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MANUEL VALENCIA 

Una reforma profunda al sistema para detectar y sancionar a los vehículos que sobrepasan la velocidad máxima permitida incorpora el nuevo Centro de Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito (CATI), que comenzará a ser tramitado a fin de mes en el Congreso.

Si la norma actual indica que quienes exceden la velocidad máxima deben pagar una multa entre 0,5 y 3 UTM (de $20 mil a $120 mil, desde 10 km/h excedidos a más de 20 km/h), que es sancionada por el juez de policía local, el proyecto establecerá cinco categorías y sanciones: quienes excedan hasta 20 km/h sobre la velocidad máxima permitida deberán pagar 1 UTM (alrededor de $40 mil). Luego, hasta 30 km/h, la multa se dobla hasta 2 UTM ($80 mil). Si se llega hasta 40 km/h se cobrarán 3 UTM ($120 mil). Hasta 50 km/h se aplicará una multa de 4 UTM ($160 mil). La máxima sanción se aplica a quienes sobrepasan los 50 km/h. Ellos deberán concurrir al juzgado de policía local, donde podrían pagar hasta 5 UTM ($200 mil). Además, la iniciativa contempla una modernización del sistema de pagos, con el objetivo de descongestionar los juzgados de policía local y hacer más expeditos los procesos. Así, quienes tengan una multa por excesos de velocidad inferiores a los 50 km/h sobre el umbral permitido, podrán pagar la infracción a través de una transacción electrónica.

Si lo hacen dentro de 10 días, una vez recibida la notificación por e-mail , tendrán un 50% de descuento. Luego, entre 10 y 20 días después de recibido el parte, se podrá acceder a un 25% de rebaja.

Las multas por excesos de velocidad superiores a 50 km/h obligarán al infractor a concurrir a un juzgado de policía local.

“El objetivo principal del centro es salvar vidas, no infraccionar ni recaudar fondos. Por lo tanto, todos los equipos de detección de infracciones estarán debidamente señalizados y su ubicación se basará en la tasa histórica de accidentes registrada en el lugar. En el CATI se consolidará la información proveniente de todos los equipos de control dispuestos a nivel nacional”, explica el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz. El sistema de fotorradares representa un retorno del polémico primer intento, que funcionó en el país entre 1997 y 2002. En esa época, se determinó la instalación de cámaras, acogiendo la experiencia internacional que muestra un alto poder disuasivo y reducciones de hasta 20% de muertes. Sin embargo, según un documento de análisis realizado por el especialista en Transportes de la UC, Luis Rizzi, al entregarles el control de los dispositivos a los municipios, muchos de ellos fueron utilizados como cajas recaudadoras: se instalaban sin un aviso previo y como verdaderos “cazabobos”, que generaron un amplio malestar ciudadano por cobros arbitrarios, lo que llevó al Congreso a quitarle atribuciones legales a su utilización en 2002.

A diferencia de esa implementación, el nuevo sistema será controlado el Ministerio de Transportes, con lo cual se busca evitar generar incentivos perversos. Además, se obligará a señalizar, con la debida antelación, cada fotorradar instalado, para que los automovilistas estén informados de su presencia.

El Gobierno comprometió el ingreso del proyecto en marzo, pero han pasado ocho meses desde el anuncio. Según el diputado de la Comisión de Transportes Gustavo Hasbún, la iniciativa está entrampada en la Dirección de Presupuesto (Dipres). “Es inaceptable, porque esto es clave para salvar vidas”, critica.

$40 mil será la multa mínima que deberán pagar quienes excedan hasta 20 km/h el umbral máximo de velocidad.

Ocho meses ha demorado el ingreso del proyecto. Aún resta la firma de Presupuestos para tramitarse.

“Los equipos de detección de infracciones estarán debidamente señalizados y su ubicación se basará en la tasa histórica de accidentes registrada en el lugar”.
PEDRO PABLO ERRÁZURIZ

MINISTRO DE TRANSPORTES