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por Silvana Celedón Porzio

Cerca de 3.500 cartas a propietarios de predios agrícolas ubicados en zonas urbanas ha despachado durante las últimas dos semanas el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se trata de la segunda fase de un plan masivo de fiscalización que el organismo inició a fines del año pasado, con visitas a terreno en distintas comunas del país en el marco del proceso de reavalúo de propiedades. Éste apunta a verificar que el uso que se le está dando a dichos terrenos sea realmente coincidente con el establecido en la Ley de Impuesto Territorial para su clasificación y su tasación por parte del SII.

El valor fiscal de una propiedad depende de si ésta tiene una clasificación agrícola (donde la tasación del terreno está asociada a su productividad) o no agrícola (donde la tasación depende del valor comercial del metro cuadrado). Esta diferencia es la que el SII está fiscalizando masivamente, considerando el crecimiento de las zonas urbanas en áreas donde abundan los predios agrícolas. Es el caso de Chicureo, en Colina, y de una serie de áreas en la VI Región, principalmente en Rancagua, entre otras zonas.

En los últimos años se habían realizado notificaciones, pero más bien selectivas.

“Gracias al proceso de reavalúo hoy tenemos información más completa y actualizada, por lo que vamos a fiscalizar exhaustivamente que todos los contribuyentes estén efectivamente cumpliendo con lo establecido en la Ley de Impuesto Territorial”, explicó el director del SII, Julio Pereira.

La notificación

En concreto, en la carta enviada por el SII se identifica la propiedad agrícola con su dirección y se la encasilla dentro de un sector urbano o de extensión urbana en una determinada comuna.

También da cuenta de un plazo de 20 días hábiles para que el dueño entregue varios antecedentes al Departamento Regional de Avaluaciones del SII y detalla la información requerida.

Entre estos antecedentes figuran las variedades y volúmenes de los productos agrícolas generados en el último año en el predio, montos relacionados con las compras de insumos y ventas de productos, y otras informaciones que avalen el destino agrícola del bien raíz. En el caso de que el destino del inmueble no sea el agrícola, el servicio pide indicar su uso actual. A su vez, si la propiedad es explotada por una tercera persona se debe indicar su nombre y RUT, y en caso de ser propietario de uno o más predios agrícolas, se obliga a informar el rol de avalúo y comuna en que se ubica cada uno de ellos.

El SII también informa en su carta que funcionarios del Departamento Regional de Avaluaciones coordinarán una visita a la propiedad. Finalmente, la autoridad advierte que el incumplimiento de la obligación de presentar la información señalada será sancionado.

El artículo 109 del Código Tributario establece una multa de hasta una UTA (cerca de $500 mil) sólo por no entregar los antecedentes.

Si bien el servicio puede cambiar el destino de un predio, los propietarios que no estén de acuerdo con esa modificación pueden judicializar el tema. Así ha ocurrido en una serie de casos emblemáticos donde los propietarios han logrado revertir la reclasificación del Servicio de Impuestos Internos.

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814.807

predios agrícolas se registran en el país al segundo semestre de 2012. En tanto, los no agrícolas llegaron a 5.669.116.

“Subterfugios” para reducir las contribuciones

De acuerdo con expertos inmobiliarios, uno de los “subterfugios” que más se emplea para reducir el monto de las contribuciones es clasificar un terreno como “agrícola” por el mayor período posible, apelando a vacíos de la Ley de Impuesto Territorial.

Por ejemplo, un propietario podría mantener plantaciones pequeñas en un predio de 20 hectáreas en Lo Barnechea y exhibir antecedentes de la producción sin construir una vivienda. Así puede mantener la clasificación de “no agrícola”.

Es el caso de algunos terrenos en Lo Barnechea que es una zona donde, debido al valor comercial del metro cuadrado es alto, si estos terrenos fuesen “no agrícolas” pagarían contribuciones más altas.

A su vez, los propietarios de predios agrícolas en zonas urbanas pueden subdividir ese paño y modificar el uso de cada uno de los lotes en forma independiente. Así, recién después que cambió el uso del esos suelos, éstos sitios pasan a tener la clasificación de “no agrícola”. Esta situación se estaría dando -afirman fuentes- en varios zonas de la Región Metropolitana. El problema es que la ley lo permite.