La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades por parte de Gendarmería al rechazar beneficios intrapenitenciarios -permisos de salida- solicitados por internos de Punta Peuco entre abril de 2015 y marzo de 2017.

De acuerdo con la investigación, de los seis presos que cumplían las condiciones para acceder a los beneficios, cuatro internos efectuaron 48 solicitudes de salida dominical, las que fueron rechazadas en su totalidad por el Consejo Técnico, ya que en ninguna ocasión “existió unanimidad de votos positivos por parte de los miembros, lo que sé ajustó a lo previsto en el Reglamento Penitenciario, por lo que no existen observaciones que formular sobre la materia”.

El informe constató que en 47 de las solicitudes rechazadas “el presidente del Consejo Técnico dispuso efectuar un plan de intervención individual, pues en todos los casos los informes del área técnica fueron desfavorables, según se indica en las respectivas actas de evaluación”.

“Sin embargo -precisó-, no se elaboraron 47 de tales planes, y respecto del único confeccionado para uno de los internos, no existe evidencia de su aplicación, resultados y seguimiento”, lo cual constituye un incumplimiento de la resolución exenta de Gendarmería que aprueba las normas de funcionamiento de los Consejos Técnicos.

Además, Gendarmería “no aportó los antecedentes de respaldo que permitan constatar la aplicación de los instrumentos y/o herramientas en los cuales se sustentan los informes psicológicos de los internos, los que forman parte de la evaluación del área técnica -integrante de los Consejos Técnicos-“, así como tampoco que se remitieran “los antecedentes que corroboren la aplicación de otras herramientas de evaluación psicológicas que sirvieran de base para la emisión de los informes”.

En tanto, respecto a la tramitación administrativa de los beneficios extracarcelarios como libertades condicionales, la investigación constató que se analizaron 11 solicitudes. De ellas, concluyó que “en dos de las actas examinadas que se remiten a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones respectiva, no consta que se haya emitido el pronunciamiento fundado del Tribunal de Conducta”.

Asimismo, detectó que “no se ha formalizado un sistema de talleres o actividades de reinserción social” al interior del penal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Gendarmería y el reglamento penitenciario, lo cual también deberá ser incluido en la indagatoria administrativa.

Por ello la Contraloría ordenó que Gendarmería instruya un sumario “tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los incumplimientos y falencias observadas”, para el cual tiene un plazo de 15 días hábiles.

Abogado de reos ejercerá acciones civiles y penales

El abogado Raúl Meza, que representa a varios reos de Punta Peuco, consideró “extraordinariamente grave que las Contraloría haya concluido en su informe, de manera fehaciente y categórica, que Gendarmería, y en particular el consejo técnico de la unidad de Punta Peuco, haya negado en forma reiterada y por años los beneficios intrapenitenciarios y libertades condicionales a los internos del penal”.

En ese sentido, adelantó que ejercerá acciones civiles y penales contra los funcionarios de Gendarmería y solicitarán que la Cámara de Diputados abra comisión investigadora.

El informe, con fecha del 5 de julio pasado, se realizó tras una denuncia del ex intendente del Biobío Jorge Ulloa, quien requirió investigar eventuales irregularidad cometidas en el régimen penitenciario.