Source: El Mercurio.com – El periódico líder de noticias en Chile

José Joaquín Suzuki Vidal 

“Obviamente, no se han agotado todas las diligencias, ya que el mismo juez dio un plazo para investigar de ocho meses”, fue una de las frases que dijo a la prensa la fiscal Tania Mora, el jueves de la semana pasada, luego de conocer la resolución del Noveno Juzgado de Garantía, el cual -después de 19 jornadas de alegaciones- determinó las medidas cautelares de nueve de los 17 imputados en el denominado caso Basura; entre ellos, los alcaldes de Maipú y de Cerro Navia, Christian Vittori y Luis Plaza, respectivamente.

El juez Juan Carlos Silva no accedió a la prisión preventiva solicitada para los ediles y tres imputados más -el concejal de Maipú Marcelo Torres; la administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, y el empresario Lorenzo Pérez- y los dejó con firma semanal o mensual y arraigo nacional.

Pero también, en su resolución, criticó algunas de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para sostener las imputaciones -asociación ilícita, lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y soborno-, diciendo que estas “pueden ser válidamente controvertidas en un juicio oral”.

Doble contratación

Por eso, ahora la Fiscalía Metropolitana Occidente se concentrará en reunir más antecedentes que sostengan la imputación de estos hechos, como en el caso de Morales, a quien se le atribuyó el delito de malversación de caudales públicos, ya que entre 2010 y 2014 estuvo contratada a honorarios como asesora de la Secretaría de Planificación (Secpla) de Colina.

Según el Ministerio Público, se sustrajeron caudales públicos de dicha alcaldía por $49 millones, “con el consentimiento de funcionarios públicos de dicho municipio encargados de los mismos”, mediante celebración de contratos.

Justamente, esta comuna sería una de las que se comenzarán a indagar, tanto para tomar declaraciones como posibles formalizaciones. Entre los que serían llamados a testificar están el secretario Carlos García Lecaros (secretario municipal) y Mario Olavarría (alcalde), quienes firmaron los decretos a través de los cuales se contrató a Morales.

El primer atisbo, durante la audiencia, sobre esta comuna fue entregado por la fiscal Mora, quien argumentó que la supuesta organización ilícita “ha emprendido una nueva alianza territorial en la comuna de Colina”, donde funcionarios de Maipú y Cerro Navia trabajaban para esa alcaldía.

Además de Morales, otro involucrado según la fiscalía sería César Vidal, actual director de desarrollo comunitario de Cerro Navia.

Otro de los problemas que se deberán enfrentar con el delito imputado a Morales sería que Silva en su fallo determinara que la “conducta no se ajusta al tipo penal de malversación de caudales públicos”, lo que haría necesaria una reformalización por otro tipo penal.

Lo próximo: el 8 de septiembre se formalizará al concejal de Maipú Antonio Neme, por el posible delito de cohecho. Este debería haber estado en la audiencia que acabó esta semana, pero por problemas médicos se decidió fijar otro día.

Después de eso, algunas defensas podrían solicitar la separación de la investigación en distintas aristas, para así poder distinguir, por ejemplo, los hechos de cohecho en la licitación de la basura en Maipú con las eventuales irregularidades en concursos de Cerro Navia.

Igualmente, el siguiente enfoque de la causa dependerá del nuevo fiscal regional Occidente, ya que Huerta debe salir de su cargo en enero de 2016. El concurso se abre en noviembre.

Designación
El futuro del caso dependerá del nuevo fiscal regional Occidente.