El proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública establece el traspaso de la administración de los colegios municipales a 67 servicios locales de educación (SLE). En esa línea, señala que se “traspasará, por el solo ministerio de la ley, el servicio educacional que prestan las municipalidades, lo cual comprenderá los bienes inmuebles, recursos financieros y humanos asociados a la prestación de dicho servicio”.

Así se busca dar continuidad al servicio educacional traspasando la infraestructura y equipamiento que hoy utilizan los colegios municipales. Gran parte de las escuelas son edificaciones que eran estatales y que fueron traspasadas a las alcaldías cuando se le quitó la administración de los colegios al Estado. Sin embargo, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), reclama que también existen proyectos que fueron construidos con fondos municipales y por cuyo traspaso el proyecto no contempla ninguna compensación.

“Entendíamos que se iba a distinguir entre aquellos inmuebles que eran del Estado y que fueron entregados a los municipios, de aquellos que fueron construidos con aporte municipal. Pero no hay distinción ni compensación para los proyectos construidos con fondos municipales. Debe haber una compensación de acuerdo al valor comercial de los inmuebles”, aseguró Mario Olavarría (UDI), alcalde de Colina y presidente de la Amuch, quien remarcó que la normativa, como se está planteando, “es inconstitucional”.

La senadora Ena von Baer (UDI) planteó que la situación podría generar problemas. “El tema está en cómo se soluciona qué bienes, que son de la comunidad, que se pagaron con fondos de los municipios, pasen a ser del Estado. Si no se paga una compensación, sería una clase de expropiación de las comunidades locales”, dijo la legisladora.

El senador Andrés Allamand (RN) coincide con ella. “Es una medida inconstitucional e injusta para los municipios que por años realizaron inversiones. Desde el punto de vista legal se trata de una expropiación. Lo que corresponde es que los municipios sean indemnizados por el Estado”, remarcó el senador.

Sin embargo, desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) señalan que “son pocos casos. En una primera revisión no deben ser más de 20. Hay que considerar, además, que es distinto si saco los recursos de un fondo común municipal, de presupuesto regional o financiamiento que viene de alguna manera del Estado. Eso no requiere compensación porque son fondos públicos. Los proyectos levantados con ingresos municipales permanentes, provenientes de patentes e impuestos territoriales, esos sí requieren compensación”, aseguró Gonzalo Navarrete, alcalde de Lo Prado y presidente de la AChM.

El diputado Mario Venegas (DC) dijo que es “un tema que tiene que abordarse” y agregó: “Quedé preocupado tras la comisión, porque pensé que eran menos colegios que cumplen esas características de los que en realidad puede haber. Pueden ser más de los que pensamos”.

Desde la perspectiva del senador Ignacio Walker (DC) “claramente no corresponde ni procede una compensación monetaria. Sería como traspasar recursos de un bolsillo a otro. Toda la estructura del Estado, a través del sistema de financiamiento público, contribuye a las políticas sociales y, por lo tanto, mal puede hablarse de una compensación en circunstancias en que al final es el Estado mismo el que ha hecho las inversiones, ya sea a nivel central, a través del presupuesto de la nación o a nivel local, a través de los municipios”, aseguró el senador también miembro de la Comisión de Educación.

El presidente de dicha instancia, senador Jaime Quintana (PPD), remarcó que se van a necesitar más recursos de los que contempla en general actualmente el proyecto y que una de las aristas que debería contemplar recursos adicionales es precisamente el traspaso de los inmuebles.

Tanto la Amuch y la AChM dijeron que van a recolectar la información de estos casos y elaborar un catastro.