por G. Sandoval
La Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que deriven de la falta de fiscalización, que redundó en que se superaran los niveles de arsénico en el agua potable de la comuna de Lampa.
“La entidad no cumplió a cabalidad la función de fiscalizar a las empresas sanitarias Novaguas S.A. y BCC S.A. desde su puesta en operación -años 2007 y 2009, respectivamente-, en relación con exigirles la observancia de la normativa vigente sobre el contenido de arsénico en el agua potable distribuida a los usuarios”, concluye el organismo, que añade que la entrada en explotación ocurrió “aun cuando no cumplían con la normativa, ni contaban con la autorización de adecuación gradual otorgada por el Ministerio de Salud”.
Además, Contraloría observó que desde la superintendencia no se aplicaron sanciones desde esa fecha al año 2011, aun cuando se verificó que excedían el límite señalado y que, una vez iniciados los procesos sancionatorios, “estos se originaron considerando la presencia de un nivel de arsénico en el agua potable distribuida por las aludidas concesionarias superior al máximo que les era exigible”, afirma la entidad.
Consultada al respecto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios declinó referirse al tema, aludiendo a que el sumario instruido por Contraloría se encuentra en curso. Por su parte, las sanitarias BCC S.A. y Novaguas S.A. informaron en un comunicado que “desde junio de 2013 a la última fecha que registran las estadísticas oficiales, los índices de calidad del agua potable que proveen ambas empresas se han mantenido invariablemente dentro de las normas vigentes, y bajo una fiscalización permanente de los organismos competentes”.
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