vía Nueva política nacional de desarrollo urbano | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

CON LA firma del decreto supremo respectivo por parte del Presidente de la República se ha institucionalizado la nueva política nacional de desarrollo urbano (PNDU), instrumento inédito y que fue fruto de un trabajo extenso de una comisión asesora presidencial compuesta por 28 comisionados -quienes representan distintas sensibilidades y miradas, dotándola así de un carácter transversal, y que debería asegurar que sus conclusiones se mantengan en el tiempo-, mediante el cual se espera orientar el desarrollo y la planificación de las ciudades atendiendo a criterios comunes. Se trata de una herramienta valiosa, porque aborda de manera integral las distintas dimensiones que existen en una ciudad y entrega criterios ordenadores, pero debe cuidarse ahora que estos planteamientos sean correctamente aterrizados en los distintos planes reguladores y ordenanzas, respetando ante todo que sea la libre voluntad de las personas la que oriente el desarrollo de la ciudad.

La nueva política se estructura en torno a cuatro ejes -integración social, identidad y patrimonio, sustentabilidad ambiental y desarrollo económico-, y crea una nueva institucionalidad para poder materializar estos objetivos. La comisión asesora recuerda que el 87% de la población del país vive actualmente en ciudades, una concentración que de acuerdo con su diagnóstico justifica contar con un instrumento a partir del cual sea posible ordenar los múltiples elementos que debe tener en cuenta la planificación de una ciudad, algo que hasta ahora se ha hecho de manera poco armónica. Entre los variados objetivos de especial valía que contiene este nuevo instrumento, se reconoce, por ejemplo, el valor patrimonial de los paisajes, algo que hasta ahora no ha estado presente en las políticas urbanas, y que representará un interesante desafío para los arquitectos.

La PNDU pone como uno de sus ejes la integración social, de modo -indica el documento- que las ciudades sean lugares inclusivos, que entreguen condiciones básicas de calidad de vida a sus habitantes, respetando sus particularidades y libertad de elección. Es destacable que se haga hincapié en reconocer la libertad de las personas, y en ese sentido la PNDU debería ser un marco que ayude a las personas a tomar sus decisiones en conformidad a sus propias preferencias. Este objetivo puede resultar complejo de compatibilizar, sin embargo, con algunas de las disposiciones que consagra esta nueva política, según la cual el Estado debe velar porque las ciudades sean inclusivas y evitar la concentración de viviendas sociales en el área rural. Asimismo, se indica que deberán establecerse zonas de inversión pública prioritaria o sujetas a incentivos o subsidios especiales. Una medida como ésta podría derivar en un aumento artificial en el valor de los terrenos escogidos, lo que debe ser cuidadosamente analizado para evitar especulaciones inmobiliarias.

Es saludable que la PNDU no fije límites artificiales a la ciudad, en especial la Región Metropolitana, cuya escasez de suelo se ha hecho evidente en los últimos años. Pero exigencias como procurar la integración dentro de la ciudad podrían llevar a producir algunos de los efectos indeseados de limitar la expansión de la ciudad. El Plan Regulador Metropolitano, que se encuentra en Contraloría, y que va en consonancia de las directrices de la  PNDU, expande el límite urbano en más de 10 mil hectáreas, pero los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán incorporar parte del terreno destinado a viviendas sociales, limitaciones que deberían ser estudiadas con mayor detenimiento.