vía Políticas públicas para enfrentar la persistente sequía | Opinión | La Tercera Edición Impresa.

DE ACUERDO con los reportes de la Dirección Meteorológica, el período comprendido entre 2003 y 2013 ha sido la década más seca para la zona central desde que se llevan registros, donde la cantidad de precipitaciones ha disminuido casi en 40% respecto de los promedios históricos. Distintos modelos climatológicos sugieren que esta situación tenderá a asentarse en los años venideros, por lo que el país debe asumir esta realidad de forma prioritaria, que supone una estrategia global que apunte al desarrollo de obras que permitan el almacenamiento de agua, el uso de tecnologías eficientes de riego y promover hábitos de consumo responsables en la población.

Los efectos de la sequía se han dejado sentir con fuerza en actividades agrícolas y ganaderas, los embalses se han visto resentidos, mermando con ello la capacidad de generación hidroeléctrica y de riego, y varias localidades del país deben ser alimentadas con camiones aljibe para asegurar el suministro a la población. Son efectos palpables de la escasez hídrica y que difícilmente podrán ser superados en el corto plazo, aun si lloviera por sobre el promedio, ya que el déficit en lluvias tardaría años en ser superado.

A pesar de la fuerte disminución que, en promedio, registran las precipitaciones, la cantidad de agua disponible aún es significativa. De hecho, el país registra una cantidad de aguas pluviales per cápita que supera el promedio mundial, pero, como han revelado distintos informes, más del 80% de las aguas que fluyen por los ríos no se utilizan y van a dar directamente al mar. Es inexplicable no aprovechar mejor ese potencial, en especial cuando hay una mayor demanda de agua y el clima ha mostrado un gradual aumento de la temperatura promedio. Todo ello ha llevado a que la disponibilidad per cápita de agua se haya reducido a lo menos en 10% en la última década, antecedentes que deben ser tomados en cuenta para el diseño de políticas públicas.

Es un avance que tanto el anterior gobierno como la actual administración hayan puesto relevancia en la construcción de embalses. Se ha diseñado cerca de una veintena de proyectos, y la Comisión Nacional de Riego maneja una serie de iniciativas para mejorar y hacer más eficiente la infraestructura destinada al riego. Sin embargo, el tema de la sequía y el uso eficiente de las aguas no parece estar dentro de las prioridades de los gobiernos. La nominación de un delegado para los recursos hídricos por parte de la Presidenta Bachelet debe ser valorada -anteriormente, el Presidente Piñera había nombrado una comisión presidencial asesora-, pero dichos esfuerzos serán insuficientes si no cuentan con un respaldo político decisivo y se asumen como una política de Estado.

Las soluciones al acuciante problema del agua deben responder a criterios técnicos, que apunten a dar señales correctas para su uso eficiente, y sobre la base del respeto a la institucionalidad que rige en el país. Algunas voces apuntan a la necesidad de “nacionalizar” las aguas -en circunstancias que la Constitución ya las considera como un bien nacional de uso público-, revocando derechos de aguas ya entregados si fuere necesario y entregando al Estado facultades más discrecionales. Adoptar ese modelo constituiría un retroceso que, además de abrir un flanco de conflicto con quienes hoy detentan legítimos derechos, introduciría ineficiencias en su uso y se aleja de lo que debe ser el centro de cualquier política, que es optimizar a toda escala la utilización del recurso hídrico.