vía Puente Chacao y vigencia de las concesiones a privados | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

LA ADJUDICACION de la construcción del puente Chacao a un consorcio multinacional ha generado debate no sólo en relación con la conveniencia de ejecutar una obra de esta envergadura en la región, sino también en torno a la vigencia del modelo de concesiones a privados como mecanismo para avanzar en el desarrollo de la infraestructura pública.

Lo anterior, porque la autoridad optó por llevar adelante este monumental puente que, con sus 2,7 kilómetros de longitud, unirá el territorio continental con la Isla Grande de Chiloé, mediante obra pública, limitando la inversión a los US$ 720 millones requeridos por OAS, Hyundai, Systra y Aas-Jakobsen para adjudicarse la propuesta.

Considerando que el proyecto inicial del puente implicaba más de US$ 860 millones de inversión sobre la base de una concesión a privados, algunos sectores han planteado sus dudas respecto de los altos costos que demandaría una obra de similares características, pero desarrollada como iniciativa pública y no como concesionada. Advierten que una diferencia en torno al 30% dejaría en evidencia la menor competitividad de la segunda opción. Una comparación de esta naturaleza corre el riesgo de configurarse sobre supuestos erróneos. Para comenzar, la disminución del monto requerido en el marco de la evaluación del puente estuvo acompañada de menores exigencias, como la reducción del ancho de la obra y la exclusión de los accesos, lo que permitió llegar al monto de inversión presupuestado, todo lo cual posibilitó, a su vez, alcanzar una tasa interna de retorno que apenas bordeó el 6% de TIR que se exige como mínimo en la actualidad a un proyecto para ser considerado socialmente rentable.

Asimismo, ambas opciones -puente concesionado u obra pública- surgieron en momentos distintos, con costos de insumos y alternativas de financiamiento diferentes. La obra finalmente licitada tampoco incorpora el costo de mantenimiento, fundamental en una iniciativa de estas proporciones, y que -según se ha informado- podría ser finalmente entregado en concesión a privados. Este aspecto también incidirá en el impacto social del puente, así como en el tráfico proyectado en la evaluación social que efectuaron las autoridades en su momento.

Considerando estas diferencias, no parece razonable recurrir al Proyecto Puente Chacao como ejemplo para descalificar el aporte de las obras desarrolladas mediante concesión a privados. Por el contrario, se trata de un sistema que permitió al país avanzar de manera drástica en la atracción de inversiones fundamentales para ampliar y renovar la infraestructura requerida por el país para su crecimiento económico. La forma como se ha desarrollado este proyecto llama más bien a la reflexión sobre el sustento social y técnico que deben tener en cuenta los gobiernos de turno al momento de privilegiar el destino de los recursos fiscales. No porque el puente no sea necesario en el futuro ni se pongan en duda sus potenciales aportes a la conectividad local, desarrollo industrial y turístico de Chiloé e, incluso, para la imagen del país en el exterior, sino por los tiempos asociados a su consolidación como proyecto socialmente rentable, tal y como lo sugieren los estudios desarrollados previo a su licitación.