El Trigésimo Juzgado Civil de Santiagocondenó al Estado a pagar una indemnización total de mil millones de pesos a la cónyuge e hijos de Joaquín Arnolds, una de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en septiembre de 2011 en el archipiélago Juan Fernández.
Según el Poder Judicial, la sentencia a favor de la familia de Arnolds, gerente general del Desafío Levantemos Chile, establece la responsabilidad fiscal por la serie de faltas en que incurrió la tripulación de la aeronave, que no respetó los reglamentos y manuales vigentes para este tipo de viajes en cuanto y falló así en la fase de planificación.
“Sin embargo, la responsabilidad que concierne a la tripulación no se agota en ella, sino trasciende y hace extensiva tanto al Mando Institucional de la Fuerza Aérea de Chile y a su función gestora y fiscalizadora, al no haber supervisado ni revisado con la misma minuciosidad la planificación del vuelo del día 2 de septiembre de 2011 del Casa 212, en cuanto, peso, cálculo de combustible y autonomía, en razón de tratarse de un vuelo con punto de no retorno y haber aprobado un Plan de vuelo deficiente, incorrecto e impreciso, para llevar a cabo una misión en un destino que no contaba con normas, instructivos ni procedimientos mínimos de seguridad, en razón de su particular ubicación y características geográficas, llevada a cabo en Material Casa 212″, indica el fallo de la jueza Claudia Salgado.
La resolución destaca además que “tampoco existían normas ni procedimientos que regularan la operación de naves pertenecientes a una brigada aérea en otra, como lo exige la Norma Operativa NOFA y al mismo tiempo, por haber designado una tripulación que carecía de la preparación, experiencia y aptitudes personales necesarias para enfrentar todos los distintos y posibles escenarios en que se puede desarrollar una misión, todas transgresiones contenidas en el Reglamento Serie A 13 Orgánico y de Funcionamiento del Comando de Combate que obliga a supervisar la instrucción, entrenamiento, alistamiento, capacidad operacional para el cumplimiento de la misión y cumplimiento de la normativa institucional emanadas”.
La jueza Salgado desechó así el argumento de “caso fortuito” presentado por la defensa, resaltando además que la tripulación pudo haber pedido reportes de las condiciones meteorológicas antes de llegar a la isla, siendo posible prevenir el aterrizaje.
La indemnización contempla el pago de doscientos millones de pesos para la viuda, Macarena Schuster, y de doscientos millones de pesos para cada uno de sus cuatros hijos.
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