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Alberto Undurraga, Ministro MOP.
Foto: F elipe González.

Se ven muchas fotos en la oficina de Alberto Undurraga. Con su familia, con el ex Presidente Aylwin, con el cardenal Silva Henríquez, con el ex Presidente Lagos y con Claudio Orrego cuando ambos se convirtieron en alcaldes. Pero la de Frei Montalva destaca en un lugar especial. Y no es porque este ministro sea DC hasta la médula, sino porque el fundador de la Falange fue también titular de Obras Públicas.

En la imagen color sepia resalta un importante tintero de bronce, el mismo que Undurraga puso de cabecera en su escritorio y que permanece desde esos tiempos en el MOP. Por cierto, Frei Montalva no fue el único que saltó de esta cartera a La Moneda: la fórmula también catapultó al ex Presidente Lagos y varios la han intentado replicar en otros gobiernos.

Una aventura así no está en sus planes, asegura, sin embargo, el ministro de Bachelet, que en la elección senatorial logró el 17,3% de los votos, pero no pudo desbancar a Guido Girardi, su contendor por Santiago Poniente. Ese bagaje político y sus 8 años como alcalde han sido clave para su aterrizaje en el gabinete. Así, reemplazó sus patentadas “caminatas semanales” en Maipú por viajes a regiones: ya ha estado en 13, y se ha reunido con 120 alcaldes y 75 parlamentarios.

“Escuchar y empujar” es su máxima ministerial.

-¿Cuánto “escuchará” y cuánto “empujará” cuando intereses particulares intenten frenar proyectos importantes para el bien común?

-Hay gente que cree que escuchar es una pérdida de tiempo. Yo creo que enriquece la visión, anticipa problemas y acorta el plazo total de las obras. Caminan más rápido y la gente las siente propias.

-A veces cambian los planes, como en la anunciada concesión Puyehue-Osorno, que usted desechó porque vecinos y el diputado Fidel Espinoza (PS) rechazaron el peaje…

-Esa autopista no está en la cartera de concesiones y, de hacerse en el futuro, el peaje no puede estar en el tramo Entrelagos-Osorno, como nos plantearon los alcaldes y las comunidades.

-¿Y cómo resolverá otros proyectos clave cuando enfrenten oposición?

-La escucha temprana es una de las claves de la “Agenda de Infraestructura, Desarrollo, Inclusión Chile 30-30”, por US$ 28.000 millones, que lanzó la Presidenta. Otra es reforzar nuestros equipos y prácticas internas, y hacer los cambios legales que abran la competencia a más empresas, en especial regionales.

-¿Qué pasa cuando esa oposición afecta a obras adjudicadas y prontas a iniciarse, como la concesión del Hospital Salvador?

-Cuando la obra está en ejecución, contamos con instrumentos como el cambio de contrato, que muchas veces significa mayores costos para el Estado o mayores plazos para el concesionario. Hemos hecho cambios en proyectos en construcción, como la carretera 160, entre Coronel y Lebu, y lo requieren obras que se quedaron chicas, como las autopistas, por razones de seguridad, equidad, capacidad y servicio.

-¿Quién pagará el retraso de otras obras producto de tener que financiar los hospitales que originalmente serían concesionados?

-La obra debe tener beneficios para la sociedad en su conjunto. El programa de gobierno decía claramente que se evaluaría el sistema de financiamiento de las nuevas concesiones de cárceles y hospitales para saber si agregaban o no valor público, porque la literatura mundial no es concluyente. Eso corresponde al Ministerio de Salud y determinó que la concesión no era el mejor sistema de financiamiento para los nuevos hospitales.

-¿Espera acciones legales de los concesionarios del Salvador o del Sótero del Río, que fue retirado de Contraloría?

-Dentro del contrato marco, todas las concesiones pueden sufrir cambios durante su construcción. No tiene base una demanda legal contra el Estado en el caso del Sótero del Río, porque la Contraloría no había tomado razón y el Estado actuó correctamente para proteger sus intereses: el valor-cama era el doble que en las demás concesiones.

-¿Entonces no es efectivo que usted discrepó de los cálculos de Salud?

-Hubo un problema metodológico entre dos equipos que, una vez que se reunieron, lo resolvieron. Las concesiones en carreteras y aeropuertos, embalses, teleféricos, centros urbanos, han demostrado ser una buena política pública. Adelantan obras en inversiones en beneficio de los ciudadanos, garantizan la mantención y liberan recursos. Le cambiaron la cara a Chile, y ahora, con la misma fuerza, deben readecuarse porque hay un cierto malestar ciudadano cuando no incorporan condiciones de servicio.

-Toda esta polémica, ¿significará una señal que pueda alejar a futuros inversionistas?

-No ha tenido efecto en las valoraciones que hacen las clasificadoras de riesgo sobre las diferentes constructoras. Vemos un interés enorme. Al anunciar la nueva agenda, la Presidenta dio un respaldo contundente a las concesiones, que van a tomar un ritmo muy fuerte.

-Frente a la baja en el crecimiento y la inversión, los ojos se han vuelto hacia Obras Públicas. ¿Cómo aportará a la reactivación de la economía?

-El país venía desacelerándose cuando asumimos el gobierno, y las obras públicas son claves para el desarrollo y la reactivación económica, para el dinamismo y el empleo. Gracias al trabajo dedicado de directivos y funcionarios del MOP, hemos mejorado en 3 puntos la ejecución presupuestaria respecto de 2013. También lanzamos la agenda “Infraestructura, Desarrollo, Inclusión”, que contempla un conjunto de nuevas inversiones para 2015.

“Y, en tercer lugar, hemos adelantado y acelerado el trabajo en concesiones; de 43 proyectos de esta agenda, 15 van a quedar resueltos económicamente este año”.

-La Presidenta adelantó que prepara un plan para enfrentar esta contingencia. ¿Qué obras considera?

-Seguiremos aumentando nuestra capacidad de ejecución y el MOP tendrá un presupuesto significativo en 2015, por el incremento en obras de infraestructura y los planes para zonas extremas. Iniciaremos 7 embalses durante este gobierno y 15 microembalses.

-Hubo críticas a la ausencia de nuevos proyectos en la agenda de concesiones…

-Para que en 2030 Chile tenga los niveles de vida que tiene Italia, debemos pasar del 2,5% del PIB que hoy invertimos en infraestructura, al 3,5%, con una visión de Estado que trascienda los gobiernos. Aquellos que están en la lógica de mirar qué es de este gobierno y qué del anterior son parte del problema, porque el ciclo natural de una obra muchas veces supera uno e incluso dos gobiernos.

“La infraestructura no es un fin en sí misma sino en función de los desafíos del país. Todavía muchos chilenos consiguen su agua con un balde desde un río, o comunidades mapuches reciben tierras sin derechos de agua. Eso es inmoral”.

-¿Cómo incorporará esa mirada en las nuevas inversiones?

-Poniendo como objetivo principal los problemas que el país necesita resolver para ser desarrollado y eliminar la desigualdad; luego, qué soluciones son las mejores, y, en tercer lugar, cómo se financian. Si la rentabilidad social de un camino se mide solo por el flujo, significa que potenciamos el centralismo, porque entre Cochrane y Puerto Tranquilo el flujo es tan pequeño, que ni siquiera permitía hacer el estudio.

-Es un cambio en la forma como se han evaluado proyectos por décadas, buscando priorizar recursos que siempre se hacen pocos.

-Con el desarrollo, cambian los estándares básicos de los países. En infraestructura debemos incorporar un estándar de US$ 20.000 per cápita.

-¿Por eso incluyó la Costanera Central en la agenda? El gobierno anterior la desechó por su baja rentabilidad social.

-Con el criterio de rentabilidad social aplicado en los últimos 30 años, nunca se podría pavimentar las zonas más apartadas donde viven menos personas. Como dijo la Presidenta, hemos medido la rentabilidad social con una fórmula distinta y mirando qué obras son fundamentales al menor costo posible.

“No tiene base una demanda legal contra el Estado en el caso del Sótero del Río, porque la Contraloría no había tomado razón y el Estado actuó correctamente para proteger sus intereses”.

“Con el criterio de rentabilidad social aplicado en los últimos 30 años, nunca se podría pavimentar las zonas más apartadas, donde viven menos personas”.

“Con el desarrollo, cambian los estándares básicos de los países. En infraestructura debemos incorporar un estándar de US$ 20.000 per cápita”.

 “No comparto para nada” las declaraciones de Gutenberg Martínez

-Como ministro DC, ¿ha sentido en el gabinete la misma tensión que su partido en la Nueva Mayoría?

-No, y no tengo ninguna duda de que la DC está comprometida con el programa de gobierno. Más allá de nuestros aportes sectoriales, como miembros del gabinete de la Presidenta Bachelet estamos coordinados en todo el programa. Esta semana estuve en Iquique por las obras del borde costero y también participé en una actividad para promover la reforma educacional.

-Las principales críticas han venido del presidente DC, Ignacio Walker, a cuyo sector usted pertenece.

-Los presidentes de partido político deben marcar ciertos puntos, pero, en la cancha fundamental, la DC es un partido comprometido ciento por ciento con el Gobierno y lo he visto en terreno. La Nueva Mayoría es una coalición que se ha ido formando para un nuevo ciclo del país.

-Un ciclo al que su camarada Gutenberg Martínez le puso fecha de término. “No es una coalición política de largo plazo”, dijo.

-No comparto para nada esas declaraciones. La Nueva Mayoría es una coalición que se hace cargo de una nueva situación del país y que está llamada a representar a la mayoría de los chilenos por un tiempo importante. Para eso tenemos que hacerlo muy bien en este gobierno.

“Los partidos hablan también por sus instituciones y la Junta Nacional aprobó por unanimidad un voto político que da cuenta de su compromiso con la Nueva Mayoría, el programa y el gobierno”.

Cambios en agosto

“Nos hemos propuesto ingresar los cambios sustantivos al Código de Aguas durante el mes de agosto”, adelanta el ministro, a propósito de uno de los temas abordados en el programa de gobierno.

-¿Cambiará el modelo de concesiones para embalses?

-Queremos hacer un cambio sustantivo en el Código de Aguas, pero no en el funcionamiento de los distintos sectores económicos que requieren del agua y la usan legítimamente. El Estado tiene la obligación de hacer embalses y también de velar por que se compense adecuadamente a las comunidades que puedan ser afectadas.