Los últimos peritajes de las causas del accidente del CASA 212 de la Fuerza Aérea el 2 de septiembre de 2011 que concluyó la Junta Investigadora de Accidentes y que El Mercurio reveló pasado 21 de agosto de 2016 concluyó que las condiciones climáticas y errores de pilotaje fueron los que provocaron el accidente que enlutó a todo Chile.

Hoy se cumple seis años del accidente en el archipiélago de Juan Fernández donde fallecieron 21 pasajeros y tripulantes. El conductor del matinal “Buenos Días a Todos”, Felipe Camiroaga; el camarógrafo, Rodrigo Cabezón; los periodistas Roberto Bruce, Carolina Gatica y Sylvia Slier; algunos miembros del proyecto Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos; Sebastián Correa, Joel Lizama, Catalina Vela, Jorge Palma y Joaquín Arnold; funcionarias del Consejo de Cultura, Galia Díaz y Romina Irarrázabal; los periodistas de la FACh, José Cifuentes y Rodrigo Fernández; y los pelotos de la aeronave, la teniente Carolina Fernández y el fabo 2º Flavio Olivo, el teniente Juan Pablo Mallea, el sargento 1º Eduardo Jones, el cabo 1º Eduardo Estrada y el cabo 1º Erwin Núñez.

Según lo que reveló el perito Ronald Stanly Juica al diario fue que uno de los factores que contribuyeron a este accidente fueron las adversas situaciones meteorológicas en el Archipiélago de Juan Fernández. Los pilotos se habrían encontrado con vientos cruzados, “una morfología que origina torbellinos, lo que provocó la inestabilidad de la atmósfera y fuertes corrientes de aire ascendentes y descendentes”. Condiciones climatológicas que no fueron informadas a la tripulación.

A su vez las condiciones extremas para el vuelo en esa zona “con descensos de hasta 1.500 pies/minuto, significó una pérdida de altura del avión de 300 pies”, detalló el perito fueron otras causantes.

Otra de las cuasas fue la falta de equipamiento y personal del aeródromo, que falló en entregar “información de condiciones climatológicas”, información entregada desde la estación Juan Bautista, en la isla, y no de la pista de aterrizaje. Por último, no existió un procedimiento para tripulaciones que incluyera las alturas mínimas, cartas de navegación visual y un circuito de tránsito para la aproximación y aterrizaje en áreas peligrosas en el aeródromo.

Las formalizaciones

El pasado 4 de enero cuatro oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile fueron procesados como autores de cuasidelito de homicidio. La ministra en visita de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Corte Marcial, Dobra Lusic sentenció que el general de la FACh en retiro Luis Ili, ex comandante del jefe del Comando de Combate; el general en retiro Julio Frías, ex comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea; el coronel Guillermo Castro, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Combate; y el teniente coronel César Pineda, ex comandante del Grupo 8 de Aviación de la Zona Norte, debían pagar una fianza de 100 mil pesos.

Los familiares de las víctimas aplaudieron esta decisión. Héctor Díaz, padre de Galia Díaz aseveró ese día a Cooperativa que “los argumentos que presentaron los abogados de algunas de las familias involucradas en el accidente era cierto, en término de que habían responsabilidades de personas de la Fuerza Aérea y me sorprende que Dobra Lusic haya hecho finalmente oídos a estas peticiones. Yo creo que es un avance importante”.

El 24 de julio de este año, el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad fiscal por la serie de faltas en que incurrió la tripulación de la aeronave. De esta forma se condenó al Estado a pagar 1.000 millones de pesos a los familiares de Joaquín Arnolds Reyes, $200 millones para la viuda y 200 millones de pesos para cada uno de los cuatro hijos de la víctima.

La sentencia sostuvo que “todas las circunstancias descritas llevan a concluir que la tripulación al mando del Avión Casa 212 no dio cumplimiento a la Reglamentación vigente, contenida en las Normas DAN y DAR descritas a lo largo del fallo como tampoco en los manuales, en particular respecto a la planificación y en la forma explícitamente descrita en ella y que ha sido establecida precisamente para resguardar la seguridad y eficiencia del vuelo”.

Y agrega que la responsabilidad trasciende al mando institucional de la Fuerza Aérea de Chile y su función gestora y fiscalizadora, a la hora de no supervisar ni revisar la planificación del vuelo, en cuanto al peso, cálculo de combustible y autonomía, al tratarse de un vuelo con punto de no retorno y haber aprobado un vuelo deficiente, incorrecto e impreciso.

Además de esto, el caso aún no tiene un fin, lo último que se supo del caso es que en junio de este año, la Corte Marcial, en el marco de la investigación del accidente aseveró que podía cerrar el caso. Esto tras revocar el procesamiento contra cuatro oficiales de la Fuerza Aérea en enero de este año.