Olavarría es el primer vicepresidente de la Asociación de Municipalidades y el único de los cuatro jefes comunales involucrados en el caso Basura que sigue en el cargo (los otros eran Christian Vittori, de Maipú; Luis Plaza, de Cerro Navia, y Pedro Sabat, de Ñuñoa).

Y aunque la ley indica que todo alcalde acusado de un delito con pena aflictiva queda temporalmente incapacitado para ejercer su cargo (porque pierde su derecho a sufragio), Olavarría logró postergar que eso se hiciera efectivo cuando en octubre de 2017 presentó un recurso ante el TC. Un mes antes fue acusado por el Ministerio Público por pagar honorarios a personas que no habrían realizado trabajos en el municipio, o “boletas ideológicamente falsas” como las denominó en marzo recién pasado el fiscal José Luis Pérez Calaf. Según el Ministerio Público, éstas habrían ocasionado una erosión fiscal de $80 millones.

Pese a que logró mantenerse como alcalde, su rutina se vio alterada el 5 de marzo, cuando empezó el juicio oral en su contra. Desde ese día, y hasta el jueves pasado, Olavarría se ausentó de su oficina cada mañana para asistir al centro de justicia. Se espera que el veredicto se conozca la próxima semana.

Competencia electoral

No es primera vez que el alcalde enfrenta problemas de este tipo. En abril de 2010 fue formalizado por dos supuestos delitos de cohecho, al igual que su exjefe de gabinete, Domingo Soto. Por ese caso renunció a la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades. Finalmente fue absuelto, pero no volvió a esa organización.

En junio de 2013 encabezó —junto a otros jefes comunales de su sector— la creación de una organización paralela de alcaldes: la Asociación de Municipios de Chile, de la cual hoy es vicepresidente.

Esta vez, su situación judicial podría complicar sus aspiraciones políticas, reduciendo su ámbito de acción casi exclusivamente a la reelección del cargo al que llegó en diciembre del 2000. Pero ni siquiera eso está garantizado, explican en su círculo cercano. Ello, porque habría molestia sobre todo en el sector de Chicureo, quienes reclaman que los altos ingresos que el municipio recibe de los propios vecinos no se ven reflejados en mejoras en la comuna.

Por su parte, en RN aseguran que tomaron la decisión de impulsar primarias en Colina, ya que existe allí un candidato competitivo, tal como lo acordaron junto a Evópoli y el PRI en todas las comunas con alcaldes de Chile Vamos cuando se dé esta condición. En este caso, el candidato sería Gonzalo Torres, concejal RN que ha ido en ascenso la última década y logró primera mayoría en las últimas elecciones de concejales: en 2008 sacó un 10% de votos, en 2012 subió a 15,7% y en 2016 se empinó a un 18,4%.

Y aunque la UDI no ha adscrito al acuerdo, también hay voces críticas en torno a Olavarría que podrían apoyar la idea de primarias. Incluso José Antonio Kast anunció que buscará una nueva ficha para la comuna. Si las primarias se concretan, Olavarría no descarta competir como independiente.

La suspensión toma fuerza

Con la resolución judicial aún pendiente, la causa de Olavarría en el TC ya está resuelta. El acuerdo se tomó el 21 de marzo y no será conocida hasta que termine su redacción (podría demorar dos meses). Pese a ello, el abogado administrativista Luis Cordero —académico de la Universidad de Chile— anticipa el escenario más probable. “Ya dos alcaldes (de Llanquihue) han ido por la aplicación de la misma regla al TC, y el TC lo ha rechazado. Esta vez no debería ser distinto”, dice. Y explica que ello responde a garantizar que el alcalde en cuestión se focalice en su defensa sin afectar la gestión municipal. “Olavarría impugnó la aplicación de esa norma para mantenerse en el juicio penal y en la gestión municipal de manera paralela”, dice.

Una vez que falle el TC, el caso debe volver al Tribunal Calificador de Elecciones, que en 2017 había suspendido temporalmente al alcalde tras un recurso de los concejales Andrés Vásquez y Pablo Atenas. Por ello, Olavarría apeló al Tricel y recurrió al TC. Para acudir a este último organismo, Olavarría llamó al abogado Arturo Fermandois, su amigo y excompañero de universidad. Y en el juicio oral es representado por el abogado Jorge Bofill, quien también es parte de su círculo de amistades.

Desde el municipio le cuestionan que el mes pasado presentara como testigo a Guillermo Zavala Matulic, abogado senior del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Las críticas surgen porque ese mismo mes se materializó un contrato pactado en noviembre con el estudio de abogados (aprobado por el concejo municipal en sesión extraordinaria) para que éste preste “asesorías jurídicas especializadas y litigación” por 900 UTM ($43.517.700). Además, a fines del año pasado, el municipio reclutó a la hija de Zavala —María José (30)— para que durante enero y febrero “orientara a los usuarios en llenado de formularios” por $2 millones mensuales.