El texto, actualizado el 25 de julio, parte señalando que las protestas ocurren con frecuencia, “especialmente el 29 de marzo, el 1 y el 21 de mayo y el 11 de septiembre”, y agrega que “aunque la mayoría son pacíficas, pueden llegar a ser violentas”.

Subraya que “las huelgas también son comunes y pueden causar retrasos significativos en los viajes, especialmente si va a áreas remotas, como Isla de Pascua, Punta Arenas y Chiloé”.

Si bien el documento califica a nuestro país como relativamente seguro, afirma que “el fraude con tarjeta de crédito es una preocupación” y que “la delincuencia callejera, los portonazos (definido como carjacking en un informe de marzo de este año ), las estafas telefónicas y las invasiones residenciales son comunes, especialmente en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Calama e Iquique”.

Por ello, instan a los turistas a tener cuidado cuando visiten “el cerro Santa Lucía, el cerro San Cristóbal, el Mercado Central, la Plaza de Armas, Bellavista y el barrio Lastarria, en Santiago, u otros sitios turísticos populares, ya que frecuentemente hay hurtos y arrestos”.

Asimismo, advierte el informe, “los robos de vehículos son un grave problema en Valparaíso y el norte de Chile (de Iquique a Arica)”.

Pero lo más delicado dice relación con los grupos anarquistas y La Araucanía. Respecto del primer punto, el texto indica que se “han colocado artefactos explosivos e incendiarios en espacios públicos, como cajeros automáticos, estaciones de metro e instalaciones gubernamentales en todo Santiago”.

Y sobre la IX Región, señala que algunos grupos ligados al conflicto en la zona han “quemando iglesias, casas y sembradíos, además de atacar camiones, autobuses y maquinaria forestal, causando destrucción de bienes, lesiones y muertes. Si bien se han dirigido principalmente a las empresas forestales y terratenientes, se debe tener cuidado en la Región de La Araucanía”.

Molestia parlamentaria

Los datos del informe contrastan con el último balance del gobierno, que destacó que el primer semestre de 2017 los delitos de mayor connotación social disminuyeron en un -3,8% en 14 de las 15 regiones del país. La cifra más baja de la última década. En ese contexto, el Ejecutivo resaltó la disminución del robo en lugar habitado, la clonación de tarjetas y la sustracción de las gavetas de los cajeros automáticos. De ahí que diputados como Leonardo Soto (PS), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, se mostrara sorprendido con la información. “Creo que establece una simplificación de la realidad chilena que me parece inadecuada, porque produce alarma excesiva”, dijo el legislador.

Su par de RN y también integrante de la instancia parlamentaria Marcela Sabat lamentó el contenido del informe y señaló que “si seguimos un criterio de reciprocidad, y destacáramos solo los aspectos negativos de Estados Unidos, podríamos describir un escenario de atentados, armas y drogas. Sin embargo, entendemos que ello es marginal y no es un peligro para quienes lo visitan”.

En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski, dijo que estos datos pueden afectar la imagen de Chile en el exterior. “Son cosas que sí pasan, pero es la realidad chilena que ellos la simplifican en una carilla”, apuntó.

En contraposición, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, expresó que aunque Chile muestra menores índices de inseguridad que el resto de Latinoamérica, cuatro de cada 10 hogares declaran haber sido víctimas de delitos en los últimos seis meses, lo que aún es alto. “Lo que hace el gobierno norteamericano es recomendar sobre ciertos riesgos de manera preventiva y no vemos que se trate de una opinión discriminatoria hacia nuestro país”, añadió .

Johnson insistió que pese a la buena reputación de Chile, “hay que reconocer que en el caso de portonazos son delitos que están ocurriendo, y parece una buena recomendación prevenirlos”.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito declinaron referirse al tema.