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?Aunque el gobierno está empeñado en frenar las alzas de las tarifas eléctricas para los clientes regulados, entre ellos los residenciales, éstas de todas maneras mostrarán incrementos, que la próxima década podrían llegar hasta a 19%.
esa es la estimación que la consultora Systep realizó en su más reciente informe del mercado, donde sostiene que aunque la modificación al sistema de licitaciones que impulsa el gobierno sea exitosa, los clientes deberán convivir con precios más altos.
“Una mejora en el mecanismo de licitaciones representa una reforma al corazón del mercado eléctrico. Si la reforma se ejecuta de forma eficiente, y se alcanza la meta propuesta del gobierno, las tarifas BT1 (residenciales) subirán al año 2025 en un rango de entre 11% y 19%, respecto de 2013, dependiendo de la distribuidora. El costo de no hacer una buena reforma, es que los consumidores tendrán alzas mayores”, dice la firma ligada al académico Hugh Rudnick.
Una de las metas de la Agenda de Energía es reducir en 25% los precios de los contratos regulados, pasando de US$ 129 por MW/h a US$ 98 por MW/h.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha reiterado que desde 2010 las cuentas de luz han subido 20%, y que de no mediar cambios, en la próxima década se incrementarán otro 34%. Hacia fines de este año las cuentas subirán entre 6% y 8%, dijo en junio el secretario de Estado.
Atribuciones de la CNE
Aunque en el sector privado valoran la reforma a las subastas, les preocupan las mayores atribuciones que se le otorgan a la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Systep sostiene que debería crear se una agencia “licitante” independiente, garantice a los privados un proceso técnico-económico libre de exposiciones al ciclo político.
Al respecto, René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, señaló que el rol propuesto para la CNE, sobre todo en la elaboración de las bases de estos concursos, abre espacios para mayor discrecionalidad.
“La contraparte que va a ser la CNE, en vez de las distribuidoras, abre a nuestro juicio más injerencia de una mayor discrecionalidad en la administración de una relación que antes era entre distribuidoras y suministradores y generadores e, involucra a nuestro juicio, una situación no enteramente resuelta de qué pasa cuando la energía que se necesita para abastecer a los regulados, no está sujeta a contratos”, dijo.
Coincide Sebastián Pizarro, que representa a las firmas de pequeño y mediano tamaño (con capacidad instalada menor a 200 MW), quien sostiene además que ampliar el límite para que los clientes libres opten a ser regulados de 2 MW a 10 MW podría provocar problemas al sistema.
“El mercado puede llegar a ser un 80%-85% de clientes regulados -hoy es el 70%-, lo que implica sumar unos 5.000 GW adicionales. Eso hay que abastecerlo, y en el escenario actual es imposible que se cumplan las condiciones que se piden”, dijo Pizarro.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, descartó de plano el proyecto que ya está en trámite legislativo aumente la discrecionalidad.
“La CNE tiene toda las competencias, historia y tradición para desarrollar procesos de alta expertise técnica. Hay un cuestionamiento infundado al rol que pueda desarrollar un organismo técnico para determinar cómo funciona el mercado”, dijo hace unos días.
GENERADORAS: ESTRECHEZ HASTA 2020
A juicio de Sebastián Pizarro, presidente del gremio que reúne a las pequeñas y medianas generadoras, el diagnóstico del gobierno para reformar el sistema parte de un error: “el problema es que hemos tenido una sequía de seis años y también que no se pueden construir proyectos”, dice. Estima que lejos de promover la competencia que, sostiene, “ya existe en el mercado”, la nueva regulación afectaría directamente a las empresas de menor tamaño, que hoy tienen el 20% de la capacidad instalada del SIC, con unos 4.000 MW. Asimismo, indica que la baja de precios sólo se logrará si las bases de licitación recogen las inquietudes de los inversionistas, pues el mercado seguirá estrecho, al menos, hasta 2020. El proyecto de reforma a las licitaciones ingresó a mediados de agosto al Congreso, y hoy está siendo analizado por la comisión de Minería y Energía de la Cámara.
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