Source: El Mercurio.com – El periódico líder de noticias en Chile

Lilian Olivares 

El ánimo patriótico se enciende en Punta Peuco todos los años en esta época. Apenas los reclusos pasan agosto -y esto sí que es importante ahí, donde el promedio de edad es de 76 años-, comienzan de inmediato a preparar las festividades dieciocheras: embanderan, organizan juegos tradicionales, como el cacho y la rayuela, y otros no tanto, como competencias de ajedrez y tenis.

Esta semana no hubo el movimiento acostumbrado. La pasividad llamó la atención.

Los internos tenían un motivo: “Como están diciendo que esto se cierra, ¿para qué vamos a hacer algo?” El comentario traspasó rejas y módulos. Y la respuesta que recibieron fue: “Sigan con la organización dieciochera”.

Cuestión que el experto en inteligencia que hay al interior de este penal interpretó como que “la noticia de traslado se está desinflando”.

Una noticia que disparó la primera semana del mes pasado la víctima del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana. Después de reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, contó que “ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre”. De ahí a las elucubraciones hubo un solo paso: Que la Mandataria haría el gran anuncio el 11 de septiembre, que ya estaba todo listo… en fin.

En ese clima, cuando solo parecía faltar el anuncio presidencial, “El Mercurio” sondeó puertas adentro, en Punta Peuco, cómo están viviendo los reclusos estas horas decisivas de lo que para muchos de ellos será su última morada.

Aunque por fuera no parece otra cosa que una cárcel, por dentro tiene muchos elementos que lo hacen evocar una residencial de adultos mayores. Muebles raídos (sillones que la familia les ha mandado de la casa o estantes con adornos antiguos), y ese olor de viviendas no ventiladas, pero aseadas por los mismos reos… Un hombre con alzhéimer que demora 40 segundos en ponerse de pie para saludar con cortesía militar. Los pañales para adultos que ingresa la agrupación “Mis camaradas”, que los visita periódicamente y les prepara cajas con abarrotes a los 30 más humildes del penal. Los hijos con aspecto de profesionales que les dan abrazos furtivos a sus padres, las esposas y hermanas que acuden bien vestidas a visitar a los suyos, ya desgastados como los mismos muebles. Un militar que se asoma desde su pieza a pie pelado y ofrece gentilmente su baño, para lo cual tiene que salir su compañero de habitación porque el baño hechizo no tiene puerta.

En una sala, un delgado Álvaro Corbalán (ex CNI) con un encendido pulóver verde conversa animadamente con Miguel Krassnoff, condenado por homicidio, secuestro y torturas. Mientras, el ex brigadier Pedro Espinoza camina a paso tan lento que parece que los años y la vida le pesan.

Las cortinas

Lo que el año 95 era una tremenda infraestructura hecha para poner en prisión al entonces temido Manuel Contreras, ex director de la DINA (recién fallecido), hoy tiene 104 presos. De hecho, en 1996, Contreras ocupaba tres habitaciones: su estar, su dormitorio y su escritorio. Cuando recibía visitas, un ayudante ofrecía café o una infusión con un juego de té de porcelana, ante una pequeña mesa redonda con mantel blanco y con algún grado de protocolo.

Soledad Alvear, que fue ministra de Justicia de Frei Ruiz-Tagle, cumplió con la misión que parecía imposible: poner a Contreras tras las rejas. Y para que el penal estuviera listo cuando se aceleró el fallo condenatorio, hasta le compró las cortinas de baño.

-Yo me constituía los días domingos con una escoba, barriendo la cárcel, sacando escombros, con el director y con el mismo equipo con que trabajábamos con tanto intelecto en la reforma procesal penal. Además de la escoba, fui a comprar las cortinas de baño. Eran horribles, llenas de flores, pero pensé que le iban a gustar…

Alimentación extra

Veinte años después, las cosas son distintas. De partida, ya no hay una guardia militar interna y una guardia perimetral externa de Gendarmería. Ahora la vigilancia está exclusivamente en manos de gendarmes. Son ellos los que revisan, a la entrada, en una pieza privada, con un detector de metales, y abren bolsos para observar lo que hay adentro.

La población penal aquí es diferente. La mayoría de ellos son jubilados, por lo tanto tienen una pensión con la que pueden pagar algunos extras en su alimentación (la comida que reciben en vianda es igual para todos: cazuela, carbonada, lentejas, etc.). Algunos imparten clases de inglés, italiano y alemán. Otros escriben libros. Y algunos reclusos de provincia juntan plata haciendo trabajos de reparación en las piezas.

En Punta Peuco hay cuatro módulos, y desde ahora último un quinto que es un container , donde han llevado a los reos más jóvenes.

Cada módulo tiene un estar que es el punto de encuentro de las habitaciones, que antes eran privadas y ahora comparten de a dos. En los pasillos, cruzados por rejas, los gendarmes vigilan casi sin hacerse notar. Están en todas partes, pero en actitud no invasiva.

Cada módulo tiene un patio. En el sector 1, donde hasta el año pasado había 26 internos, los reclusos sembraron pasto y sobre este instalaron unas carpas para atender a sus familias. Bajo algunos toldos hay cómodas mesas de terraza, algún cuadro colgado, una radio y varios CD con música de los años 60. En otros, apenas una mesa desvencijada con 4 sillas.

Entre ellos hay un trato respetuoso. Aunque recuerdan bien la época de los “mamistas” (fieles a Manuel Contreras) y de los “menistas” (seguidores de Odlanier Mena), el destino común -Punta Peuco- los hizo superar la rivalidad.

 El último reo en llegar

El recluso número 104 llegó la noche del viernes pasado a Punta Peuco.

El ex capitán de Ejército Arturo Silva Valdés se encontraba prófugo hace 23 días, cuando 12 de sus compañeros ingresaron a este penal condenados por el asesinato del químico de la Dina Eugenio Berríos.

Silva Valdés, sentenciado a 15 años y un día, era el único condenado como autor material de homicidio de Berríos

Hasta el año pasado, cuando había 85 internos, 44 eran del Ejército, 8 de la Armada, 4 de la Fuerza Aérea, 23 carabineros, 2 gendarmes y 4 de la PDI. Ahora los detectives aumentaron a 22.

El reo más anciano es Enrique Ruiz Bunguer, con 90 años. Ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, considerado uno de los máximos responsables de la formación y funcionamiento del llamado Comando Conjunto, que operó desde 1973 hasta 1978 y se centró en la persecución de los miembros del MIR.

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“Queremos apelar a la Ley Zamudio”, dicen, porque se sienten discriminados

“No tiene las variables criminológicas desarrolladas”.

Es la sentencia que les pena, en muchos casos más que sus condenas, a los internos de Punta Peuco.

Lo cuentan ellos. Se refieren a quienes han cumplido 10 años en prisión y que apelaron a la libertad condicional, pero “permanentemente la rechazan”.

“Significa que, según el sicólogo, uno no se ha arrepentido del crimen cometido. Es la excusa que han encontrado para que no podamos hacer uso de este derecho”, dicen.

Una situación similar, aseguran, ocurre con los condenados a cadena perpetua y que han cumplido 20 años presos. Pero, comentan, el ex oficial militar Carlos Herrera Jiménez que lleva 27 años preso sí reconoció su crimen y lo hizo a través de TVN, donde pidió perdón a la familia del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado con cinco tiros y luego degollado: “Es cierto, señor Jiménez… yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal causaba mucho daño a los chilenos”.

Están convencidos, los internos, que sea cual fuere la ley, a Herrera jamás le darán un beneficio. “No sería bien visto por las organizaciones de derechos humanos”, expresan.

Se les ocurrió mandar una carta a la presidenta del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, para pedirle que los visitara. Les contestó -relatan- que los incluiría en las visitas carcelarias de fin de año. Ellos insistieron. Y entonces vieron llegar a tres abogados que envió Fríes. “Se reunieron con nosotros un día entero. Constataron las denuncias nuestras”. Luego regresaron dos abogados con el informe que hicieron.

El informe del Instituto de Derechos Humanos parte indicando que las condiciones generales en Punta Peuco no las posee “ningún otro establecimiento penitenciario del país que el INDH haya visitado”.

Luego repara en las faltas de adecuación de las instalaciones básicas en los baños para las personas de la tercera edad, puesto que no existen barras de seguridad ni asientos adecuados.

Lo que califica como un problema crítico es que Punta Peuco no cuenta con programas de resinserción y que tampoco se aplican programas de educación y psicosociales.

En cuanto al régimen interno, constatan buena convivencia. Y consignan que los internos se consideran “presos políticos” y que manifiestan que “nosotros no somos delincuentes”. Deja constancia que los reclusos se sienten discriminados debido a la baja tasa de beneficios penitenciarios otorgados y a la negativa de concederles permisos especiales.

El informe concluye con varias recomendaciones, entre las cuales se menciona: realizar las adecuaciones en infraestructura para la tercera edad y personas enfermas; modificar la política de rechazo sistemático de permisos especiales y beneficios intrapenitenciarios, y establecer criterios claros y transparentes sobre la calificación de la nómina que se envía al Comité de Libertad Condicional.

Tras esa respuesta, dicen los internos, “ahora tenemos claro que haremos valer la Ley Zamudio porque somos discriminados”.

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“Los 60 cupos de Colina 1 serían para los que van a seguir cayendo”

Hace algunos días, el cardenal Jorge Medina hizo misa en Punta Peuco.

Cada cierto tiempo visitan a los internos el padre Raúl Hasbún y el ex vicario de la Solidaridad entre 1976 y 1979, Cristián Precht, ex vicario de la Solidaridad, actualmente suspendido del ejercicio público por una denuncia de abuso.

Quienes mejor se mantienen tras las rejas de Punta Peuco son los que se afirman en la fe católica. Ellos construyeron una gruta en uno de los patios, para rezarle a la Virgen.

Otros están usando tácticas aprendidas en sus ramas para vivir el día a día, no sentirse prisioneros y estar en permanente actividad intelectual.

Es así como organizaron una comisión que se ha dedicado a darles seguimiento a los casos judiciales y a llevar un registro de procesos y condenas, que suman varias vidas.

También analizaron a fondo el tema del posible fin de Punta Peuco y su consecuente traslado. “Pensamos que si hay que irse a Colina 1 no tenemos más que hacerlo. Pero el escándalo sería grande. En Colina 1 hay 60 cupos. Se dice que serían para los que van a seguir cayendo”.

También han escuchado que Punta Peuco no podría cerrarse frente al déficit de cárceles. Y que los gendarmes no querrían cambiar a esa población penal de ancianos por delincuentes, porque piensan que al mes van a usar los catres para hacer estoques, y “no quieren cambiar a gente educada por delincuentes”.

Hay un aspecto que sí les preocupa: “Si nuestras familias fueran a visitarnos a Colina 1, en la misma fila de las visitas correrían peligro”.

Saben que cuando se creó Punta Peuco se firmó el decreto 580 del 14 de junio de 1995 que recalcó las necesidades de una cárcel diferente, en su “considerando”, señala: “Que el régimen penitenciario es incompatible con todo privilegio o discriminación arbitraria y sólo considerará aquellas diferencias exigidas por políticas de segmentación, encaminadas a la readaptación social y a salvaguardar la seguridad del procesado y condenado, y de la sociedad. Y la necesidad que exista un establecimiento penitenciario que reúna especiales condiciones de seguridad, que asegure la integridad física y síquica de las personas que permanecerán en él, a quienes debe prestarse dicho tratamiento en atención a la particularidad de sus condiciones personales”.