La semana pasada, la Contraloría rechazó dos modificaciones para cambiar el uso de suelo actualmente de rural a urbano en ciertas zonas de Pudahuel, y que permitiría destrabar dos grandes iniciativas inmobiliarias en la comuna a través de Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC).

Se trata de Ciudad Lo Aguirre, cuyo titular es el empresario Juan Hurtado Vicuña -ligado a Consorcio y Entel- y Urbanya, cuyo inversionista mayoritario es el grupo Santa Cruz -controladores de Empresas Lipigas, Pesquera El Golfo y ABC DIN-, quien también participa con la familia Yaconi en este proyecto, destaca Patricio Herman, arquitecto y presidente de la fundación Defendamos la Ciudad.

El primero proyecto considera una inversión en torno a los US$2.000 millones, a ser desarrollado en cerca de dos mil hectáreas, en donde la idea es levantar más de 20 mil casas, 27 colegios y 16 canchas de fútbol en el valle de Lo Aguirre.

La otra iniciativa, en cambio, se busca desarrollar en un predio de 700 hectáreas en El Noviciado, al poniente del aeropuerto Arturo Merino Benítez, y contempla una inversión menor ( en torno a los US$1.300 millones). Aquí se proyectaba otra miniciudad de 17.000 viviendas y 70.000 habitantes.

Ambos proyectos fueron presentados en 2008 y fue el Consejo Regional Metropolitano quien aprobó que estos grandes terrenos rurales pudieran convertirse en paños aptos para iniciativas habitacionales, bajo la norma de Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC).

Si bien en ese momento ambos proyectos fueron objetos de varias mitigaciones, fueron las mismas empresas las que oficialmente anunciaron el inicio de las obras para ese mismo año. De las 19 mitigaciones establecidas por las autoridades, los desarrolladores cumplieron con 18 de ellas, por lo cual continúa pendiente la aprobación de la vialidad.

Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, aseguró que esta decisión del órgano controlador -de rechazar el cambio de uso de suelo en ciertas zonas de Pudahuel, y que deja en vilo ambas iniciativas- es una decisión correcta.

“La Contraloría no ha podido darle curso porque -lamentablemente para sus titulares- no están acorde al reglamento contenido en el Plan Regulador de Santiago. Esto reglamento es muy claro en termino de obligaciones de los proyecto, me refiero a las compensaciones sobre el sistema vial. Todo está relacionado con las nuevas obras de vialidad”, afirmó.

Además, Herman, quien ha representado a la fundación en reiteradas ocasiones presentando acusaciones contra los proyectos ante el organismo contralor,  explicó que el modelo de negocio tras estos proyectos no es netamente inmobiliario, sino también especulativo respecto del valor del suelo.

“Si la Contraloría les hubiese tomado razón de estos proyectos automáticamente los terrenos, sin obligación de construir inmediatamente, se transforman en urbanos y su valor se multiplican veces”, dijo, agregando que actualmente la legislación no permite la construcción de proyectos inmobiliarios fuera del límite urbano a excepción de viviendas cuyo valor no supere el definido por la autoridad.

A pesar de esta determinación, los titulares podrían ingresar estos proyectos nuevamente para que se modifique el uso de suelo.

“Si bien los han presentado varias veces, no tendría sentido que lo volvieran hicieran. Basta pensar que antes eran tres iniciativas, pero el proyecto Enea de Endesa España no continuó”, remató.

Lo cierto es que Endesa decidió cambiar el modelo de negocios, con lo cual los terrenos donde proyectaron construir 27 mil viviendas comenzaron a destinarse a inicitivas industriales.

A pesar de la larga controversia entre los privados y el Estado, el alcalde de Pudahuel, Jonny Carrasco, ha mantenido su apoyo a ambos desarrollos.

“Soy defensor de los proyectos, porque permiten que los sectores público y privado se hagan responsables de que la ciudad se desarrolle en términos armónicos y compensados, lo que hoy es altamente necesario”, explicó tiempo atrás el alcalde.