vía El 85% de los detenidos por causas de DD.HH. se encuentra en el penal de Punta Peuco | País | La Tercera Edición Impresa.

En Chile, actualmente, hay 63 ex uniformados que se encuentran en prisión por delitos relacionados con la violación de derechos humanos (DD.HH.). De ellos, 54, es decir, el 85%, están detenidos en el penal Punta Peuco, en la Región Metropolitana.

Un informe elaborado por la Jefatura Nacional de Derechos Humanos de la PDI, tras una petición de La Tercera a través de la Ley de Transparencia, revela que, además de Punta Peuco, existen otros seis penales que albergan a detenidos por este tipo de delitos. Entre estos aparece Temuco, que tiene a cuatro presos.

Otros datos que aparecen en el documento indican que, hasta la fecha, han sido procesados 962 personas, militares y civiles, por crímenes vinculados a DD.HH., ocurridos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

El Ejército tiene 428 ex uniformados en esta situación, mientras que la segunda rama con más ex efectivos procesados es Carabineros, con 318 (ver infografía). Al respecto, la entidad militar indicó que “sobre materias radicadas en los tribunales de justicia, al Ejército no le corresponde pronunciarse al respecto; sólo compete a la institución colaborar con los requerimientos de la justicia”.

Carabineros, en tanto, respondió que “el personal procesado o condenado por violación de derechos humanos está en retiro. Sobre la materia, Carabineros siempre colabora, en forma proactiva, con los tribunales de justicia que sustancian este tipo de casos para su esclarecimiento”.

Otra de las instituciones que aparecen en el informe es la Fach. Allí se indicó que “la Fuerza Aérea no se va a referir sobre hechos que dicen relación a personal que está en retiro de la institución, y reitera su compromiso con el país, para colaborar en cualquier proceso judicial que esté relacionado con temáticas de derechos humanos (…).

Debate por el penal

La existencia del penal Punta Peuco, creado en 1995, hoy es motivo de debate. El pasado 22 de julio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo donde se solicitó a la Presidenta Bachelet el cierre de la cárcel.

Desde el gobierno se indicó que la petición de los parlamentarios está en etapa de evaluación.

Punta Peuco, al año 2012, funcionaba con un presupuesto de $ 113 millones. Tras el cierre del penal Cordillera, el año pasado, dicha cárcel se convirtió en el único centro penitenciario dedicado exclusivamente a estos detenidos. A los 44 reos “originales”, se sumaron los nueve ex uniformados de la clausurada cárcel de Peñalolén.

Fuentes de Gendarmería indicaron que parte de los 54 actuales detenidos tienen algunos beneficios, como la salida dominical.

Respecto de los ex militares que cumplen sentencias en penales de provincia, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que estos reclusos “no reciben ningún privilegio”. Sobre Punta Peuco, el secretario de Estado indicó que “hemos dado instrucciones a Gendarmería para que las normas que se apliquen sean las penitenciarias, que no existan situaciones distintas al resto de los penales”.

Por su parte, el diputado UDI, Felipe Ward, señaló que “yo creo que en Chile, al igual que en muchos países, se justifica un penal de esta naturaleza”. Agregó que no se trata “de privilegio, sino de una situación de privación de libertad distinta, que evite riesgos a los internos. Podría ser complejo vincularlos con otro tipo de población penal”.

El diputado pro DC, Iván Fuentes, dijo que “en nuestro país, cuando una persona comete un delito y es condenada a prisión, va al penal que la autoridad estima conveniente. ¿Por qué, entonces, algunas personas que cometieron delitos gravísimos pueden estar en un lugar de privilegio? En otros penales se vive una realidad muy dura, de hacinamiento, falta de higiene y seguridad”.

Rennan Ballas, capitán de Ejército (R) y representante de la Corporación 11 de septiembre, manifestó que, sobre un eventual cierre, “el sector pasivo de las FF.AA. está en contra de estas medidas”. El ex uniformado agregó que “quieren quitarle todos los beneficios, no basta con que estén en la cárcel. Yo estoy seguro que la Presidenta Bachelet y el ministro de Justicia no van a cerrar Punta Peuco, es una aberración jurídica”.

En tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, apuntó que “desde hace años pedimos el cierre de Punta Peuco, tal como lo hicimos con Cordillera. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y acá son aberrantes las diferencias con los reos comunes”, dijo Lira, quien agregó que “la llamada familia militar dice que son militares y no les deben quitar la dignidad. Pero ellos fueron procesados y condenados por la justicia, por violaciones a los DD.HH. Como en otros países, ellos deberían estar en cárceles comunes”.