Fuente: Gobierno da plazo de 24 horas a policías para diseñar plan que neutralice los “portonazos”

MARIO GÁLVEZ 

Prontitud. La necesidad de afrontar en el plazo inmediato los denominados “portonazos” llevó al Gobierno a exigir rapidez en la entrega de un plan para atacarlos. Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR

El recrudecimiento de los asaltos violentos para robar vehículos, conocidos como “portonazos”, provocó que el Gobierno diera ayer un plazo de 24 horas a ambas policías para que diseñen un plan destinado a neutralizar este tipo de ataques delictuales.

Por ello, tanto Carabineros como la PDI deberán presentar hoy una planificación que, según se dispuso en el comité policial especial que encabezó ayer el ministro del Interior, Jorge Burgos, contenga acciones preventivas y de reacción rápida ante estos hechos.

A la reunión fueron convocados los dos subsecretarios de la cartera, Mahmud Aleuy (Interior) y Antonio Frey (Prevención del Delito); el director de la ANI, Gonzalo Villalobos, y los máximos jefes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Los robos con violencia, que considera este tipo de delitos, en el segundo trimestre de este año aumentaron 5,2%, en comparación con similar período del año pasado, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Al término del encuentro, Aleuy dijo que en esta planificación participará también Prevención del Delito, “para desarrollar un conjunto de acciones, que no es necesario detallar, para enfrentar este fenómeno”.

Según la autoridad, “creemos que con ese plan de acción, que va a estar completamente delineado el día de mañana (hoy), vamos a poder enfrentar el robo de vehículos violentos de manera adecuada”.

Considerando que en estos hechos participa un número importante de menores, Mahmud Aleuy pidió que en este período de Fiestas Patrias las familias asuman el máximo de responsabilidad y cooperación “para que también los padres se hagan cargo de sus menores que cometen este tipo de ilícitos” (ver nota relacionada).

Aunque la legislación chilena tiene normas suficientes para enfrentar este tipo de robos violentos, detalló Aleuy, no es el caso de cuando hay involucrados menores de edad.

También, el subsecretario del Interior añadió que revisarán la viabilidad de la propuesta de los diputados Daniel Farcas (PPD), Gabriel Silber (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN), quienes piden precisar de forma exacta la figura del “portonazo” y otorgarle una pena más gravosa, y ampliar el perímetro que faculta a las personas para utilizar la legítima defensa, como el uso de un arma de fuego debidamente inscrita, por ejemplo.

El subsecretario Frey detalló que este plan busca un mayor control sobre estos delitos en la reacción policial y en la debida imputación de cargos a los eventuales culpables.

Asimismo, reforzarán la campaña preventiva de autocuidado con los municipios y mejorarán la persecución penal de estos hechos para “tener más delitos por robos violentos y menos de receptación”.

El director de la PDI, Héctor Espinosa, anunció que en los próximos dos meses crearán dos brigadas más de robos en la Región Metropolitana para que cada prefectura tenga una unidad de esta naturaleza y puedan trabajar territorialmente con las fiscalías.

 Grupo de trabajo debe proponer cambios a ley penal adolescente

Una de las decisiones adoptadas en el comité policial de ayer es que se constituya un grupo de trabajo en el Ministerio del Interior con el fin de estudiar posibles cambios a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) y endurecer las normas relacionadas con la participación de menores de edad en actos violentos.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, informó que el 48% de los detenidos acusados de participar en “portonazos” son jóvenes o niños que no tienen responsabilidad penal, según la legislación vigente, y deben ser puestos en libertad, quedando en custodia de sus padres y/o apoderados.

El subsecretario Aleuy informó que la idea es que en el menor plazo posible un grupo de abogados pueda presentar un planteamiento al Ministerio de Justicia, encargado de este tema.

En marzo de 2013, el gobierno anterior convocó a una comisión de expertos que debía entregar propuestas para mejorar la coordinación entre los actores del sistema y las instituciones colaboradoras; optimizar la especialización de jueces, defensores y fiscales vinculados con menores, y buscar solución a los problemas de la aplicación y los vacíos detectados en la RPA. Nunca se supo qué pasó con el informe final, que fue entregado a Justicia