Tal sería el impacto de un eventual cambio de nombre del aeropuerto que incluso afectaría a “los prestadores de servicios en los rubros de apoyo directo a las aeronaves, tales como: alimentación, aseo, combustible, tratado y bodegaje.

Fuente: Más de $500 millones costaría cambiar el nombre al aeropuerto de Santiago

Hasta que llegó la respuesta. La Dirección General de Aeronáutica Civil por medio un oficio se refirió al impacto que significaría el cambio de nombre del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB).

La iniciativa se enmarca en una moción parlamentaria, cuya tramitación legislativa ha presentado avances durante las últimas semanas. En efecto, inicios de noviembre la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados dio luz verde al ajuste.

Entre los nombres que han barajado los diputados que están de acuerdo con el cambio está el de Pablo Neruda para el AMB o Gabriela Mistral en el caso del Aeropuerto de La Serena.

En el escrito, la entidad encargada de resguardar la seguridad de los vuelos nacionales e internacionales de los aeropuertos del país, detalló las complicaciones que generaría la iniciativa, que no sólo afectaría la operación, sino que también a las empresas externas.

El cambio implicaría “el remplazo de normativa, tramitación de decretos supremos, el cambio de todos los planes de emergencia, seguridad y procedimientos locales que se materializan en el aeropuerto entre otros. Paralelamente, compromete la actualización de documentación operacional y reemplazo de toda la señalética vertical”.

De igual manera el cambio significaría también un costo relacionado con las hora hombre adicionales, que principalmente se concentran en las actividades administrativas de cambios de Planos de Protección, actualización de Normativa DAN, DAP, DAC, PRO que es la que sustenta, norma y regula la Seguridad Operacional para el normal funcionamiento del Aeropuerto.

“El costo actual, según detallado en el Anexo adjunto, asciende a $ 572.635.464”, sostuvo la DGAC, agregando que para la determinación del costo, se han considerado exclusivamente las actividades relacionadas a los cambios y reemplazos de la normativa vinculada, los cambios en las tarjetas de identificación de acceso y horas hombre requeridas.

“La totalidad de las empresas aéreas, tanto nacionales como internacionales, junto a los centros de mantenimiento aeronáutico que actualmente operan en este aeropuerto, deberían también actualizar sus manuales de operación y toda la documentación relacionada, ya que en ellos normalmente se consignan las bases de operación y su ubicación”, sostuvo el oficio firmado por el Director General y General de Aviación de la DGAC, Víctor Villalobos.

Pero no sólo eso. Tal sería el impacto de un eventual cambio de nombre del aeropuerto que incluso afectaría a “los prestadores de servicios en los rubros de apoyo directo a las aeronaves, tales como: alimentación, aseo, combustible, tratado, bodegaje, etc., que también deberían actualizar toda su documentación operacional”.

Por otra parte, esta Dirección General, aseguró que no puede pronunciarse respecto a: Los derechos de propiedad, y costos que puedan ser afectados en la actualidad y en el futuro. Adicionalmente, desde el punto de vista de las concesiones, tampoco se pueden estimar costes a empresas externas ligadas a la operación y normal funcionamiento. Y por otra parte tampoco se refirió a los temas de vialidad, señalética así como los aspectos medioambientales y otros, deberán ser consultada las respectivas autoridades.

“En el plano internacional, que involucraría publicaciones y documentación de la OACI, toda vez que hay implicancias, en las operaciones de aeronaves y que impactan en una compañía proveedora por los datos insertos en los sistemas de navegación FMS (sistema de gestión de vuelos). Asimismo, todas las autoridades aeronáuticas mundiales deberán modificar el nombre del aeropuerto en sus respectivas publicaciones (AIP) con los inconvenientes que ello puede significar a la seguridad de las operaciones aéreas”, remató el oficio de la DGAC.

Piden declarar inadmisible el proyecto

Para el diputado RN, Andrés Celis, el proyecto de ley resulta inadmisible toda vez que se inicia de una forma inconstitucional. Ello, porque al considerar gasto público es una materia exclusiva del presidente de la república.

Por lo mismo, ha solicitado a la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández que declare inadmisible el proyecto.

“En el improbable evento que la sala decida reconsiderar la inadmisibilidad, es un proyecto entonces que necesariamente debe ser conocido por la comisión de Hacienda. Espero por el bien de todos los chilenos que al conocerse el costo primitivo, porque ni siquiera se ha informado los costos para las aerolíneas y demás costos particulares, el proyecto no siga su tramitación”, concluyó.