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El proyecto de ley enviado por la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso el 25 de abril pasado, no sólo apunta a aumentar la dotación de Carabineros en 6.000 hombres. También propone que la policía uniformada informe de manera semestral su gestión a la Subsecretaría del Interior, lo que anteriormente estaba a cargo del ministerio del ramo.
El texto legal enviado por el Ejecutivo asegura que “resulta absolutamente natural que la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no se traduzca sólo en un paso, desde el Ministerio de Defensa Nacional al nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sino que este traslado debe significar el reconocimiento del claro lugar de esas funciones y en la unificación de las facultades y criterios sobre el tema en esta última Secretaría de Estado”.
Los alcances del proyecto de ley no dejaron indiferentes a miembros activos y en retiro de la policía.
Entre los puntos abordados en el documento se propone, además, que Carabineros remita cada seis meses informes a la subsecretaría encabezada por Mahmud Aleuy. Asimismo, el proyecto de ley plantea que -de aprobarse la iniciativa- se puedan “introducir medidas de control de gestión básicas, como las de solicitud de informes para adoptar medidas relativas al orden público y seguridad pública interior (…) y estrategias de control de gestión que puedan introducir posibilidades de conocimiento y evaluación sobre destinaciones, programas, políticas y presupuesto”, dice el documento.
El general (R) de Carabineros Fernando Cordero, que hasta 1997 dirigió la policía uniformada, dijo que las medidas anunciadas “son muy negativas para la institución”. Sobre el primer punto, Cordero dijo que dificulta la labor policial, “porque muchas veces el general director tiene que tomar decisiones y resoluciones importantes. El subsecretario no tiene capacidad de maniobra para resolver los problemas de una institución tan grande e importante como Carabineros”.
El senador de RN Alberto Espina dijo que “el ministro del Interior es a quien le corresponde llevar las políticas de gobierno vinculadas con orden público y seguridad ciudadana (…), alterar esa norma es un error”. Respecto de los informes que la policía debe enviar al gobierno, Espina dijo que “hay un límite muy riesgoso, que es que esto se transforme en decisiones de orden político que afecten la autonomía que tienen las policías para realizar sus secciones operativas y que empiece el factor político a tomar preeminencia por sobre las decisiones técnica, policial y operativa”.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado DC Gabriel Silber, las medidas propuestas “hacen eco de una demanda ciudadana, que es una equitativa distribución de la fuerza pública. Hay una sensación en la opinión pública respecto de que los tiempos de respuesta en la zona oriente no son los mismos que en las zonas vulnerables”.
A través de un comunicado, la Subsecretaría del Interior explicó que “lo que se propone no es un cambio de dependencia, sino más bien una definición más acotada de las capacidades de gobierno y gestión del trabajo policial”.
Respecto de la destinación de personal, agregaron que “consideramos relevante avanzar en mejores mecanismos de coordinación para conocer los indicadores utilizados para definir esta distribución. El programa de gobierno fue claro en que el compromiso del Ejecutivo es aumentar la seguridad de todos y poner especial énfasis en aquellos que más lo necesitan”.
Ejecutivo anuncia revisión de cambios en la encuesta de victimización
Se cuestiona la eliminación de 91 preguntas y cambios en el cuestionario.
por Felipe Díaz
La Subsecretaría de Prevención del Delito iniciará un análisis sobre los cambios que se introdujeron en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). El objetivo de este ejercicio es determinar si estas modificaciones pudieron afectar la comparación de los resultados del instrumento.
Los cambios, realizados en los años 2011 y 2012, fueron la eliminación de 91 preguntas y la modificación del manual del encuestador. Se indicó que estos cambios, según la subsecretaría, no fueron con- sultados con otros expertos del área.
El subsecretario Antonio Frey indicó que “hemos decidido convocar a un consejo de expertos, transversal, para que nos ayude y apoye en la tarea constante de crear un sistema de evaluación de las políticas públicas en seguridad”.
En la cita también estuvo presente la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, quien señaló que, “no se trata de decir si una cifra es errónea o no, pero cuando se habla de credibilidad hay varios elementos”.
Entre las preguntas eliminadas están: ¿Cuántos fueron los responsables?, ¿en qué momento del día ocurrió (el delito)?, ¿por qué motivo realizó la denuncia? y ¿fue contactado por la fiscalía?
El ex subsecretario de la cartera Cristóbal Lira dijo que “esta es una discusión tardía, que se tuvo en 2012 y la opinión fue unánime, que todas las correcciones a la ENUSC no tenían ninguna implicancia en el valor del instrumento. Esto lo único que busca es ser oportunista”.
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