vía Proyecto de ley sobre gestión y traslado de Carabineros | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

EL GOBIERNO anunció una serie de cambios en la institucionalidad que regula al Ministerio del Interior, con el fin de ejercer una mejor supervisión en Carabineros, tanto en la evaluación de los planes de seguridad que implementa la institución, como en lo relativo al traslado de personal policial. Los ejes centrales del proyecto parecen consistentes con el espíritu de la ley que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y radicó allí la dependencia de Carabineros. Los perfeccionamientos de esta institucionalidad resultan legítimos, en la medida que se resguarde el criterio de que las decisiones relativas al personal de Carabineros y la forma como se articulan los planes operativos de la policía respondan a criterios eminentemente técnicos.

En los fundamentos del proyecto de ley se indica que si bien la dictación de la norma que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública -mediante la Ley 20.502- fue un avance sustancial, la norma no estableció clara y precisamente las modalidades e instrumentos de gestión a través de los que se puede interactuar con las fuerzas de orden y seguridad, determinando ahora que dichas potestades quedarán radicadas en la Subsecretaría del Interior. El cambio propuesto no deja de ser llamativo, pues la ley actualmente ya entrega al Ministerio del Interior la función de velar por la mantención del orden público y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes de seguridad pública. Los fundamentos del proyecto no abundan en justificar la necesidad de que estas funciones se radiquen directamente en la subsecretaría, aunque cabría esperar que la dependencia directa y natural en este aspecto se diera respecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por lo que es deseable que una vez que este proyecto entre en debate legislativo se profundice en sus fundamentos.

Parece perfectamente razonable que desde el gobierno central se dicte una política global de seguridad y prevención del delito, y las instituciones policiales se ordenen en función de dichos lineamientos. Las medidas de control de gestión que deberá realizar la subsecretaría podrían, asimismo, ayudar en mejorar una serie de procesos en Carabineros, introduciendo grados de control adicionales que, bien orientados, pueden ser valiosos.

Uno de los puntos que requieren mayor precisión tiene que ver con la distribución del personal policial a lo largo del país, en especial porque esta iniciativa también implica aumentar la dotación en 6.000 carabineros en un plazo de cuatro años. En el mensaje del proyecto se busca introducir criterios más bien de equidad, “en especial de quienes se sienten más desprotegidos y alejados de las decisiones”. Se debe poner especial cuidado en este punto, porque las destinaciones de personal policial no deberían atender principalmente a razones de “equidad”, sino que a una rigurosa evaluación, que supone considerar los focos delictuales, el tamaño poblacional y otra serie de aspectos de indudable complejidad. El traslado de personal es hoy una materia cuya decisión recae principalmente en Carabineros, y el hecho de que la autoridad busque conocer y participar más activamente en los criterios que fundan esas decisiones puede ayudar en dicha gestión. Sin embargo, todo este proceso debe ser técnico y, en tal sentido, el proyecto debería contener resguardos adicionales para asegurar que el personal policial siempre será distribuido en función de donde más se necesite desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.