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MANUEL VALENCIA 

Ana Torres vive en Lampa. Trabaja como nana en Santiago y para llegar a la casa que limpia en Providencia debe tomar un bus rural que le cuesta $1.500. Después, en el Transantiago desembolsa otros $700. Al llegar, ya ha gastado casi dos horas y un buen porcentaje de su ingreso diario.

Ana vivía de allegada en Macul, pero cuenta que su única opción para tener una casa propia fue mudarse a Lampa. “Tenía subsidio para una casa usada, pero no me alcanzaba y yo quería patio”, dice.

El caso de Ana es solo uno entre múltiples familias que viven en barrios de viviendas sociales empujados hacia la periferia y son la expresión crítica de la deficitaria disponibilidad de suelos urbanos accesibles para familias de todos los grupos sociales.

Con la situación actual, los subsidios habitacionales solo permiten la construcción o compra de viviendas de interés social en las afueras de la ciudad, en vecindarios con movilidad deficitaria, con reducido acceso a servicios de salud y educacionales, y lo que es crítico: casi nulas oportunidades de empleo cercanas.

Sin embargo, suelos para poder localizarlos en terrenos con acceso a servicios, al parecer, hay. Por ejemplo, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la UC, en el Gran Santiago hay 4.323 sitios eriazos que totalizan 6.500 hectáreas.

Para revertir paradojas como estas, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, creado al alero de la primera política de ciudades, presentará una propuesta con 20 medidas para remediar la segregación espacial y territorial de las ciudades.

El plan, que se traducirá en proyectos de ley, se presentará a fin de mes a la Presidenta Michelle Bachelet. Entre otras medidas, incluirá algunas inéditas, como impuestos a sitios eriazos y a la transacción de terrenos, con el objetivo de evitar la especulación. Esta disposición estaba incluida en la propuesta de la Reforma Tributaria, pero fue removida en la versión final del proyecto.

El plan, además, buscará ampliar los procesos de participación urbana, también se establecerá una actualización de los avalúos de propiedades para que el Estado recupere las plusvalías generadas por obras públicas.

Nuevo servicio

La estrategia también buscará establecer límites a la construcción de viviendas sociales, para evitar recargar determinadas comunas con estos conjuntos que no pagan contribuciones y demandan recursos de los municipios. Paralelamente, se incrementará el financiamiento municipal mediante cambios en exenciones de impuestos prediales.

También se apuntará a establecer por ley estándares urbanos nacionales, con equipamientos, áreas verdes y otras amenidades, a todas las comunas. En los instrumentos de planificación se generarán las denominadas “zonas de interés social” para construir en ellas proyectos de viviendas integradas, con subsidios especiales.

“El mercado del suelo es uno de los más opacos e imperfectos de la economía, y requiere un rol preponderante del Estado para recuperar parte de las plusvalías que obtienen los privados por beneficios del Estado. También es fundamental impedir procesos especulativos como los que hemos visto en el caso Caval, mediante un impuesto a la ganancia que vaya decreciendo con el paso de los años”, señala el urbanista de la UDP, Genaro Cuadros, quien participó en algunas discusiones de la política de suelos.

El documento plantea además la creación de Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, que reformarán los actuales Serviu y reeditarán a las desaparecidas Corporaciones de Mejoramiento Urbano (Cormu). Estas reparticiones desarrollarán proyectos urbanos en propiedades públicas, tendrán a su cargo los futuros Bancos de Suelo Público Urbano, donde se gestionarán terrenos para proyectos de interés sociales y tendrán la facultad de generar asociaciones público-privadas.

“Uno de los caminos está relacionado con enfrentar el pudor que ha tenido el Estado de intervenir en el mercado de suelos para casos donde se demuestre el beneficio social. La especulación es parte de la lógica de mercado, pero se pueden fortalecer las capacidades del Estado para expropiar suelos que permitan desarrollar proyectos de interés social. Además se debe potenciar la definición de zonas especiales determinadas en los planes reguladores complementados con incentivos para el sector privado”, opina el director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, Roberto Moris.

 Otras medidas

Zonas rurales El Estado busca terminar con disposiciones que permiten extender irregularmente la urbe, como sucede con las parcelas de agrado.

Remodelación y regeneración En sectores deteriorados de la ciudad se busca modificar la norma de los terrenos y ejecutar planes de inversión para reutilizarlos.