por P. Brito/C. Alonso
Concretando lo anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en enero recién pasado, ayer, el gobierno informó que el próximo martes enviará un proyecto de ley que considera una rebaja en el impuesto de timbres y estampillas, desde 0,4% a 0,2%. En la misma iniciativa se incluirá la puesta en marcha en forma gradual de la factura electrónica.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que la disminución en el impuesto de timbres y estampillas busca reducir el costo que enfrentan diversos sectores al solicitar un crédito. Al respecto, dijo que representa “un fuerte estímulo económico para las pequeñas y medianas empresas, (ya que el impuesto) afecta su acceso al crédito e inhibe el emprendimiento y (además) se facilita también el acceso al crédito de los sectores más vulnerables”.
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, el impuesto de timbres y estampillas registrará una reducción de un punto durante la actual administración.
Larraín explicó que la menor recaudación esperada, producto de esta rebaja, alcanzará a US$ 200 millones.
De acuerdo con cifras de Hacienda, la rebaja beneficiará a cerca de 3.200.000 contribuyentes, lo que considera a 2.800.000 personas naturales, 366.000 pymes y cerca de 9.000 grandes empresas.
Para los economistas, si bien la medida es positiva, el momento en que se impulsa es motivo de reparo, dado que la demanda interna presenta una aceleración que podría acentuarse con este menor impuesto al crédito.
El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, dijo que es “ideal que este impuesto vaya reduciéndose hasta eliminarlo, pero existe una aprensión sobre el momento en que se está impulsando”. El experto añadió que este menor gravamen “tiene un efecto sobre el gasto y, por lo tanto, es un estímulo adicional a la demanda, que en este momento no parece para nada necesario, por lo que no sé si es el mejor momento para estar proponiendo rebajas tributarias”.
El economista de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, enfatizó que “este no es el mejor momento para incentivar el crédito en Chile. El Banco Central está preocupado de una potencial burbuja inmobiliaria y esto, precisamente, va en la dirección contraria, al hacer más atractivo endeudarse con créditos hipotecarios”.
Una mirada distinta tuvo el investigador de Libertad y Desarrollo, Francisco Klapp, quien valoró la propuesta, ya que, a su juicio, “no existe una buena justificación para gravar los créditos”, destacando la necesidad de seguir avanzando para “eliminarlos”. Agregó que el impuesto de timbres y estampillas no es un factor decisivo en la mayor o menor demanda de créditos, por lo que no es importante en el dinamismo de la demanda interna.
Factura electrónica
La segunda iniciativa que impulsará el Ejecutivo persigue que, en un plazo de dos años, todos los contribuyentes emisores de facturas utilicen la facturación electrónica.
El ministro Larraín explicó que cuando la propuesta esté en régimen, “la mayor recaudación por reducción de la evasión alcanzaría a cerca de US$ 600 millones anuales”.
Según Hacienda, en 2011 fueron emitidas 194 millones de facturas electrónicas, lo que representa el 44% del total de facturas emitidas en el país, así como el 52% del total del IVA-débito registrado.
El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García-Huidobro, comentó que “la masificación de la factura electrónica es una contribución a la modernidad, que beneficia especialmente a las empresas de menor tamaño.
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