Por: Nicolás Vial

Fuente: [Opinión] – Nicolás Vial – Delito flagrante – Cooperativa.cl

La Fundación Paternitas mira con preocupación la casi nula respuesta que muestran los centros privativos de libertad juveniles de Sename respecto a la derivación de casos para nuestra institución.

En la región Metropolitana hay cinco de ellos, además de dos llamados semi-cerrados.

Hoy uno de los que particularmente nos preocupa es el Centro Metropolitano Norte (Tiltil). Si bien, existen las facilidades y la apertura genuina y colaborativa a recibir y trabajar con los jóvenes que se encuentran privados de libertad al interior de ese recinto, el número de derivaciones es bajísimo y la posibilidad de otorgar y promover los beneficios de salida aún más.

Parece ser que esta posibilidad más que responder al interés de los jóvenes, se funda en aprensiones protocolares y burocráticas del personal administrativo de dicho lugar.

Comunicar y trabajar por oportunidades de capacitación y formación en el medio libre es visto como un posible riesgo, que es mejor no correr, más que una ganancia y una alternativa legítima, real y en “la realidad” para el proceso de sus jóvenes una vez que salgan en libertad.

“Entre rejas no pasa nada” y efectivamente es así, “no pasa nada”. No se vincula a la sociedad, no se facilita su vuelta a ella, sino que se generan más miedos, rencillas y desconfianza con respecto a lo que les espera afuera, lo cual dista mucho de ser lo que en verdad llamamos procesos de reinserción.

Otro de los aspectos que presenta sospecha es la llamada “gestión administrativa”, nombre genérico utilizado hasta para justificar la indolencia profesional, flojera, improcedencia, ineptitud y mezquindad.

¿Dónde están los fiscalizadores, parlamentarios, que se llevan gran parte del presupuesto de la Nación en viáticos, sueldos, viajes, asignación mensual para sus vehículos, votados por todo el pueblo para que cumplan con su tarea?

La falta de coordinación en Tiltil es evidente.  Un ejemplo de esto, fue el lamentable suceso de un joven que nunca llegó, habiendo acuerdo, día, fecha y hora para recibirle.

Una de las encargadas privilegió sus vacaciones “olvidando” transmitir la resolución ya acordada a quien debía hacerlo, frustrando y pisoteando los sueños y anhelos del muchacho. Nadie tuvo la decencia de avisarnos. Si no llamamos para saber la causa de su ausencia, aún, estaríamos sin saber nada de lo sucedido.

Me pregunto ¿cómo puede el Presidente de la República, el ministro de Justicia, de Desarrollo Social o incluso la directora del Sename cumplir los programas del Gobierno con este tipo de empleados públicos tan mediocres que tiene el Estado?

Por otro lado, tengo la impresión que el factor principal de los escasos números de derivados de los Centros de Privación Juvenil tiene que ver con anteponer el puesto laboral, sueldo y números que se exigen, en lugar de rostros, nombres y esperanza de quienes han delinquido.

Recuerdo la desatinada intervención de un Coordinador General del Sename que dijo “es conveniente que se acreciente la población penal de jóvenes para que de este modo se aumente el financiamiento por parte del Estado y así suba mi bono económico y de los profesionales del centro”.

Innovar, abrir puertas, intercambiar metodologías y experiencias exitosas de Corporaciones y Fundaciones como Paternitas puede ser peligroso para quienes temen al fracaso, pero no a la discapacitación social, a la violencia y venganza, a la deshumanización y a todo lo que excluye e imposibilita la convivencia ciudadana. Lo anterior en todas sus formas lo hemos visto, tantas veces, en muchos de los lugares privativos de dignidad juvenil que administra el Estado.

No es posible comprender que a pesar del Consejo Técnico cuya mayoría de sus integrantes propician oportunidades y nuevas estrategias para estos jóvenes algún director silencie estas iniciativas simplemente por “tincada” o miedo.

En este sentido existe, en más de un funcionario público del Sename, un notable abandono de sus deberes, ya que no elige buscar el mejor interés de los adolescentes, bajo la autoridad de su metro cuadrado, para los cuales trabaja y recibe una asignación mensual económica producto de los impuestos de todos los chilenos.

La ciudadanía no acepta más este tipo de abusos. ¿Será que ha llegado la hora de salir a la calle, con chalecos fosforescentes, para impedir la flagrancia sospechosa de estos parias del Estado?