Tras las denuncias recibidas por los vecinos de Colina ante el daño ambiental que estarían generando los proyectos inmobiliarios La Cumbre, Mirador Pie Andino y Hacienda Guay Guay, la I. Municipalidad de Colina, por medio de su Dirección de Obras, solicitó formalmente una fiscalización exhaustiva de la Superintendencia del Medio Ambiente a los terrenos en cuestión.

En respuesta, la autoridad de gobierno señaló que la fiscalización ya está en curso y que informarán al municipio de los resultados de la misma una vez que concluyan las visitas en terreno y los procesos legales pertinentes.

“Le estaremos haciendo un seguimiento muy detallado de todo lo que está haciendo la Superintendencia del Medio Ambiente, por parte de la Dirección de Obras seguiremos analizando los permisos de edificación, así como los otros organismos que también tienen que ver con la materia. Junto con los vecinos y el alcalde haremos todas las acciones necesarias para ponerlo en la agenda a nivel nacional”, enfatizó la Directora de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Colina, Ángela Prado.

“En lo que a nosotros nos compete como Dirección de Obras y, dentro de nuestras funciones, nuestra tarea es fiscalizar que se cumpla la norma y también poder alentar a los organismos competentes de realizar fiscalizaciones exhaustivas sobre este territorio. En este sentido, el alcalde mencionó que se pidió la evaluación a la Superintendencia del Medio Ambiente y ésta respondió que están en proceso de fiscalización”, agregó.

La fiscalización corresponde al Ministerio del Medio Ambiente

En efecto -aclaró el municipio- serán las autoridades a quienes les compete fiscalizar y controlar el desarrollo territorial en las zonas de protección ecológica , de acuerdo al estatuto legal vigente, y que, además, también les corresponden a instancias nacionales o regionales como son la Superintendencia de Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la División de Desarrollo Urbano del MINVU, el Servicio Agrícola y Ganadero y la CONAF. Por lo mismo, instó a los vecinos a estar tranquilos y esperar los resultados que arroje la fiscalización.

El jefe comunal explicó también que, si bien para algunos vecinos y también para el municipio se trata de una situación ilegal, existen normativas superiores al Plan Regulador, vigentes desde el año 1997 que permiten la construcción de estos proyectos siempre cuando estén aprobadas sus subdivisiones.

“Hoy tomamos ciertas acciones, como realizar en el concejo municipal, al que asistieron algunos vecinos, una exposición que explica correctamente todo el contexto que rige la normativa y que a la municipalidad la coloca en una situación compleja, porque nosotros no tenemos mayor injerencia en eso; por lo tanto hay otras instancias e entidades que tienen que hacerlo o también habría que modificar la Ley. Esto es es lo que quisimos explicar para que le quede muy claro a los vecinos”, sentenció el alcalde.

Como conclusión, se puede establecer que:
Las autoridades a quienes compete directamente fiscalizar y controlar el desarrollo territorial en las zonas de protección ecológica, corresponden a instancias nacionales o regionales, tales como la Superintendencia de Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la División de Desarrollo Urbano del MINVU, el Servicio Agrícola y Ganadero y la CONAF.

La Dirección de Obras, en relación a las áreas de protección ecológica, solamente pueden controlar el cumplimento de las normas aplicables a las construcciones que se emplacen en esos lugares, careciendo de herramientas para controlar y fiscalizar aspectos medioambientales y de desarrollo sustentable.

La Municipalidad puede encausar las inquietudes de sus vecinos, respecto de las áreas de protección ecológica, presentándolas ante las autoridades medioambientales y promoviendo el diálogo entre los propietarios y la Comunidad.