El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, resolvió aprobar el acuerdo extrajudicial alcanzado por Inversiones Caburga del grupo Hurtado Vicuña, Holchile y la FNE para que la primera pueda adquirir el control de Cementos Polpaico.

El acuerdo contempla entre otras condiciones la desinversión por parte de Caburga en las plantas cementeras situadas en La Serena San Felipe, Concón, Quilicura, Rancagua, San Fernando y Chillán, asegurando que no exista ningún área geográfica en la que operen menos de cuatro competidores significativos. (La Fiscalía Nacional Económica detectó problemas de competencia como consecuencia de la adquisición en cinco de las localidades, y agregó las plantas de Quilicura y Concón para darle mayor atractivo al paquete que será puesto en venta).

Esta desinversión se realizará como paquete único de activos para continuar la normal operación productiva de éstos como unidad económica, mantener la competitividad en el mercado y permitir la entrada efectiva y duradera de un competidor viable independiente con una escala suficiente para desafiar a los actores integrados de la industria.

Además, el Acuerdo Extrajudicial contempla que la FNE apruebe al comprador de estos activos.

Las empresas suscribieron en octubre del año pasado un contrato por medio del cual Inversiones Caburga se obligó a efectuar una OPA por el 100% de las acciones de Polpaico, donde Holchile se comprometió a vender su 54,32% en la firma.

La operación quedó sujeta a la autorización de la FNE y/o del TDLC, debido a que Caburga es matriz de Cementos Bicentenario, sociedad que también participa en la industria cementera. Por lo que ambas empresas notificaron voluntariamente a la FNE el acuerdo de compra-venta.

Aprobada la operación por las autoridades de libre competencia, Caburga tiene un plazo de hasta cinco días hábiles para iniciar la OPA. El precio por cada acción será de $7.700 más un interés de 4,5% anual sobre el monto base calculado desde la firma del contrato hasta el trigésimo tercer día posterior al inicio de la vigencia de la Oferta Pública, menos la cifra total de distribución de dividendo hecha en el período.