Propuesta busca articular los más de 40 programas del Estado para abordar la protección de la infancia
Ante la urgencia de contar con un sistema de protección integral que asegure un continuo de cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes del país, es que se desarrolló una propuesta de modelo de gestión para articular los más de 40 programas que existen actualmente desde el Estado, que a pesar de los esfuerzos no consiguen responder a las necesidades de la infancia.
En lo poco que llevamos de este año hemos vivido una serie de eventos que reflejan la precariedad y vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes (NNA) de nuestro país.
De acuerdo con la encuesta Casen 2017, un 50% de los hogares con NNA declara haber presenciado o vivido en los últimos meses situaciones de violencia en el área de residencia.
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) fue ratificada por Chile en 1990, sin embargo treinta años después el Estado aún se encuentra materializando los compromisos asumidos mediante su suscripción.
En ese contexto, Unicef estableció una alianza con el Laboratorio de Innovación Pública (LIP) de la Universidad Católica, con el objetivo de brindar asistencia técnica al gobierno en materia de diseño de un modelo de gestión a nivel local que permita la efectiva materialización de la protección integral de los derechos de los NNA.
Se hizo un proceso de investigación que implicó una mirada exhaustiva de las redes institucionales y la oferta de servicios para la infancia en tres comunas de alta complejidad y de tamaño medio a grande de la Región Metropolitana: Colina, Santiago y La Florida.
Los resultados de la investigación demuestran que, en la escala local o municipal, donde se materializa el grueso de la prestación de servicios a los NNA en Chile, la oferta se entrega de manera muy fraccionada. En algunas comunas pueden haber hasta 47 servicios desde el Estado dirigidos a la infancia, sin embargo no todos cuentan con oferta suficiente de cupos para responder a las familias.
Resultados
Además, se observó que se utilizan enfoques, lenguajes y criterios dispares, que hay falta de coordinación inter e intra sectores y que la gestión de la oferta se encuentra altamente judicializada.
El informe plantea que el mayor avance a la fecha ha sido la creación, a nivel nacional, del subsistema Chile Crece Contigo, el cual constituye un importante esfuerzo por aumentar la coordinación y la oferta en materia de promoción y prevención de los derechos de los NNA. Debido al alcance y diseño del subsistema, los efectos positivos de la instalación del programa se concentran principalmente en las prestaciones asociadas al sector salud y en menores hasta los cinco años de edad.
Desde el LIP resaltan la necesidad de crear un modelo de gestión de la oferta local que asegure tres aspectos claves: la rendición de cuentas, el continuo de cuidado y el proceso de cuidado común. La protección integral de los derechos de la infancia implica abordar acciones en el continuo que abarcan la promoción, prevención y protección.
“Lo que hay que desarrollar es un continuo de cuidado, es decir, una forma de cuidar común. Lo que nosotros observamos es que todas las instituciones deben compartir una forma de hacer las cosas y debe contemplar la derivación efectiva de los casos, para atender la problemática integral de los NNA. Esto se puede hacer en la medida que se compartan procesos, lenguajes y enfoques, siendo un tema crucial que existan criterios de priorización compartidos. Mas allá de si hay 47 programas o cinco, lo importante es que compartan un modelo de gestión orientado a la infancia común”, dijo Mariana Fulgueiras, investigadora del LIP.
También se menciona en el informe que para asegurar la protección, promoción y prevención de los derechos de los niños no basta con crear estructuras legales o administrativas centrales, sino que es necesario pensar a nivel local y asegurar que los procesos, protocolos, flujos, mecanismos de comunicación, retroalimentación, participación y rendición de cuentas sean coherentes entre sí y pertinentes a las realidades que enfrentan los menores.
“Los municipios siempre van a ser quienes lideren la puesta en marcha de los programas, entonces hay que facilitarles los procesos y hacerlos partícipes del diseño de los programas para que puedan tener una oferta coherente y coordinada en el territorio y pertinente a las necesidades de la gente”, comenta Fulgueiras.
Seminario
Para dar a conocer el estudio, se realizó un seminario, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, que contó con los comentarios de la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato y de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, además de la representante adjunta de Unicef Chile, Sayo Aoki.
Todas coincidieran en la urgencia de aprobar el proyecto de ley de Garantía de Derechos de la Niñez, actualmente en discusión en el Congreso, que lleva más de treinta años de discusión. Este proyecto tiene como propósito establecer un marco legal que fortalezca la protección integral de la infancia, garantizando una expresión territorial o local para la protección efectiva de la niñez en todo el país y favoreciendo la efectividad de la inversión pública orientada a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
“Estamos llegando tarde, estamos reaccionando y reaccionando mal” señaló Patricia Muñoz. “No puede ocurrir este ‘compra huevos’, un desfile de una institucionalidad a otra, que no están coordinadas entre ellas. Eso se puede cambiar con una gestión pública eficiente a través de las Subsecretaría de la Niñez, con pertinencia local”.
En tanto, la subsecretaria de la Niñez afirmó que “a nivel central, somos ciegos de lo que ocurre a nivel local, y debemos saber lo que se necesita en el territorio” y agregó que “debemos ir ajustando el modelo (de las oficinas locales de la protección de la niñez), para que cuando la Ley de Garantías se promulgue, tengamos evidencia respecto de cómo hacerlo, y que sea suficientemente flexible para c/u de los territorios”.
“La protección de derechos no puede variar según la localidad donde vive el niño/a. Se requiere una institucionalidad local fuerte y capaz de implementar los programas de protección de manera eficiente”, dijo Sayo Aoki, representante adjunta de Unicef Chile.
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