La Subvención Escolar Preferencial (SEP) se entrega a los establecimientos por cada alumno considerado prioritario por su alta vulnerabilidad, para que estudie gratis y se mejore la calidad de su educación. Para ello, los colegios elaboran un plan de mejora y firman un convenio con una serie de obligaciones.

Sin embargo, el Mineduc informó a través de una resolución exenta que 661 colegios dejarán de percibir la SEP precisamente por no cumplir con estos requerimientos. Así, entre las causas figura no rendir los recursos, no cumplir las metas de los planes de mejoramiento, entre otros.

Esto afecta tanto a recintos subvencionados como a municipales. Y, en este último grupo, las comunas de San Bernardo, Cerro Navia, Lampa y Tiltil son las que figuran con más establecimientos que no seguirán recibiendo la SEP.

Al respecto, el Mineduc señaló que “los criterios de renovación son claros en la ley y en los convenios. Los sostenedores deben rendir anualmente a lo menos el 70% de los recursos transferidos, que deben ser utilizados para los fines educativos que establece la ley SEP”.

El uso de la subvención escolar preferencial ha causado polémica anteriormente e incluso llevó a la fiscalía a indagar y a la Cámara a formar una comisión investigadora. “Si la SEP ha sido mal utilizada o no se ha rendido, necesariamente tiene que ser sancionado. Pero quitar estos recursos debe ser bien justificado”, dijo Alberto Robles (PR), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara.

Para Jaime Bellolio (UDI), “el problema es que una causal muy común para no renovar el convenio es la no rendición de los fondos, pero muchos alcaldes con los que he conversado señalan que no saben cuál es la metodología con la cual deben rendir los fondos”.

En ese sentido, el diputado UDI señaló que “lo que están pidiendo los sostenedores es una oportunidad para demostrar que tienen más antecedentes sobre cómo gastaron las platas de la SEP, un espacio para apelar. Está bien castigar cuando corresponde, pero aquí están pagando justos por pecadores”.
Respecto de esto, el Mineduc señaló que “de los 6.220 establecimientos que debían renovar convenio SEP este año, el 90% cumplió adecuadamente con los criterios de renovación. Por lo tanto, la gran mayoría está funcionando adecuadamente con los mecanismos de rendición”.

En tanto, Cristina Girardi (PPD) subrayó que este problema ha escalado. “Por años hemos venido denunciando irregularidades en municipios como Cerro Navia. El Mineduc y la superintendencia tienen la potestad de intervenir y deberían haberlo hecho antes”, aseguró, y agregó que “el responsable en dicha comuna “se libró como quiso”.

La versión de los ediles

En Cerro Navia, 18 colegios perderán la SEP. Su alcalde, Mauro Tamayo (ind.), criticó la actitud del Mineduc por no diferenciar entre las antiguas administraciones y las nuevas. “Yo ni siquiera fui concejal en los últimos cuatro años. No entiendo cómo el ministerio castiga a esta nueva administración sin tener ninguna relación con los fondos mal usados”, aseguró el edil, quien agregó: “Aunque quisiera, es imposible que pueda rendir la SEP, porque se gastó en otros fines. Nunca voy a poder rendirla, porque, efectivamente, se gastó en sueldos y cosas que no correspondían”.

Tamayo aseguró que el déficit actual de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia por concepto de educación asciende a $ 25.000 millones y que, con el objetivo de averiguar en qué se han utilizado los recursos, inició ayer una auditoria financiera. “Por la mala gestión del alcalde anterior se castiga a miles de niños que no va a tener fondos de apoyo. Necesito mejores profesores, mejorar los colegios para los niños y perder la SEP significa $ 2.400 millones menos”, agregó Tamayo.

La alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar (RN), señaló que aún no han sido notificados por el Mineduc de la pérdida de recursos de la SEP: “No sabemos qué ni por qué se rechazó, aún ni siquiera llega la resolución”, dijo la edil.

El Mineduc indicó que “es posible apelar como todo proceso. Dichas apelaciones serán cotejadas por la Superintendencia de Educación para evaluar el cumplimiento de la rendición del uso de recursos”. Pese a ello, los alcaldes señalaron que desconocen que exista esa posibilidad.