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Publicado en Noticias el Miércoles 11 de Mayo, 2016

Suprema cuestiona a Gendarmería por informes de reos de Punta Peuco

Víctor Rivera

Fuente: Suprema cuestiona a Gendarmería por informes de reos de Punta Peuco | Nacional | LA TERCERA

Un duro cuestionamiento a la elaboración de informes de conducta entregados por parte de funcionarios de Gendarmería realizó la Tercera Sala de la Corte Suprema hace dos semanas.

En tres fallos, los magistrados acogieron recursos de protección presentados el año pasado por ex miembros de las Fuerzas Armadas, sentenciados en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, quienes argumentaban que las evaluaciones realizadas por la institución eran irregulares y provocaron que la instancia rechazara entregarles el beneficio a fines de 2015.

Se trata de Alex Ambler Hinojosa, capitán (r) condenado a siete años de presidio por el asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo; Claudio Salazar Fuentes,  ex carabinero sentenciado a presidio perpetuo por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino; y a Conrado Sesnic Guerricabeitia, el ex funcionario de la Armada condenado a cinco años por el secuestro calificado del militante MIR, Rudy Cárcamo.

Estas resoluciones, dadas a conocer el 18 de abril y 2 de mayo, período en que se dieron a conocer las libertades condicionales del primer semestre, advierten que los informes del personal de la institución no fueron prolijos, dado que tras su análisis se descubrió que las conclusiones se repiten en todos los reos del penal que alberga a condenados por violaciones de derechos humanos. “Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la información remitida a la Comisión de Libertad Condicional por parte del Tribunal de Conducta del Centro de cumplimiento Penitenciario Punta Peuco,  en lo tocante a la evaluación sicológica y social del interno (Conrado Sesnic) es insuficiente”, señala la resolución.

Agregaron los magistrados que “toda vez que se trata de un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentran recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere”.

Es por esto que los ministros del máximo tribunal decidió, basándose en un artículo que crea esa comisión que permite la evaluación  de los reos por funcionarios de instituciones públicas, dejó sin efecto el rechazo de su libertad condicional y ordenó ayer que el Servicio Médico Legal realice los análisis sicológicos y sociales, mientras que la Municipalidad de Colina deberá efectuar un estudio social de los internos. Con esto, los jueces quitaron la potestad a Gendarmería de emitir estos informes de conducta.

Una vez que se hayan practicado esas diligencias, según el fallo, la comisión de libertades condicionales revisará nuevamente sus casos y decidirá si les entrega el beneficio penitenciario.

El Ministerio de Justicia está analizando las implicancias que podrían tener estas resoluciones en el proceso de libertades condicionales, dado que este año ningún reo de Punta Peuco obtuvo la libertad.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que estas resoluciones van contra la legislación internacional. “Para nosotros es grave cuando hay fallos judiciales que abren una puerta para que asesinos salgan en libertad. Esto permite para que todos quienes están en Punta Peuco hagan una fila para apelar y pedir salir. Que se permita dejar a estas personas ad portas de la libertad va contra todos los tratados internacionales y es una cosa muy brutal para los familiares”.

En la misma línea, Rodrigo Román, abogado que fue querellante en la causa por el homicidio de los hermanos Vergara Toledo, indicó que “me parece grave esta resolución. Estamos en presencia de uno de los delitos más graves. Lo reprochable no es que se le de un derecho a un sentenciado, sino que se le podría entregar la libertad a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Es una pésima señal, consolidando la impunidad que actualmente impera en Chile”.

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