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[box type=”box” width=”300″ template=”Normal” align=”right” color=”blue”]TOBALABA.- Tras el accidente de 2008, que quitó la vida a 13 personas, el aeródromo de Tobalaba restringió en 30% sus operaciones aéreas. El mismo recinto, que ha sido sofocado por el crecimiento urbano, fue clave en el envío de ayuda humanitaria tras el terremoto de 2010, lo que demostró, según la DGAC, su valor estratégico.[/box]Hace 50 años, el entorno del aeródromo de Tobalaba estaba conformado por chacras, zonas agrícolas y algunas casas patronales que poco anticipaban su imagen actual.

Hoy, la zona está completamente urbanizada con casas, comercios y calles, y el aeropuerto permanece, para algunos, como un recinto molesto y hasta peligroso. Basta recordar el accidente del 27 de febrero de 2008, cuando un avión cayó en una multicancha cercana a la pista, en Peñalolén, y quitó la vida a 13 personas.

Este contraste de Tobalaba se repite en una gran cantidad de recintos aéreos del país. Un estudio realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) muestra que Chile vive una situación preocupante y crítica. Buena parte de los terminales aéreos enfrenta un crecimiento urbano desmesurado en su entorno, además de actividades agrarias que ponen en peligro la aproximación de aviones (por las bandadas de aves que vuelan por cielos que deberían estar despejados) y no cuentan con buenos sistemas de conectividad con las ciudades.

Así, por ejemplo, el estudio menciona al aeropuerto El Loa, de Calama, que está ampliando el edificio terminal y la pista, pero que enfrenta la instalación cercana de un “bosque” de generadores eólicos, que dificultan algunas aproximaciones de aviones. Además, las poblaciones instaladas tras el cierre de Chuquicamata se aproximan a la zona del aeropuerto.

Un caso emblemático incluido en el análisis es La Florida, en La Serena. Ahí, el crecimiento de barrios en la zona ahogó las posibilidades de extender la pista hasta márgenes más seguros que los actuales, por lo cual cada día cobra más fuerza la construcción de un nuevo recinto en Tongoy.

Lo mismo ocurre en el aeropuerto Mataveri, de Isla de Pascua, que está siendo rodeado por el pueblo de Hanga Roa.

El informe también identifica como “críticos” los aeropuertos El Tepual de Puerto Montt, Carriel Sur de Concepción (rodeado hoy por viviendas y una autopista) y Arturo Merino Benítez de Santiago, que tiene restricciones de funcionamiento por el ruido que genera en una población aledaña y además enfrenta la inminente instalación de nuevas viviendas cercanas, tras la aprobación del nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100).

Arturo Merino Benítez cerrará una pista y la segunda tiene restricción de uso por ruidos.

“La infraestructura aeronáutica es un bien escaso, de gran valor, lenta de reponer y esencial para darle sustentabilidad al crecimiento de la actividad aérea, tan necesaria para la economía del país”, explica el secretario general de la DGAC, Ricardo Gutiérrez. Para resolver el problema, la institución recomienda incluir en los fondos sectoriales del MOP unos US$ 373 millones para expropiar 659 hectáreas en el entorno de Arturo Merino Benítez, ubicadas al norte, oriente y poniente del recinto, además de la reubicación de la vialidad existente, con el objetivo de asegurar la expansión del aeropuerto.

También la entidad -que mañana organiza un seminario para abordar el tema- sugiere hacer cambios legales para resolver de raíz el problema.

Directrices

Esta solución normativa la recoge una de las primeras medidas que toma el comité interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, conformado por los secretarios de Estado de Obras Públicas, Vivienda, Transportes y Bienes Nacionales.

El jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Pablo Contrucci, adelanta que se dará carácter de vinculante a los nuevos planes maestros aeroportuarios. Estos instrumentos incorporarán zonas de ampliaciones y restricción para el crecimiento de los aeropuertos, mapas de ruido y planes de transporte en los instrumentos de planificación territorial de las comunas que cuenten con recintos aéreos.

Ello irá acompañado, de acuerdo con Contrucci, de obras de infraestructura de apoyo, que no intervienen con el crecimiento ni la seguridad de los recintos. “Un buen ejemplo es el aeropuerto de Barajas que, posterior a su ampliación, generó un centro de exposiciones y convenciones, un parque empresarial y un proyecto inmobiliario residencial de alto estándar”, afirma.

Con la idea concuerda el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), Jaime Binder. “Estos planes son vinculantes con el perímetro afectado para generar una armonización entre el aeropuerto y las ciudades. Estos planes directivos deben fijarse por ley. Chile necesita continuidad en sus servicios aéreos y pocas restricciones”, asevera el especialista.

 Estrategia

La idea acordada por los ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio contempla la aplicación de planes maestros aeroportuarios.

Estos instrumentos estarán incluidos en los planes reguladores junto a mapas de ruido y programas de transporte. En conjunto actuarán sobre el aeropuerto y su entorno para garantizar su seguridad operativa.