Esta galería, con accesos peatonales por las calles Huérfanos, San Antonio y Estado, comuna de Santiago, se construyó en el año 1955, siendo proyectada por la sociedad conformada por los arquitectos E. Cuevas, C. Silva y C.Neira.

 

Fue remodelada en 1978, según un plan instaurado por el alcalde Patricio Mekis y en el año 1989 dicho inmueble quedó inserto en la Zona de Conservación Histórica A-1 Micro Centro del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

 

A pesar de contar con una protección patrimonial la galería fue comprada en el año 2011 por el empresario multipropósito, Álvaro Saieh, pero no para mejorar sus espacios interiores y los locales comerciales. Por el contrario, como su altura era reducida y como ese empresario todo lo mide en beneficios económicos y plusvalías, hizo gestiones ante el Estado con sus disciplinados testaferros para demolerla y levantar allí un mall denominado Vivo con 12 pisos de altura.

 

Para demolerla uno de sus arquitectos, en agosto de 2011, le solicita la autorización correspondiente a la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, quien en septiembre del mismo año se la niega porque no se justificaba la desaparición de tal inmueble que estaba en muy buenas condiciones, ello teniéndose en cuenta que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) excepcionalmente admite que los inmuebles patrimoniales, que están en riesgo de derrumbarse, puedan ser demolidos siempre y cuando ello sea certificado por un arquitecto.

 

El “eficiente” profesional de Saieh, sin la aludida certificación, insistió varias veces ante la Seremi, la cual en octubre de 2011, en oficio Nº 4790, le reitera al solicitante que “la intervención propuesta no armoniza con las edificaciones del entorno y sus características arquitectónicas, afectando desfavorablemente el carácter y valores patrimoniales del referido Sector de Conservación Histórica”.

 

Pero como en Chile los milagros son posibles, esa misma Seremi en marzo de 2013, vía oficio Nº 979, se arrepiente de su custodia de la ley y le dice al mismo profesional privado que “la intervención propuesta no afecta ………………, por lo cual esta Seremi otorga la autorización solicitada” PLOP.  Como vemos, se ejercieron los cabildeos necesarios para violar las disposiciones reglamentarios y todo ello sucedió en el “antiburocrático” gobierno de Piñera. Con esta forzada autorización ministerial Saieh quedó feliz de la vida.

 

A través de 2 sociedades distintas el titular del proyecto obtuvo en la Dirección de Obras Municipales de Santiago  el  25 de julio de 2013 dos permisos de edificación, números 15.386 y 15.387, para levantar su proyecto de alta carga de ocupación. Como era de esperar, para no someterlo a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tal como lo ordenan las letras c) y f) del artículo 11º de la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, la iniciativa comercial la fraccionó en dos y dichos permisos no fueron firmados por el Director de Obras titular, sino que por un avispado subrogante.

 

La fundación Defendamos la Ciudad tuvo que denunciar este vil comportamiento anti mercado en la Contraloría, ente fiscalizador que en sus 3 dictámenes números 72776, 22791 y 17766, de fechas 10 de septiembre de 2015, 24 de marzo de 2016 y 17 de mayo de 2017, respectivamente, dejó en evidencia una seguidilla de ilegalidades, una referida al exceso de altura : 43 metros en lugar de los 35 metros permitidos. Por ello, se instruyó un proceso disciplinario en contra de los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación de los permisos.

 

Debido a que está expresamente prohibida la fragmentación de este tipo de proyectos, recientemente hemos entregado toda la documentación a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para que curse las sanciones de rigor a la empresa que está construyendo y la obligue a someterse a la ley.

 

Dado que en esta trucha operación comercial su titular obtendrá una indebida mayor ganancia económica, la que es una de tantas en ese municipio, le solicitamos una entrevista al alcalde Felipe Alessandri para que él tomara las acciones punitivas de rigor en contra de sus funcionarios que se prestaron para hacer trampas. El alcalde nos contestó que su agenda estaba muy recargada de compromisos, ante lo cual le replicamos que él debía intervenir ante sus subordinados Directores de Obras, titular y subrogante, para que éstos obedecieran finalmente las categóricas 3 conclusiones de la Contraloría.

 

Hemos dejado este testimonio, no cubierto adecuadamente por la prensa, para que la Municipalidad de Santiago cumpla con su deber, con la seguridad de que la Contraloría entregará los antecedentes al Ministerio Público y así el fiscal correspondiente investigue la razón que tuvo la Seremi de Vivienda y Urbanismo para vulnerar tan livianamente la ley y con ello posibilitar la demolición del inmueble patrimonial que permitió la consecución del millonario negocio del mall Vivo Imperio.