Fuente: El Mercurio.com – El periódico líder de noticias en Chile
Más allá del desafío de lograr condenas judiciales y de contar con recintos carcelarios de los que no se fuguen los presos, existe conciencia de que es más relevante para mejorar la seguridad ciudadana romper el círculo vicioso de la verdadera escuela del delito en que se transforman los recintos penales y que explican en parte la alta reincidencia de los reos.
En esas circunstancias, ha tenido buena acogida la propuesta del nuevo director de Gendarmería de Chile, Jaime Rojas, para iniciar desde el próximo mes en el penal de Colina 1 un proyecto de reinserción laboral, destinado a la rehabilitación de reos y disminución de la reincidencia mediante un nuevo impulso a los programas de trabajo en los recintos carcelarios.
El sistema carcelario ha intentado en el pasado aplicar este tipo de iniciativas de formación de habilidades y competencias que permitan aprender un oficio que posibilite al reo ganarse la vida en una actividad lícita una vez que cumpla su condena, pero por distintas razones han fracasado, aun antes de evaluarse su desempeño en un grupo representativo de condenados que hayan vuelto al medio libre. Aparentemente han adolecido de falta de decisión para expandirlo dentro del sistema carcelario y débil fiscalización para evitar abusos de los distintos eslabones del proceso: empleadores, funcionarios de Gendarmería e incluso reos respecto de otros reclusos.
El factor que puede marcar una diferencia en este caso es la voluntad declarada por el mando de Gendarmería de aumentar la participación de los empleadores privados y sus inversiones al interior de las instalaciones acogidas al programa. Su idea es reforzar los Centros de Estudios y Trabajos (CET) en que se encuentra recluido del orden del 7% de la población penal. Han comprometido su apoyo en este proyecto el Servicio de Capacitación y Empleo (Sence), la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, cada uno en sus respectivas áreas, lo que puede ser decisivo para los logros de esta iniciativa. Su ejecución requiere en todo caso de un adecuado esquema de incentivos o compromisos a la empresa privada, así como de un estatuto laboral especial para los reclusos.
La lamentable situación de la población penal requiere de una política integral que reúna a la mayor parte de los organismos relacionados cuya colaboración conjunta así lo reclama, y es valioso que las nuevas autoridades emprendan de inmediato acciones para avanzar en esa dirección. Por último, es importante que se establezca e informe del horizonte de plazo dentro del que se evaluará el anuncio del nuevo director, con número de reos que participarán, metas y formas de sopesar sus resultados. Se trata de fijar criterios que permitan darles mayor estándar a los anuncios de las autoridades.
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