Postulan a administrar un municipio, pero están formalizados o condenados por fraude al fisco, cohecho, maltrato a funcionarios o manejo bajo la influencia del alcohol en un auto fiscal, entre otros ilícitos. Aspiran a manejar millonarios presupuestos, pero han sido cuestionados por la Contraloría por abultar viáticos, rendir gastos de bencina matemáticamente imposibles o repartir dulces con el nombre del alcalde. De ser elegidos, recibirán altos sueldos, pero mantienen deudas morosas con las universidades en las que estudiaron y deudas fiscales que no se pueden dar a conocer. De acuerdo con el análisis de los antecedentes de los postulantes, 104 de ellos han estado involucrados en procesos judiciales, administrativos o tienen deudas morosas con el Estado. El 80% de los involucrados en estos casos son militantes, ex militantes o van apoyados por un pacto. Según la última encuesta CEP, la corrupción está en segundo lugar entre las preocupaciones de la gente (tanto como la salud), y el 80% de las personas cree que “casi todos o bastantes” políticos están implicados en casos de corrupción, aunque el 52% está satisfecho o muy satisfecho con la gestión de su alcalde.
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