El Establo (+56) 2 2738 8533La ola de tiroteos vinculados al narcotráfico en la Región Metropolitana tiene en alerta a las municipalidades. The Clinic conversó con un grupo de alcaldes -oficialistas y de oposición- quienes, si bien advierten que este es un problema que trasciende a los distintos gobiernos, aseguran que el proyecto enviado por el Ejecutivo es “insuficiente”, ya que no se hace cargo de toda la cadena del delito, especialmente en el aumento de poder de fuego de las bandas criminales. Las propuestas de los ediles van desde la prohibición total hasta una regulación más exigente que la actual.
En las últimas semanas, se han registrado distintos episodios de balaceras vinculados al narcotráfico en Maipú, Cerrillos, Lampa, Lo Espejo, La Granja, El Bosque, Estación Central y otras comunas de la Región Metropolitana.
Frente a esta oleada de tiroteos, el Gobierno ingresó un proyecto de ley contra el crimen organizado con el objetivo de “modernizar una legislación a las nuevas formas de criminalidad que existen hoy en día”, según subrayó Juan José Ossa, subsecretario de la Segpres.
En síntesis, la iniciativa del Ejecutivo le entrega más facultades a las policías para interceptar teléfonos y realizar incautaciones. Además, amplía la calificación de asociación ilícita, con especial énfasis en el narcotráfico, y eleva las penas.
Sin embargo, el proyecto no transmitió seguridad en las comunas de la Región Metropolitana. Para el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (Unir), este es un tema que “requiere un análisis de mirada amplia” y exige ser abordada, al menos, en tres áreas claves:
– Elaborar políticas consistentes en materia de prevención temprana en barrios vulnerables, que signifiquen un contrapeso a la cultura criminal.
– Crear un mecanismo de “persecución especializada” frente al déficit que hay en el sistema jurídico policial.
– Tener un control efectivo de la tenencia de armas, ya que la actual regulación “cumplió su ciclo y está obsoleta”.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), concuerda con esta visión y pone el acento en este último punto: “El descontrol que existe en materia de la tenencia ilegal de armas de fuego obedece indudablemente al avance del narcotráfico el el país, porque son los narcos los que han hecho del poder de fuego una de sus fortalezas para generar copamiento territorial”.
En la misma línea, acusa que “la fiscalización que hace Carabineros de las armas inscritas, muchas de las cuales son compradas de manera legal para traspasárselas a los delincuentes, es muy ineficaz”.
Tanto Felipe Delpin (DC) como Mario Olavarría (UDI), alcaldes de La Granja y Colina, y dirigentes de las dos principales asociaciones de municipalidades del país (Achm y Amuch, respectivamente), concuerdan en que este es un tema que se arrastra hace años y ha trascendido a los gobiernos de turno.
De hecho, este último subraya que “a vista y paciencia de todas las autoridades, hemos visto un actuar cada vez más osado y organizado, con armamento de guerra, por parte de estos grupos a los que no les pasa nada (…) Hoy día estamos viendo lo que hemos cosechado”.
TENENCIA DE ARMAS: ¿PROHIBIR, REGULAR MÁS O LIBERAR?
Delpin asegura que este ascenso del crimen organizado tiene que ver con fallas en toda la cadena del delito. Aún así, observa que uno de los problemas principales es el aumento del poder de fuego de estas bandas criminales, a tal punto que, según él, se han visto casos de fabricación propia de armamento: “Se venden pistolas a fogueo que luego son modificadas y terminan siendo armas letales”.
Para el alcalde de La Granja, la única salida es “prohibir derechamente toda venta y la tenencia de armamento por parte de privados y civiles. Quienes están autorizados para portar armas son las policías. Ni siquiera los carabineros que se han jubilado deben tener autorización para portarlas”.
Los alcaldes Durán y Pizarro también están por prohibir. Esta última argumenta que el recorrido de las armas de fuego “siempre termina en manos de quienes las usan para cometer delitos. Y allí ya se pierde el control absolutamente”.
Por su parte, Olavarría concuerda en que “el uso de armas por parte de civiles no es la mejor receta para atacar esto y las autoridades deben dar el ejemplo. Las armas en Chile tienen poseedores naturales, que son las Fuerzas Armadas y las policías”.
Sin embargo, realiza un contrapunto sobre los civiles autorizados para poseer armas, ya que teme que en Chile esto se traduzca en grupos que compran armamento “a diestra y siniestra”, siguiendo ejemplos como la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos (NRA, por sus siglas en inglés).
“Eso sería el final. Hemos visto en EE.UU. cómo operan estos grupos que son muy poderosos. Es lo mismo que el narcotráfico, pero para el lado legal. Así que ojalá que no entremos en esa vía, al contrario, hay que restringir”, sentencia.
PROYECTO DEL GOBIERNO: ¿AVANCE O RETROCESO?
Los alcaldes tienen distintas miradas frente al proyecto del Gobierno en materia de crimen organizado, aunque en general concuerdan en que se trata de una iniciativa insuficiente.
El alcalde Olavarría sostiene que una mejor salida sería presentar “un conjunto de proyectos de ley” que permita avanzar hacia un modelo como el islandés, que combine intervenciones al sistema policial, legal, normativo y judicial.
Por su parte, Delpin destaca que “siempre es un avance contar con mayores elementos que permitan perseguir”. Sin embargo, hace la salvedad de que los cuerpos uniformados deben contar con los elementos necesarios para estas tareas. “La policía debe ser capaz de perseguir a estos grupos con inteligencia. Todos saben donde están las bandas de narcotráfico, pero hay que actuar”, manifiesta.
Por otro lado, la alcaldesa Pizarro cuestiona que “distinguir entre dos tipos de asociaciones ilícitas no creo que inhiba que los delincuentes de organicen. Hay una cultura de la violencia, impuesta por el narcotráfico en especial, que es necesario combatir con alternativas integrales, no solo con mayor represión”.
En esa misma línea, Durán critica que el proyecto “centra su mirada en el fortalecimiento de las competencias policiales y judiciales, en el endurecimiento de las penas, y por tanto, pone todos sus esfuerzos en el control y la persecución, teniendo un alcance que resulta comprobadamente insuficiente a lo largo de los años”.
“Ante ese escenario necesitamos una política de prevención integral que, además de avanzar en la modernización y en la profesionalización de las policías o en dotar de mayor inteligencia las labores de persecución de este tipo de delitos, logre hacerse cargo de la inequidad y la segregación, de la marginalidad que está en la base del avance del crimen organizado en las poblaciones”, concluye.
Últimos Comentarios