Fuente: “¿Cómo y cuándo?” Pausan plan de Lavín y siete alcaldes de restringir horarios a menores – La Tercera

Ni la fecha estimada ni el método a aplicar. Esas son las dos gruesas dudas para las que aún no tienen respuestas definitivas los ocho alcaldes que se embarcaron en la idea de limitar el horario en que los menores (de 16 años hacia abajo) puedan circular por la calle sin un adulto al lado. Tres días después de celebrar que la consulta ciudadana no vin-cu-lan-te les diera un 85% de respaldo -pese a que solo votó el 8,9% de los electores-, las autoridades tendrán esta semana al menos dos reuniones para encarar el dilema de fondo: cómo evitar que la iniciativa ya prometida no quede en letra muerta o inocua, pero tampoco en una norma inaplicable que colisione con un muro de impedimentos legales.

El obstáculo estribaría en que la sola idea de restringir el horario de circulación de los menores atraería acciones legales amparadas en que no se puede pasar por encima de derechos fundamentales garantizados por la Constitución y las leyes. Panorama jurídico que se complicaría aún más si es que la iniciativa de desplegar “brigadas” que hagan cumplir lo que se prometió en la consulta lo concretarán trasladando a los niños de vuelta a sus casas. Esos dos escenarios son los que tiene en la mira la Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, decidida opositora a la medida, que ya alista acciones legales para no dejarla pasar.

Esto redunda en que mientras los jefes comunales no despejen sus dudas jurídicas y administrativas, de momento no tienen fecha ni mecanismo claros para aplicar la medida. Por eso, ayer varios de ellos abordaron estas complejidades con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y por eso mismo se reunirán a las 10:30 horas de este sábado 6 con Joaquín Lavín como anfitrión. El alcalde de Las Condes -inconfesado pero claro aspirante a las presidenciales del 2021- es quien se juega más en esta apuesta. Pero sus compañeros de cruzada también, ya que el año entrante hay elecciones municipales.

El grupo lo completan Mauricio Viñambres (PS, Quilpué, uno de los más decididos impulsores); Carolina Leitao (DC; Peñalolén); José Manuel Palacios (UDI; La Reina); Mario Olavarría (UDI, Colina); Rodolfo Carter (ex UDI, La Florida); Felipe Guevara (RN, Lo Barnechea) y Karen Rojo (independiente, Antofagasta).

En el papel, el camino natural para un alcalde es elaborar una ordenanza municipal que norme cómo se aplicará la medida, llevarla al concejo y que éste la vote y apruebe. Pero en este terreno legal pantanoso, algunos tienen dudas de que sea una herramienta suficiente. Por eso, la otra opción que habrían sondeado con Chadwick, es que, si eso no basta, pues entonces que el gobierno se involucre y envíe un proyecto de ley. Como sea, quedaron de entregarle una propuesta.

Eso implica dilatar por un tiempo determinado la aplicación de la norma. Y para qué decir si involucra normas de alcance constitucional que requieran de un quórum parlamentario más alto. Tiempo que no sobra: al menos en una de las alcaldías hacen ver que ya han recibido consultas, cuando no cierta presión, respecto de cuándo se hará efectiva la promesa de que los menores no estarán hasta tarde en la calle.

El tema esperan zanjarlo en el encuentro del sábado. Uno de los insumos que manejan es un borrador tipo de ordenanza municipal que Viñambres, alcalde de Quilpué, aportará y para el cual habría recibido la asesoría del ex senador (PS, igual que él) José Antonio Viera-Gallo.

La cuestión de fondo, además, es si estos ocho alcaldes finalmente se limitarán a desplegar brigadas meramente informativas, que entreguen folletos y adviertan a los menores que han excedido el horario tope; o bien que además los aconsejen, o que los trasladen de vuelta a sus casas. Estas última es la idea más controvertida y riesgosa.

Las opciones de los alcaldes

En Las Condes, el equipo de Lavín dice que no consideran aplicar esta variante “ni nada que pueda sobrepasar la ley: no podemos hacer control de identidad ni sacar niños de la calle”. De momento, este fin de semana desplegarán “brigadas” meramente informativas.

Lo de emitir una ordenanza está en duda. Las Condes comenzará a revisar esto mañana jueves a las 16.30, hora de la próxima sesión de concejo, y el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo, Cristián Velasco, asume que hay dudas sobre cómo aplicar la idea: “Comparto con el alcalde que quizás no es la mejor medida, pero por lo menos hay que partir por algo”.

Pero agrega que se justifica porque “hay una responsabilidad de muchos padres porque de repente tú ves que niños de 14 años no solo están en una plaza fumándose un pito, sino que también haciendo portonazos”.

Velasco cree que si las brigadas “tienen la posibilidad de llevarse a la casa a un niño porque vive cerca, que lo hagan. Es un tema de criterio”. Pero admite que es un riesgo trasladar niños a sus casas, aunque no por las aprensiones legales de la Defensora de la Niñez: “Imagínate que choca el auto y se muere el cabro chico. Además, ¡incentivas la flojera de los padres que dejan botados a sus cabros!”.

En Quilpué, Viñambres ha optado por la cautela. Quiere someter el borrador de ordenanza a la mayor discusión posible antes de llevarlo a su concejo y votarlo. No quiere adelantar cómo piensa aplicarlo, pero antes ha dicho que “la idea es que si un niño anda a la una de la mañana en la calle, que la policía o un móvil municipal pueda llevarlo a su casa”, y que luego se le haría “un seguimiento” y se le “tomarían los antecedentes” a la familia. Incluso admitió en pantalla que “sabemos que la ordenanza es inconstitucional”, pero que “si lo es, le pido al Congreso una reforma”.

En Colina se inclinan por otro camino, muy distinto. Olavarría quiere hacer otra consulta para estar seguro que la idea se valide: a los estudiantes entre 1° y 4° Medio, pero después de las vacaciones de invierno de julio, antes de pensar en la ordenanza. Y en La Reina tienen dudas de recurrir a esa herramienta: de momento les atrae más descansar en su red de cámaras de vigilancia y acudir cuando detecten una situación a “usar sicología” con los menores.

La triple contraofensiva de la Defensora de la Niñez

Tanta duda de los alcaldes tiene a alguien esperándolos en el rincón opuesto del ring: la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien ya ha criticado la idea varias veces y acá reitera que no dejará pasar la cruzada tan fácil porque alista al menos tres líneas de acciones administrativas y judiciales. Primero, un requerimiento para “lograr que se pronuncie la Contraloría sobre la legalidad de una acción como ésta, que desde nuestra perspectiva excede las facultades de los municipios”.

La segunda línea es presentar ante tribunales recursos de protección contra la o las ordenanzas municipales que se dicten y aprueben, en el caso de que éstas contengan -a juicio de la Defensora- infracciones a garantías fundamentales (libertad de circulación) cubiertas por la Constitución. Si dichas ordenanzas además disponen el funcionamiento de brigadas, la institución también actuaría contra “el ejercicio ilegítimo de una función que la Constitución y la ley les entrega a las policías”.

La tercera, y que supone un escenario más delicado, es que el organismo dirigido por Muñoz interponga recursos de amparo, en el caso que alguna de estas brigadas “si es que se llegara a concretar, por ejemplo, que algún niño, niña o adolescente fuera subido por parte de un adulto desconocido a un automóvil para privarle de libertad y trasladarlo a otro lugar”, aludiendo así a la idea de que sean devueltos de esta forma a sus casas.

“Si una brigada les dice que los van a llevar a su casa, eso es ilegítimo”, y son vigilantes municipales -agrega- tampoco porque “no están avalados para ejercer esa función”. Más allá de la idea planteada por algunos alcaldes, la defensora dice que ese ejemplo, según se aplique, “incluso podría ser constitutivo de un delito de secuestro, por ejemplo”.

“A mí me sorprende que no haya un escándalo de proporciones con la propuesta de estos señores de que sujetos extraños pretendan subir a sus autos a niños para trasladarlos a su domicilio”, cierra