vía Cambios alentadores para fortalecer la gestión municipal | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

CONSIDERANDO QUE se trata de un área que hace tiempo estaba requiriendo mejoras sustanciales, la reciente aprobación por parte del Congreso de la ley que perfecciona el rol fiscalizador de los concejos edilicios y fortalece la probidad y gestión de los municipios, supone un paso positivo que puede ayudar a robustecer el desempeño y la calidad del servicio que esas instituciones entregan a sus comunidades. Lograr avances en esta materia resulta fundamental, pues los 345 gobiernos locales que existen en Chile cumplen a diario un papel esencial en la vida de muchas personas, al ser las entidades públicas que mayor contacto directo tienen con la ciudadanía, especialmente, por los servicios que prestan o porque a través de ellos el Estado entrega múltiples beneficios mediante programas sociales.

De acuerdo con el Indice de Satisfacción de Clientes del primer semestre del 2013, que realiza la Universidad Adolfo Ibáñez, junto al transporte público y la telefonía móvil, los municipios son el sector que presenta mayores niveles de insatisfacción de los usuarios en la calidad del servicio que otorgan, realidad que se repite en informes de años anteriores. A ello se suma que estas instituciones son los organismos del Estado que menos cumplen con el principio de transparencia activa (acceso a información), que desde el 2009 exige la Ley 20.285. El año pasado promediaron sólo un 47% de cumplimiento en este ámbito, de acuerdo con datos del Consejo para la Transparencia. Estas cifras dan cuenta de las falencias que exhiben las municipalidades en áreas que son relevantes para garantizar su adecuado funcionamiento y para el cabal control de la gestión que desempeñan sus autoridades.

La aplicación de esta iniciativa legal -que entraría en régimen en marzo, una vez que el Tribunal Constitucional la sancione- debiese contribuir al objetivo de mejorar la eficiencia de los gobiernos locales, de manera que éstos se incorporen al proceso de modernización del Estado que demanda el país. Por ello, medidas como fortalecer el rol del concejo municipal, dotándolo de mayores atribuciones para que fiscalice la labor del alcalde y de los funcionarios de esas instituciones, y la creación de cinco cargos directivos profesionales que las municipalidades podrán ocupar aun cuando tengan sus plantas llenas, se orientan en esa dirección. Este último punto es muy relevante para fortalecer la gestión municipal, dado que actualmente la tasa de profesionalización de estas instituciones alcanza al 26%, en relación con el casi 40% de la administración central, y donde muchos de los cargos que deben ser desempeñados por profesionales los ocupan personas que no lo son. De hecho, la nueva normativa exigirá -a partir del 2020- que los concejales hayan aprobado la enseñanza secundaria.

En cuanto a fortalecer la probidad y combatir la corrupción, el nuevo cuerpo legal amplía de forma correcta la figura de “notable abandono de deberes” a los concejales y establece una serie de sanciones (desde destitución a multas) para quienes infrinjan el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Crear nuevos mecanismos de control interno y favorecer la transparencia y acceso a la información para que la ciudadanía también pueda fiscalizar, son instrumentos que sin duda podrán aportar a ese propósito.