arquitectura de la UDP, ha criticado la falta de participación de los actores de regiones y el hecho de que algunos integrantes sólo llegaran el primer día a sacarse la foto con el Presidente y después brillaran por su ausencia. También ha cuestionado el compromiso de algunos sectores cuando se habla de planificación integrada, apuntando a los ministerios de Obras Públicas y Transporte y al de Vivienda y Urbanismo.

La discusión más acalorada fue e1 de abril. Klotz cuenta que “el ministro Rodrigo Pérez Mackenna increpó a los asistentes señalando que al fin algunos integrantes como yo nos habíamos sacado la careta al apoyar la captura de plusvalía. Durante dicha sesión junto a Patricio Hales (diputado PPD), Luis Eduardo Bresciani (presidente del Colegio de Arquitectos), Mario Ubilla (decano de la facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos PUC); y Leopoldo Prat (decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile), planteamos la necesidad de tener una política de suelo, haciendo ver que sin ella y pese a las buenas intenciones del documento, la comisión no tendría sentido. El suelo urbano es el insumo primero e indispensable para cualquier ciudad. Finalmente, se acordó incluir el tema de la política de suelo a la discusión y en especial, abordar la idea de un mecanismo tributario de captura de plusvalía”. Revista Capital intentó conocer la versión del ministro Pérez Mackenna, pero éste no accedió a las reiteradas peticiones de entrevista.

La captura de plusvalía en términos sencillos funcionaría de la siguiente manera: si el Estado hace una inversión muy grande como una línea de Metro o un parque, con lo cual se benefician directamente sus vecinos, ya sea instituciones o privados, estos vecinos al momento de vender su terreno, que subió claramente su valor, deberán pagar al Estado algún porcentaje del aumento de precio como recuperación de la inversión.

Contrarios a esta herramienta argumentan que su aplicación es compleja, que para eso están las contribuciones, que si se aplica a inversiones del Estado entonces debiera también hacerse a las inversiones privadas, ya que los beneficios colaterales son casi idénticos. Para el integrante de la comisión Iván Poduje, “es un mecanismo de financiamiento, con muchas imperfecciones debido a la dificultad de calcular el beneficio que genera una obra pública. Además, puede ser un tributo regresivo, cuando se aplica sobre barrios vulnerables, donde el objetivo de la inversión pública es precisamente generar valor, no quitarlo. Por último, si vas a cobrar plusvalías debieras hacer lo mismo cuando las acciones públicas generan minusvalía, lo que ocurre a menudo e implicaría un desembolso importante de recursos”.

El grupo de cinco disidentes sostiene que sería una medida redistributiva. “El Metro se construye con platas de todos los chilenos y se benefician obviamente los usuarios, pero del suelo se benefician directamente los relacionados a esos terrenos. Entonces, tendría sentido que el Estado pudiera recuperar parte de la inversión. Como lo hacen los privados en las autopistas concesionadas: le cobran a la gente por pasar. Ahora, si en una zona periférica se construye un metro no le puedes cobrar, pero sí en Las Condes o Providencia que ya cuentan con buenos servicios de transporte. No se trata de una organización socialista ni mucho menos. Se aplica en Brasil y en Colombia hace mucho tiempo”, cuenta Klotz.
El diputado Hales agrega: “los únicos afectados con la implementación de la captura de plusvalía serían los especuladores de la tierra, en el caso de cambios de suelo agrícola a suelo urbano”.

La Cámara Chilena de la Construcción se opone tenazmente. “Primero, porque la plusvalía de un sector depende tanto de iniciativas –como cambios a los planes reguladores– e inversiones públicas como de lo que hagan empresas privadas o el mismo propietario, por lo que es muy difícil determinar cuál es el aporte a la valorización económica de los terrenos que realiza cada uno y así calcular correctamente el impuesto a cobrar. Además, el precio de una vivienda no necesariamente aumenta con la presencia de una inversión pública, como es el caso de viviendas que están muy próximas a una autopista y cuyo valor disminuye. Independiente de lo anterior, en el país ya operan instrumentos tributarios que intentan capturar las variaciones en el precio de los terrenos y de la riqueza de las personas. Sería un doble impuesto. Asimismo, actualmente se está discutiendo un proyecto de ley que obligará a los proyectos a pagar proporcionalmente por las externalidades directas que generen”, argumenta Pablo Álvarez, gerente de vivienda y urbanismo de la Cámara.

El arquitecto y urbanista Marcial Echenique sostiene que la captura de plusvalía puede funcionar en teoría, pero no en la práctica. “La sola mención de esta herramienta deja entrever que mucha gente llamada a formar la comisión no sabe lo que ha pasado en esta materia en el mundo. La primera vez que se hizo esta ley fue en Inglaterra, 1947, después de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno laborista introdujo un Estado de bienestar y una de las cosas más importantes fue la nacionalización del espacio construido, o sea de ahí en adelante el Estado capturaba la plusvalía. No se construyó nada porque nadie se interesaba; la única construcción fue la del Estado. En 1951, cuando ganó por segunda vez Churchill, se abolió esta ley y empezó otra vez el boom inmobiliario; en 1964 con Harold Wilson se impuso de nuevo ese impuesto y se paralizó la construcción. Hasta que finalmente, los británicos dejaron de experimentar y se tomaron en cuenta otras fórmulas más pro mercado. En Chile ya existe de cierta manera un impuesto a la plusvalía que se refleja a través de las contribuciones, la cual por supuesto que es perfectible”.

Contra la segregación

Pero no sólo de plusvalía se discutió durante las reuniones. La intención de hacer ciudades más inclusivas fue otro aspecto controvertido. Una de las conclusiones de la comisión aspira a que en todas las nuevas áreas que se edifiquen en el futuro, un porcentaje deberá estar destinado a vivienda social, sin importar dónde se esté construyendo ni el valor del suelo.

Con ello, se espera que la gente de sectores periféricos no tenga que viajar 3 ó 4 horas todos los días a su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, sería una solución para que no se generen guetos. Punto discutible para Echenique, quien defiende la expansión de las ciudades siempre manteniendo un cierto control por parte del Estado: “ese cuoteo genera más delincuencia y drogadicción. De todo esto, lo que resulta es la construcción de edificios sociales con departamentos pequeños que se deterioran prontamente y que quedan abandonados cuando a los habitantes les va mejor. La vivienda social debe ser idealmente una casa, para que su propietario la amplíe a medida que la familia lo requiera”.

Klotz, en cambio, es partidario de un modelo de ciudad más densa con buen transporte público: “olvidémonos de la casita con jardín. El tema está entre vivir en un barrio bien consolidado con edificios de 4 y 7 pisos versus las 4 horas que demoras en llegar desde el trabajo a la casa si vives en la periferia”.

Como era de esperar hubo respuesta inmediata por parte de la CCHC: “para avanzar en materia de integración social, más que exigir cuotas de viviendas sociales, el Estado debiera promover una mejora del equipamiento y la infraestructura urbana de los sectores segregados, pues así elevaría sus condiciones de vida y de movilidad, lo que, en la práctica, genera integración social. Un ejemplo es la comuna de Santiago, que, al haber promovido la densificación en ciertas zonas, permitió que muchas personas beneficiarias de subsidios adquirieran departamentos, accediendo así al buen nivel de servicios que ofrece la comuna”, sostiene Alvarez.

Pese a las aprensiones del gremio, la idea fue incluida en el documento. “Desde el primer día señalé que la prioridad era resolver el drama de la segregación urbana. Esa fue mi motivación para participar y me voy satisfecho, ya que el tema ha quedado muy bien priorizado entre las conclusiones y con consenso de todos los integrantes. Las propuestas son potentes e incluyen ideas como garantizar estándares de áreas verdes y servicios, establecer cuotas de vivienda social para generar barrios mixtos, zonas con este uso en los planes reguladores, para evitar nuevos problemas de segregación. Además se proponen planes focalizados de inversión pública en barrios vulnerables, reforzando los programas actuales”, comenta Iván Poduje.•••

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Nuevo ministerio

Entre las propuestas de la comisión, figura un Ministerio de la Ciudad, Vivienda y Territorio, que transforma y fusiona el actual Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales. Además, apoya la creación de una fiscalía para vigilar el correcto uso de las viviendas y un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con facultades consultivas y resolutivas sobre proyectos.